“El acuerdo del PSOE y Junts infringe el principio de independencia judicial”

Francisco Guerrero (Sanlúcar la Mayor, Sevilla, 64 años) es desde 2012 juez decano de la capital andaluza y el pasado martes convocó a los magistrados a sumarse a la concentración contra el acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Junts. Guerrero defiende que lo hizo por el riesgo que implica el pacto para la independencia judicial y la división de poderes, a pesar de que la prote...

Francisco Guerrero (Sanlúcar la Mayor, Sevilla, 64 años) es desde 2012 juez decano de la capital andaluza y el pasado martes convocó a los magistrados a sumarse a la concentración contra el acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Junts. Guerrero defiende que lo hizo por el riesgo que implica el pacto para la independencia judicial y la división de poderes, a pesar de que la protesta sucedió al día siguiente de trascender que la proposición de Ley de Amnistía había excluido el aspecto más polémico del acuerdo político, el lawfare, la persecución judicial por motivos políticos.

Pregunta. ¿Por qué cree que la independencia judicial y la separación de poderes peligra con el acuerdo PSOE-Junts?

Respuesta. Porque hace una valoración en términos políticos de una intromisión en la actuación de los jueces que infringe el principio de independencia judicial. Los jueces solamente tienen que estar sometidos al imperio de la ley y no a los dictados de acuerdo de contenido político. Al establecer comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre la actuación judicial, se realiza una intromisión en la labor del juez, quebranta el principio de división de poderes, claramente.

P. Usted denunció una desconfianza en los jueces.

R. Esas situaciones dan una apariencia de judicialización de la política que no es lo que buscamos los jueces. Nosotros pedimos tranquilidad, sosiego y neutralidad para resolver con arreglo a los principios establecidos en la ley. Es bastante simple lo que estamos diciendo: el ciudadano tiene que ser consciente de la neutralidad del juez, el cual va a resolver su caso según sus derechos y libertades. Nuestra pretensión no es meternos en política, pero el ciudadano tiene que ser respetado y tener la conciencia de que el juez actúa bajo principios de imparcialidad y neutralidad.

P. La Comisión de Ética Judicial del Poder Judicial recomendó hace dos meses sopesar cómo serían percibidas por la opinión pública las concentraciones de jueces ¿Lo ponderó usted al recomendar la del martes pasado?

R. Llevo desde 1984 en la carrera judicial y he mantenido mi neutralidad en el ámbito social, jamás he asistido a un mitin de partidos políticos ni nada, porque afecta a mi independencia y apariencia de neutralidad, y eso lo voy a mantener. Esto era un supuesto distinto, era una concentración para defender principios básicos de la Constitución, la independencia judicial y la división de poderes.

P. ¿Por qué esta concentración no rebasaba las limitaciones de la comisión ética?

R. Estas manifestaciones defienden la independencia judicial, pero cuando hay acuerdos de contenido político que tienen trascendencia de futuro, esto motivó la reacción de las asociaciones judiciales y muchos, prácticamente todos, entendimos que había que dar una visualización mayor a ese contenido que no un mero comunicado. Y tuvo trascendencia, como así se ha visto por el Consejo, el Tribunal Supremo, las salas de gobierno y los presidentes de audiencias provinciales. El momento precisaba esa visualización.

P. Ese momento que menciona… ¿Cuál es la temperatura de la sociedad?

R. En el ámbito de los profesionales del derecho, de preocupación. La sociedad responderá, para eso están los medios de comunicación y la libre formación de la opinión pública.

P. ¿Ve usted los ánimos demasiado crispados?

R. No. Veo que se está aplicando el Estado democrático de Derecho, las cosas llevarán su ritmo y la Ley de Amnistía tendrá su desarrollo parlamentario y su desarrollo de aplicación, ya veremos cuáles son los términos.

P. ¿Supone una invasión en el Poder Legislativo las manifestaciones de los magistrados?

R. No.

P. ¿Por qué?

R. Porque hay respeto institucional. Si se fija en los comunicados asociativos, simplemente se recuerda el principio básico de la Constitución. Yo como decano entiendo que hay distintas sensibilidades, sobre todo jurídicas. Por eso no hubo juntas de jueces, no vamos a someter a votación criterios políticos y jurídicos que no afectan al uso cotidiano de esta actividad judicial.

