Sánchez recibe el aval de los sindicatos a su política de distensión en Cataluña con una amnistía

Los sindicatos han vuelto a erigirse en uno de los puntales del Gobierno de coalición y en particular de Pedro Sánchez. El presidente en funciones cuenta con el aval de UGT y Comisiones Obreras a su política de distensión en Cataluña mientras Ferraz y La Moncloa siguen guardando un silencio férreo sobre los pormenores de la amnistía a los encausados del procés que Junts y ERC exigen a cambio de permitir la investidura del...

Los sindicatos han vuelto a erigirse en uno de los puntales del Gobierno de coalición y en particular de Pedro Sánchez. El presidente en funciones cuenta con el aval de UGT y Comisiones Obreras a su política de distensión en Cataluña mientras Ferraz y La Moncloa siguen guardando un silencio férreo sobre los pormenores de la amnistía a los encausados del procés que Junts y ERC exigen a cambio de permitir la investidura del secretario general del PSOE, que tiene de plazo hasta el 27 de noviembre. De lo contrario, el 14 de enero habrá repetición de elecciones por tercera vez desde 2016.

La decisión de Sánchez de iniciar la ronda de contactos precisamente con los representantes de los trabajadores, con una cuidada puesta en escena y la certeza de contar con el respaldo sindical a su estrategia para resolver la crisis política y territorial de Cataluña, le ha servido además para contraponer la distancia que le separa de Alberto Núñez Feijóo. La reunión que los líderes del bipartidismo han mantenido horas después en el Congreso ha vuelto a constatar el desencuentro entre los responsables del PSOE y del PP sobre la gobernabilidad de España. Al igual que hizo Sánchez, ahora es Feijóo el que no facilitará la investidura del actual presidente del Ejecutivo.

“Nuestro país tiene que hacer una perspectiva de cómo ha evolucionado desde 2017 hacia aquí un conflicto político y social de muchísima enjundia que se generó en Cataluña y en el conjunto del país, y que en nuestra opinión debe continuar abordándose en una perspectiva que no puede ser ni principal, exclusiva ni estrictamente penalista y punitivista. Creemos que hace falta que la política juegue un papel como lo ha jugado en este último tiempo: hemos conocido los indultos, las modificaciones del código penal que han devenido en una situación bien distinta tanto social como política en Cataluña. Creemos que por esa línea hay que seguir”, ha afirmado Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras tras la reunión que ha mantenido junto a su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, durante cerca de dos horas con Sánchez en la sede del PSOE. “Para nosotros es fundamental que con un gobierno presidido por Sánchez o cualquier otro gobierno hay que continuar la línea que nos permita que la situación y el clima en Cataluña continúe mejorando y que nos permita desarrollarnos de manera mucho mejor que en el pasado y hoy. En ese camino que se inició con los indultos, que tienen otro punto importante con el cambio en el Código Penal, creemos que hay que seguir avanzando”, le ha secundado Álvarez.

La posición de los sindicatos sobre una amnistía contrasta con la de la patronal, o al menos con la de parte de los empresarios: Sánchez se verá con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el miércoles. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la patronal española, ha mostrado su rechazo rotundo a una amnistía: “Estamos en contra de amnistiar y borrar delitos y de que políticos amnistíen a políticos borrando delitos”. “Nosotros no tenemos amnesia. Tenemos los mismos valores constitucionales que tiene esta organización. Otros sí han cambiado”, abundó el vicepresidente de la CEOE, que llegó a ironizar con que “se podrían amnistiar multas de tráfico, parquímetros o pequeñas deudas con Hacienda”. “Tengo la sensación de que hay personas a las que la democracia les pone nerviosas (...) No tenemos por qué ir a posiciones extremas, ni a pensar que se acaba mañana el mundo porque haya una mayoría en el Congreso que en el marco de la Constitución, porque no puede ser en otro marco, tome medidas que políticamente necesita el país para seguir avanzando”, le ha replicado el secretario general de UGT.

