El veto a los nombramientos discrecionales del CGPJ deja ya 85 vacantes en la cúpula judicial

El retraso de casi cinco años en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ―por la resistencia del PP en este tiempo a pactar con el PSOE― y la prohibición legal ―avalada este lunes por el Tribunal Constitucional― de que, mientras teng...

El retraso de casi cinco años en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ―por la resistencia del PP en este tiempo a pactar con el PSOE― y la prohibición legal ―avalada este lunes por el Tribunal Constitucional― de que, mientras tenga el mandato vencido, este organismo realice nombramientos discrecionales ha ido dejando en la cúpula judicial un reguero de sillas vacías y de puestos ocupados de forma interina. Según datos del órgano de gobierno de los jueces, son ya 84 las vacantes que se acumulan entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores autonómicos y las audiencias provinciales. Dentro de una semana serán 85, porque el 9 de octubre está prevista la jubilación forzosa del presidente de la Audiencia Provincial de Castellón. Esta cifra representa el 42,5% de los alrededor de 200 altos cargos cuya designación depende del pleno del CGPJ.

El Tribunal Supremo es el órgano más afectado, ya que todos sus magistrados son designados de forma discrecional, por lo que cada juez que se jubila, fallece o renuncia deja un puesto sin cubrir. Ya están vacías 23 de sus 79 plazas. La sala más diezmada es la Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), la encargada de resolver los recursos contra decisiones del Gobierno, el Congreso, el Senado o del propio Consejo General del Poder Judicial, que tiene sin cubrir 12 de sus 33 plazas; la Sala Cuarta (de lo Social), competente para los pleitos entre trabajadores y empresas, acumula seis vacantes (de un total de 13 puestos), mientras que las bajas en lo Militar ascienden a tres (de ocho plazas) y las de lo Civil (que debería tener 10 jueces) y lo Penal (con 15 plazas) tienen cada una un puesto vacío.

En el resto de órganos, los puestos vacantes no se traducen en sillas vacías, pero sí en altos cargos que siguen ejerciendo con el mandato caducado o presidencias de altos tribunales que son ocupadas de forma interina por otros magistrados. “Unos tienen el derecho a dejar un cargo para el que se comprometieron por un tiempo determinado y al que ahora están atados y otros han accedido a un puesto que no han buscado solo para no dejar al tribunal tirado las la jubilación de un compañero. El Poder Judicial no puede funcionar así”, ilustra el presidente de una audiencia provincial cuyo mandato expiró hace meses.

Al margen de los 23 puestos sin cubrir del Supremo, los demás órganos judiciales acumulan 61 altos cargos vacantes: uno en la Audiencia Nacional, 36 en tribunales superiores de justicia y 24 en audiencias provinciales (25 a partir del próximo día 9). La situación afecta ya a las 17 comunidades autónomas, desde las nueve vacantes que suma Andalucía (entre ellos la presidencia del TSJ y de las audiencias provinciales de Sevilla, Málaga, Huelva, Jaén y Cádiz); a las ocho de Castilla y León (incluidos los presidentes del tribunal superior y de las audiencias de Burgos, Ávila, Zamora y Palencia); y plazas relevantes en todas las comunidades, como los presidentes de los TSJ de Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja y Murcia.

El aval del Tribunal Constitucional a la ley veta los nombramientos al actual CGPJ aleja cualquier posibilidad de solucionar la situación por otra vía que no sea la renovación del órgano de gobierno de los jueces. “Esto es un barco sin rumbo, hay que enderezarlo ya”, advierte un magistrado del Supremo, para quien la salida más directa es la dimisión en bloque de todos o parte de los vocales que quedan en el CGPJ. “Es casi una obligación moral, no queda otra”, insiste este juez. Esta opinión es compartida por otros miembros del Supremo consultados, aunque algunos ponen el foco en el Congreso y el Senado para que convoquen las votaciones de los candidatos que ya hay propuestos, la solución por la que también ha apostado la Sala de Gobierno del alto tribunal cuando se ha pronunciado al respecto.

Las asociaciones judiciales no han querido este lunes valorar la decisión del Constitucional a la espera de conocer los argumentos recogidos en la sentencia y en los votos particulares, pero todas comparten que, una vez acordado que la ley que prohíbe los nombramientos es constitucional, hay que renovar el Consejo de forma inmediata. Y suman un argumento a favor del desbloqueo: el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo cierra cualquier opción de modificar el sistema de elección de los jueces antes de renovar el órgano de gobierno, como pedía el PP. “Es evidente que ya no va a haber modificación de la ley orgánica en ese sentido, por lo que los presidentes de las dos Cámaras tienen que convocar la votación”, señala María Jesús del Barco, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora y la mayoritaria de la carrera.

Del Barco, para quien la división en bloque de los vocales del CGPJ no garantizaría “a estas alturas” la renovación obligada del órgano, entiende que la prioridad ahora es formar Gobierno, pero advierte que el desbloqueo del Consejo no puede seguir esperando “a otras elecciones, a un cambio de mayorías o a que se produzca el cambio en el sistema de elección de los jueces”.

“Renovación inmediata”

Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), que aglutina al ala progresista de la carrera, hace un llamamiento para que la renovación se produzca de forma “inmediata”, en la actual legislatura, aunque Pedro Sánchez no consiga formar Gobierno y haya que ir a nuevas elecciones. “Que fracase la investidura no impide a las Cortes renovar. Sería un acto de responsabilidad el que se convocaran las votaciones en ambas Cámaras”, señala su portavoz, Edmundo Rodríguez, que pide “lealtad institucional”, en referencia, sobre todo, al PP, cuya resistencia ha impedido hasta ahora desbloquear el CGPJ. “La decisión del Constitucional confirma que un órgano constitucional caducado no puede tener otras funciones que las indispensables para seguir funcionando. Se ha acabado el tiempo que la Constitución le dio para poder actuar. Esto debe servir para desterrar esta práctica en la que se han instalado algunos partidos de prorrogar a su conveniencia los mandatos del Poder Judicial”, subraya el portavoz de JJPD.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en representación y tendencia conservadora moderada, también llama a renovar “de forma inmediata”, aunque no gustaba la reforma legal avalada por el tribunal de garantías. “Creó un problema grave, las vacantes, sobre otro que ya existía, como es la falta de renovación del Consejo”, señala su portavoz, Jorge Fernández Vaquero, que sostiene que la relevancia de esta sentencia no se agota en la situación que ahora vive el Poder Judicial, sino que puede “proyectarse” sobre otros órganos en el futuro. “Se abre una vía de control indirecto del Poder Legislativo y el Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Por incumplimiento de funciones propias, del Congreso y del Senado, el legislador puede anular el control que ejerce el Poder Judicial. Esto no es una consecuencia necesaria del fallo, pero sí habrá que estudiarlo detenidamente, como también saber si este fallo tiene implicaciones sobre otros órganos constitucionales como el propio Tribunal Constitucional”, advierte Fernández Vaquero.