Cospedal testificará el 28 de noviembre por las supuestas presiones a un abogado de Bárcenas

El juez también ha citado a declarar el mismo día al comisario jubilado Villarejo

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la ex ministra María Dolores de Cospedal, este lunes, en un acto contra la amnistía en Madrid.FERNANDO ALVARADO (EFE)

El juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha llamado a declarar como testigo el próximo 28 de noviembre a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, en una línea de investigación del caso Villarejo. El magistrado ha fijado esta citación después de que lo instase la Sala de lo Penal. Esta parte de las pesquisas —bautizadas como Pieza 36— ...

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El juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha llamado a declarar como testigo el próximo 28 de noviembre a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, en una línea de investigación del caso Villarejo. El magistrado ha fijado esta citación después de que lo instase la Sala de lo Penal. Esta parte de las pesquisas —bautizadas como Pieza 36— se centra en una supuesta trama para presionar a uno de los primeros abogados de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, para evitar que el extesorero popular difundiera más información sobre la corrupción del PP, tras la publicación, en enero de 2013, de los papeles de Bárcenas por parte de EL PAÍS, que revelaban la caja b de la formación. El 28 de noviembre también se ha citado como testigo al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, había rechazado con anterioridad tomar declaración a Cospedal, por considerarlo innecesario. A su entender, el testimonio de la exministra de Defensa no iba a permitir avanzar en las pesquisas, ya que su nombre simplemente aparece mencionado en unas grabaciones intervenidas en la causa, donde se recogen conversaciones de terceras personas —audios protagonizados por los investigados: el abogado José Luis Moreno Cela, su clienta Mónica Gil Manzano y el empresario Juan Ramón Díaz Moro, según el sumario—.

Frente a este criterio, la Sala de lo Penal argumentó que, en las grabaciones que obran en la causa, “tres personas investigadas aluden a un supuesto encargo por personas vinculadas al PP de servicios dirigidos a la obtención de informaciones relativas a Bárcenas, imputado [entonces] en un procedimiento penal, y a su abogado defensor en este procedimiento, Gómez de Liaño, que pudieran ser utilizadas para presionar a ambos y evitar que pudiesen difundir datos comprometedores para ese partido”. “Hechos de los que las conversaciones pueden constituir un indicio” y sobre los que Cospedal “podría aportar información relevante” a la investigación si ha participado realmente en esos encuentros, según subrayó la Sala.

Además de a Cospedal, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional instó a citar a Villarejo y a los abogados José Aliste y Óscar Jiménez de la Rubia. Aliste es el único al que el magistrado García-Castellón llama a declarar como imputado.

El letrado y exjuez Gómez de Liaño, que defendió a Bárcenas entre 2013 y 2015, solicitó la declaración de Cospedal al ser “aludida” en los audios bajo sospecha. Esta Pieza 36 discurre de forma paralela al caso Kitchen, en el que la Audiencia Nacional ya concluyó que la cúpula del Ministerio del Interior puso en marcha a mediados de 2013 una operación policial para espiar al extesorero y arrebatarle presuntamente documentos comprometedores sobre dirigentes de la formación. Por este despliegue se encuentran procesados, entre otros, el exministro Jorge Fernández Díaz, hombre de confianza del expresidente Mariano Rajoy; Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; Eugenio Pino, entonces máximo responsable de la Policía; y otros comisarios e inspectores jefes del Cuerpo, como el propio Villarejo. La Fiscalía Anticorrupción sospechaba que en esa actuación irregular participó Cospedal como secretaria general de los populares, pero García-Castellón y la Sala de lo Penal lo descartaron y circunscribieron el caso a Interior.

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