Hace cuatro meses, cuando fue investida alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá aseguró, tajante: “Ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género”. La regidora había logrado el bastón de mando por mayoría simple al ser el PP la fuerza más votada el 28-M, con 13 de los 33 concejales del consistorio. Su intención era sacar adelante un mandato en min...

Hace cuatro meses, cuando fue investida alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá aseguró, tajante: “Ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género”. La regidora había logrado el bastón de mando por mayoría simple al ser el PP la fuerza más votada el 28-M, con 13 de los 33 concejales del consistorio. Su intención era sacar adelante un mandato en minoría con pactos puntuales con Vox como socio preferente. Pero la resistencia de Catalá ha durado solo 118 días: los ultras, con sus cuatro ediles, exigían imponer sus postulados e impedían la gobernabilidad. El viernes, la regidora tuvo que aceptar su entrada en el equipo de gobierno de la tercera ciudad de España, el principal pacto municipal de ambas formaciones.

El 17 de junio, el PP consiguió las alcaldías de Valencia, Sevilla, Zaragoza, Palma, Alicante, Albacete, Castellón, Huelva, Cáceres, Huesca, Segovia y Ceuta, donde los populares fueron el partido más votado el 28 de mayo pero por mayoría simple. El problema ha venido después, ante la necesidad de alcanzar acuerdos para sacar adelante los presupuestos y otras iniciativas. En la mayoría de ayuntamientos, Vox es el socio preferente. Y en ciudades como Valencia o Sevilla, la extrema derecha opone resistencia a aprobar medidas de los populares cuando no se aceptan sus condiciones. Estas convulsiones han desembocado en Valencia en una nueva coalición de PP y Vox, que se suma a las de otras capitales de provincia como Burgos, Valladolid, Toledo, Guadalajara y Ciudad Real, donde los populares fueron la segunda fuerza y, con ayuda de los ultras, arrebataron la alcaldía al PSOE, el partido más votado.

Entre las iniciativas acordadas por el PP y Vox en diferentes administraciones de toda España donde gobiernan en coalición están la eliminación de consejerías y concejalías de igualdad, la retirada de banderas LGTBI, la censura de obras de teatro y películas infantiles por cuestiones ideológicas, la supresión de carriles bici y el incumplimiento de las zonas de bajas emisiones. También han elegido perfiles negacionistas del cambio climático y de la violencia de género para presidir Parlamentos como los de la Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón; y se han aumentado subvenciones a la tauromaquia, se han ampliado cotos de caza, eliminado leyes de memoria democrática y clausurado oficinas dedicadas a perseguir la corrupción y promocionar la transparencia.

“La tensión con Vox va a ir a más. Aunque Vox tensa, romper, no rompe”, advierte un veterano senador popular. La ejecutiva nacional del PP descarta que Vox se haya coordinado para torpedear los gobiernos del PP a los que prestan apoyo externo, y atribuye los tira y afloja en las diferentes administraciones a que a Vox se le están descontrolando los cargos que ficharon por aluvión.

El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha permitido la entrada de Vox en Valencia esta semana después de haber reconocido hace unos días que las coaliciones suscritas en los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y de Extremadura y en unos 140 ayuntamientos de toda España le habrían costado unos “10 diputados” en las elecciones generales del 23-J.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, enmarcó este viernes en la “estabilidad del día a día” el acuerdo de coalición de Valencia, y no quiso extenderlo a otros consistorios donde su partido gobierna con turbulencias, como el de Sevilla. Además de las corporaciones locales, el PP gobierna junto a Vox en las comunidades de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Murcia. Un partido para el que, según su líder, Santiago Abascal, el Estado autonómico supone un “destructivo gasto ideológico” y “se ha convertido en un enemigo de la pluralidad, las libertades de España y la igualdad de derechos”. En Baleares, la presidenta Marga Prohens fue investida gracias a un acuerdo programático con Vox, que sí entró en los consells insulares de Mallorca y Menorca.

La política lingüística en Baleares ha propiciado esta semana el último gran desencuentro entre PP y Vox, que ha mandado un aviso a navegantes impidiendo la aprobación del techo de gasto de los primeros Presupuestos de Prohens. Varias voces del PP sostienen que, para evitar “desestabilizar” gobiernos como el balear, los acuerdos de investidura han de cumplirse punto por punto, aunque supongan un trágala. Pero no están dispuestos a cruzar determinadas líneas. “Esto de convertir el presupuesto en documento ideológico de Vox, pues no”, se queja un presidente autonómico del PP. Otras fuentes achacan los obstáculos de los ultras a que el partido de Abascal se encuentra en “horas bajas” y “busca titulares” para recuperar el foco después de haber pasado de 52 a 33 diputados en el Congreso.

El abrupto estreno de sus gobiernos de coalición tras el 28-M en Comunidad de Valencia y Extremadura y más de 140 ayuntamientos provocó una reacción en las elecciones generales del 23-J de la que el PSOE fue el gran beneficiado con un millón más de votos que en su victoria en las legislativas de 2019. El contenido polémico de los acuerdos movilizó al electorado progresista y dejó noqueado a Feijóo, que ganó las elecciones el 23-J pero sin posibilidad de formar una mayoría parlamentaria. La última concesión en el Ayuntamiento de Valencia, con la entrada de los ultras en el Gobierno, se suma al espacio ya cedido a Vox hace cuatro meses, cuando el PP multiplicó su poder territorial mediante pactos en los que asumió como propios postulados de la extrema derecha, y a la sucesión de medidas que se han ido adoptando desde entonces en los distintos consistorios y Ejecutivos autonómicos.

“Hablan ustedes de votos por sillones. ¿Por cuántos votos de la extrema derecha que niega la violencia machista han comprado ustedes alguno de sus sillones para ser presidente o presidenta autonómicos?”, recordó el jueves Juan Espadas, el portavoz del PSOE en la comisión general de comunidades del Senado. Seis de los 11 presidentes autonómicos del PP están condicionados en el día a día por Vox, como reflejan las medidas aprobadas o aún sobre la mesa de sus gobiernos desde que el presidente valenciano, Carlos Mazón, dio el pistoletazo de salida a los pactos con los ultras. “Me gustaría dar las gracias al presidente Mazón, gracias a él estamos en este debate, porque gracias a su nerviosismo e impetuosidad cerró un acuerdo rápido de gobierno con Vox, con la extrema derecha”, ironizó el senador Enric Xavier Morera (Compromís).