El Poder Judicial se moviliza en Europa contra la amnistía

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace casi cinco años, ha dado este viernes un paso más en su batalla contra la amnistía a los encausados del procés y el pacto firmado entre el PSOE y Junts per Catalunya el jueves en Bruselas. El órgano de gobierno de los jueces ha enviado a Europa la declaración contraria a la medida de gracia aprobada el pasado lunes por el pleno y el texto suscrito ayer por la co...

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace casi cinco años, ha dado este viernes un paso más en su batalla contra la amnistía a los encausados del procés y el pacto firmado entre el PSOE y Junts per Catalunya el jueves en Bruselas. El órgano de gobierno de los jueces ha enviado a Europa la declaración contraria a la medida de gracia aprobada el pasado lunes por el pleno y el texto suscrito ayer por la comisión permanente, que califica de “inadmisible” la referencia que hace el acuerdo entre los socialistas y el partido de Carles Puigdemont al lawfare (la posible existencia de persecución judicial a miembros del independentismo). El CGPJ ha remitido ambos textos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la vicepresidenta del Gobierno comunitario, Vera Jourova; al comisario de Justicia, Didier Reynders; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, así como a la presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia, Dalia Vasariene.

Los textos enviados a la última entidad citada (de la que forman parte los órganos de gobierno del Poder Judicial de los Estados miembros de la UE que cuentan con una institución de este tipo) se acompañan de un escrito en el que el CGPJ alerta de “los graves episodios de ataque al Estado de derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial que se están viviendo en España” en torno a la investidura de Pedro Sánchez. “Con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno de España, el actual presidente del Gobierno en funciones ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad por diversos delitos, entre ellos delitos de corrupción. Asimismo, el pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes”, señala el escrito.

El encargado de enviar los textos y autor de la misiva es el vocal José María Macías, propuesto por el PP para formar parte del órgano y uno de los más activos contra el Gobierno de Sánchez. “En opinión del CGPJ, dichos pactos, tanto por su finalidad como por su contenido, suponen la abolición del Estado de derecho en España y un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes”, añade el escrito, que se acompaña de la declaración institucional acordada el pasado lunes por el pleno del órgano ―con nueve votos a favor del sector conservador, cinco en contra del ala progresista y el voto en blanco del presidente suplente del Consejo, Vicente Guilarte―, donde el CGPJ advierte de que la aprobación de una ley de amnistía supondrá la “abolición” del Estado de derecho en España. El órgano ha enviado también el texto aprobado el jueves en una sesión extraordinaria por la Comisión Permanente, donde el órgano expresa su “frontal oposición” a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto lawfare y anticipa que actuará por “los cauces legalmente establecidos”.

La decisión de elevar a Europa sus denuncias llega después de que los jueces, fiscales y el propio CGPJ salieran ayer en tromba contra la referencia al lawfare que introduce el acuerdo firmado por el PSOE y Junts. Las cuatro asociaciones de jueces más representativas, incluida la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, remitieron un comunicado conjunto en el que muestran su rechazo por esta referencia y por “las consecuencias” que pueda tener la incorporación en el acuerdo del concepto lawfare, un término que se usa para definir la persecución judicial por razones políticas. Las tres asociaciones de fiscales difundieron también, por separado, notas de rechazo a la inclusión de este término en el acuerdo, mientras que el presidente suplente del CGPJ reunió de urgencia a su comisión permanente para pronunciarse sobre el texto. Fuentes socialistas aclaran que el acuerdo no contempla crear comisiones de investigación en el Congreso para detectar casos de lawfare, sino solo constituir las comisiones ya acordadas con los independentistas en la negociación de la Mesa del Congreso.

Las reacciones de los operadores judiciales han seguido extendiéndose este viernes. Unos 80 jueces decanos de toda España, incluidos los de Barcelona, Lleida, Girona, Madrid o la Audiencia Nacional, se han sumado al rechazo expresado por todas las asociaciones judiciales a la parte del acuerdo entre el PSOE y Junts que contempla la posibilidad de investigar si ha habido persecución judicial contra líderes independentistas. “Mostramos igualmente nuestro rechazo por las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias”, dice el escrito de los jueces. Otros organismos, como el Colegio de Abogados de Madrid, han emitido también notas similares.