P. Pero usted sí que dio un paso adelante.

R. Bueno, con ayuda también de las asociaciones. Mi actividad ha sido fundamentalmente logística, aparte de expresar también la preocupación.

P. Pero entiende que resulte llamativo que un juez decano dé ese paso adelante.

R. Estoy acostumbrado a que en mi partido judicial me conozcan, pero no quiero personalizar. Yo entendí que debían participar, si querían, profesionales del mundo del Derecho aparte de jueces, fiscales y letrados.

P. Su comunicado rechazaba las referencias a la judicialización de la política. ¿Cuáles serían las consecuencias?

R. La desconfianza del ciudadano en sus jueces, porque debe tener la tranquilidad de que resolverán sometidos únicamente al imperio de la ley, no a situaciones ajenas. La seguridad jurídica es fundamental. Los problemas que se plantean en el ámbito jurisdiccional deben tener una respuesta de acuerdo con la ley, y no otra.

P. Usted ha insistido en que su llamada a movilizarse está motivada porque el pacto supone un ataque a principios fundamentales ¿De qué manera estarían en riesgo?

R. Si yo admito que la actuación judicial se ha realizado por criterios políticos y si admito que haya comisiones de investigación en sede de parlamentaria, es evidente que se desconoce que el juez actúa con independencia. Y se está desconociendo que en la vía jurisdiccional existen remedios para solucionar cualquier resolución del juez por la vía de los recursos. Entonces, desconoceríamos la independencia judicial y la separación de poderes. Toda esta situación daría lugar a que el ciudadano desconfiara del Poder Judicial porque este diría: ‘Ni es independiente ni actúa sometido exclusivamente al imperio de la ley, y además está controlado por el Parlamento’.

P. Tras comprobar el lunes que la proposición de Ley de Amnistía del PSOE no incluía referencias al lawfare ¿Cree que se precipitaron?

R. Los tiempos políticos son unos y nuestros tiempos son otros. Nosotros no vamos a responder sistemáticamente a esos tiempos políticos porque no tenemos nada que ver con la política, pretendemos ser neutrales

P. ¿Se rompe la neutralidad de los jueces cuando las cuatro asociaciones de magistrados se posicionaron en contra antes incluso de que se presentara la ley?

R. Bueno, nosotros nos referimos en su momento a un acuerdo político de evidente trascendencia pública. Vivimos en sociedad. Nosotros y los profesionales del derecho no vivimos ajenos y no podemos estar con los tiempos... ahora se dice una cosa y después se dice otra. O se dice lo mismo, pero ya no se dice. Nosotros expresamos nuestra preocupación en ese momento. Digamos que la existencia de esos términos [como lawfare] están ahí.

P. Pero lo relevante es la proposición de la ley.

R. Esa propuesta de ley seguirá su trámite parlamentario, se aprobará o no se aprobará en los mismos o distintos términos y luego tienen su aplicación.

P. ¿Por qué cree que en el texto final no aparecen esas referencias?

R. No lo sé, creo que por técnicas jurídicas, sobre todo en el ámbito de la exposición de motivos.

P. ¿Pudo tener que ver la unanimidad en las quejas del mundo jurídico?

R. Puede, sí, ha habido acuerdos de la permanente del Poder Judicial, salas de gobierno de Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, de jueces decanos...

P. ¿Considera que la justicia es de derechas?

R. No, ni siquiera sociológicamente. En la carrera judicial hay un porcentaje altísimo de mujeres que aprueban la oposición y la procedencia social o económico-social es muy diversa. Lo importante es que el juez, cuando ingresa en la carrera judicial, mantenga una posición de neutralidad y aspire a ser independiente y a conservar una apariencia de persona neutra. Y que resuelva los problemas de los litigantes sin ninguna otra connotación que no sea el estudio de caso concreto, la prueba y la aplicación del derecho.

P. ¿Ha mostrado usted alguna preocupación pública por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace casi un lustro?

R. No.

P. ¿La quiere hacer ahora?

R. Una de las soluciones sería que los jueces eligieran el grupo de jueces y en vía parlamentaria al resto.

P. ¿Hay alguien a quién culpar de ese bloqueo?

R. Parece que son todos, todos los que ahora mismo podrían designarlos.