La prioridad de los sindicatos, que ya instaron en verano a la movilización de la clase trabajadora a votar opciones progresistas el 23-J para evitar un Gobierno del PP con Vox, es en todo caso que la agenda social sea el “vector central de la legislatura” y así se lo han trasladado al presidente el funciones. Los líderes de UGT y Comisiones Obreras han puntualizado que el objetivo que tenían era que el presidente en funciones conociera la hoja de ruta de sus demandas sociales, como la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral o la mejora de la contratación a tiempo parcial. Álvarez y Sordo han subrayado que no esperan que sus reivindicaciones, como que el salario mínimo sea siempre el 60% de sueldo medio y así se refleje en el Estatuto de los Trabajadores, como el PSOE se ha comprometido en su programa electoral, no “estén cerrados” en el programa de gobierno entre socialistas y Sumar. “Es evidente que eso tiene que ser fruto del dialogo social”, ha observado el secretario general de UGT; “no hemos hablado de ningún aspecto concreto que vaya estar en el programa”, ha dejado claro.

Ronda de conversaciones

El encuentro, al que también ha asistido la vicesecretaria general socialista y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, es el primero de la ronda de conversaciones que el candidato a la presidencia del Gobierno, que recibió el encargo de Felipe VI el 3 de octubre tras la investidura fallida de Feijóo, mantendrá durante la semana con todos los grupos parlamentarios salvo Vox y con organizaciones sectoriales. Sánchez se ha reservado para el viernes, el día después de la fiesta nacional, las imágenes más incómodas: la reunión con las portavoces de EH Bildu y Junts, el partido de Carles Puigdemont, de quien depende que sea investido.

El PSOE sigue entretanto sin desvelar los detalles de la amnistía que estaría pactando con los partidos independentistas, que la exigen a cambio de permitir la investidura de Pedro Sánchez. La portavoz de la dirección socialista y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, ha subrayado este lunes que 57 diputados de los 350 que tiene el Congreso “están planteando esta cuestión”, en alusión a la amnistía, y por lo tanto no lo circunscribe a los 7 diputados del Junts: en este grupo incluye a los 31 de Sumar, 7 de ERC, 6 de EH Bildu, 5 del PNV y 1 del BNG.

“No aprobaremos nada que no sea constitucional. Nunca lo hemos hecho, por tanto máxima tranquilidad”, ha afirmado Alegría tras la reunión de la ejecutiva federal, que ha aprobado el calendario de primarias en País Vasco y Galicia, donde el próximo año se celebrarán elecciones autonómicas. “Eso sí, las medidas que se adopten van a ir en consonancia con las políticas que llevamos realizando desde 2017. Políticas de reencuentro, políticas de convivencia, pero siempre políticas enmarcadas dentro de la Constitución. Esa es nuestra línea de trabajo, que venimos demostrando desde 2017″.

“Tuvimos que adoptar medidas complicadas, complejas, que claramente han sido beneficiosas en aras a ese reencuentro y esa convivencia de Cataluña con España y de España con Cataluña. Esa es la dirección que vamos a seguir adoptando y por la que vamos a seguir caminando pero siempre dentro del ámbito de la Constitución”, se ha referido a la concesión de los indultos a los líderes del procés en 2021 y la derogación del delito de sedición y la reforma del de malversación en 2022

Frente a las preguntas sin respuesta sobre la amnistía, el PSOE sí es tajante en su rechazo a comprometerse a la celebración de un referéndum de autodeterminación como también demandan ERC y Junts. “Son los propios catalanes los que han rechazado esta fórmula de manera muy mayoritaria. Todos tenemos que aprender conclusiones de la Cataluña de 20217. Las fórmulas que permiten seguir ahondando en la división y en la falta de acuerdos y consensos no son fórmulas válidas para este nuevo tiempo que estamos viviendo y afrontando”, ha zanjado Alegría.

El PSOE tampoco parece desgastarse ante la presión contra la concesión de la amnistía. La víspera miles de personas se concentraron en Barcelona, convocados por Sociedad Civil Catalana, bajo el lema No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación. La Guardia Urbana calculó la asistencia en 50.000 personas; los organizadores, en 300.000. “Se ha producido una manifestación sobre algo que todavía no se ha producido, hubo un intento claro de politización de esta manifestación por parte de la derecha y la ultraderecha. No cumplió las expectativas, fue bastante menor a otras en Cataluña, que reclama convivencia y reencuentro; no es casualidad que el PSC haya sido el más votado [el 23-J]”.