¿A qué comunidades irán los migrantes trasladados desde Canarias? Andalucía, destino de uno de cada cuatro

Uno de cada cuatro migrantes trasladados desde Canarias a la Península tras el repunte migratorio registrado durante en las islas será acogido en Andalucía, según datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. De un total de más de 8.700 plazas que se prevé abrir en la Península hasta el 10 de diciembre, más de 2.200 se localizan en esta comunidad autónoma, la más poblada de España. El cómputo, en cualquier ca...

Uno de cada cuatro migrantes trasladados desde Canarias a la Península tras el repunte migratorio registrado durante en las islas será acogido en Andalucía, según datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. De un total de más de 8.700 plazas que se prevé abrir en la Península hasta el 10 de diciembre, más de 2.200 se localizan en esta comunidad autónoma, la más poblada de España. El cómputo, en cualquier caso, varía cada día según se organizan los espacios y las derivaciones. Esta cifra no incluye las camas que podrán instalarse en los cuatro cuarteles en desuso que ha cedido Defensa ante la emergencia y que, en principio, deben alojar a unas 3.000 personas. El número de personas que podrán ser acogidas en propiedades militares no está cerrado, pero según adelantó EL PAÍS, dos de estos terrenos se encuentran en la Comunidad de Madrid, que acabará siendo uno de los principales destinos de las derivaciones desde las islas. Los otros dos se encuentran en Sevilla y Cartagena (Murcia). Todas estas plazas se suman a las 4.500 de la red de atención humanitaria que ya estaban disponibles en la Península antes de la emergencia declarada en Canarias.

Tras la andaluza, la principal autonomía receptora será Cataluña, con uno de cada cinco migrantes trasladados (unos 1.685), seguida de la Comunidad Valenciana (18%, unos 1.575 migrantes) y Extremadura (1.024). Por provincias, la que más migrantes acogerá será la de Valencia, con unos 880, seguida de Almería (unos 850), Badajoz (unas 845), Barcelona (unas 835), Girona (unas 770), Málaga (unas 465), Alicante (unas 450), Madrid (unas 425) y Cádiz (unas 400). Castellón, Granada, Huesca, Murcia, Pontevedra y Valladolid recibirán menos de 400 y más de 200 Los migrantes se alojarán fundamentalmente en hoteles, hostales, albergues, centros de acogida o campamentos.

El archipiélago canario está viviendo un repunte de llegadas sin precedentes. En lo que va de año ya se han contabilizado en torno a 29.000 desembarcos, la mitad de ellos en este mes de octubre. La red de acogida de las islas está reforzada desde el último pico migratorio (2020-2021), pero es insuficiente para el ritmo actual de entradas. Por ello, el Gobierno en funciones ha decidido trasladar a los recién llegados a la Península y ofrecer una acogida humanitaria básica en todo el territorio. El compromiso con la comunidad autónoma canaria, según dijo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es que no haya más de 6.000 personas acogidas en el archipiélago.

Las derivaciones, aunque son evidentes desde hace semanas y se está trasladando a miles de migrantes, son un asunto del que el Ejecutivo no ha querido hacer publicidad. El número de traslados no es público, así como tampoco lo es el número de plazas de alojamiento que se están abriendo en la Península. Por un lado, porque son datos que varían cada día, pero por otro porque la consigna interna entre ministerios es que se trate este tema con discreción. Las críticas del PP a cuenta de estos traslados y la falta de información sobre ellos han acabado poniendo el foco en una estrategia que se sigue en otros países de entrada con territorios periféricos, como la isla de Lampedusa, en Italia.

La discreción en este asunto se explica también porque el Ministerio del Interior no es partidario de facilitar el tránsito desde las islas al continente y mucho menos de publicitarlo. Considera que hace la ruta más atractiva, un criterio que comparten las fuerzas de seguridad. Pero la estrategia de mantener a los migrantes y refugiados en Canarias ya se ensayó en 2020 y 2021 y tuvo como resultado el hacinamiento en campamentos, un enorme malestar social y brotes racistas y violencia contra los extranjeros. El Gobierno canario, dirigido por Coalición Canaria y el Partido Popular, es partidario de la estrategia de derivación para aliviar la presión en las islas.