La Policía inflige a Camps el golpe más duro en su juicio por Gürtel: destaca su “buena relación” con El Bigotes

El sello de Manuel Morocho, inspector jefe de la Policía Nacional y principal investigador del caso Gürtel, ha dejado marcado otro juicio sobre la maraña de corrupción que envolvió al PP. Este miércoles, durante la vista oral sobre el desembarco de las empresas de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, el policía ha asestado un severísimo revés al expresidente autonómico Francisco Camps (2003-2011), a quien ha señalado como ...

El sello de Manuel Morocho, inspector jefe de la Policía Nacional y principal investigador del caso Gürtel, ha dejado marcado otro juicio sobre la maraña de corrupción que envolvió al PP. Este miércoles, durante la vista oral sobre el desembarco de las empresas de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, el policía ha asestado un severísimo revés al expresidente autonómico Francisco Camps (2003-2011), a quien ha señalado como la vía de entrada de la trama en la región. Con su habitual impronta de calma y exhaustividad, Morocho ha descrito la dinámica de favores que se tejió en el seno de la Administración autonómica; la estrecha relación de Camps y Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre de confianza de Correa; e, incluso, ha desgranado los “regalos” que la trama entregó a los padres, la esposa y los hijos del antiguo jefe del Ejecutivo regional. “Trabajaba para el presidente: esa es la visión que tenía la estructura de Correa”, ha manifestado el agente.

Ningún testimonio había golpeado con tal dureza la defensa de Camps en las 33 sesiones que suma ya la vista oral, que se inició en enero. De hecho, el abogado del expresidente, Pablo Delgado, ha tratado de impedir que Morocho contestara a la pregunta de la Fiscalía Anticorrupción sobre la relación que el político mantuvo con El Bigotes, pero el tribunal ha rechazado declararla improcedente. Así que el inspector, tras aguardar unos segundos a que los magistrados resolvieran, se ha arrancado de inmediato y ha rebatido la versión que Camps puso sobre la mesa durante su interrogatorio en la vista, cuando negó que tuviera una relación cercana con Álvaro Pérez. “Las conversaciones que [Pérez] tiene con Camps y su mujer, [Isabel Bas], son variadas. Y el contenido de las mismas, literalmente, pone de manifiesto una proximidad y familiaridad entre ambos. Hay un agradecimiento hacia Álvaro Pérez por todo lo que está haciendo para la familia y las atenciones que tienen para ellos”, ha explicado el policía.

En una de esas conversaciones con El Bigotes, interceptada por los investigadores en la Nochebuena de 2008, apenas mes y medio antes de que estallara el caso Gürtel, Camps se refiere a Pérez como su “amiguito de alma” y le pide “lealtad” para “toda la vida”. “Algunas conversaciones eran directas, y otras traslucían reuniones previas con él o con su mujer en ámbitos laborales”, ha añadido Morocho. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el expresidente por delitos de prevaricación y fraude.

Flanqueado ante el tribunal por dos de los compañeros de la Policía que firmaron informes sobre el caso con él, el inspector jefe ha trazado el desembarco de la red en la Comunidad Valenciana y el papel clave que supuestamente desempeñó Camps. Según ha subrayado, en un momento determinado, la red Gürtel pierde influencia en la Comunidad de Madrid y decide expandirse: Correa y El Bigotes fechan esa decisión en 2004, después de que el PP nacional perdiera las elecciones generales y Mariano Rajoy accediese a la presidencia de la formación. Así lo explicó Álvaro Pérez: “Correa ya tenía algunos problemas en el PP, y yo tuve alguna discrepancia con la jefa de prensa de Rajoy. Yo no estaba a gusto. En un hotel de Madrid, me encontré con Camps, estuvimos charlando un rato y se lo dije. Y fue la primera vez que me propuso ir a Valencia a trabajar”.

Manuel Morocho ha incidido, precisamente, en esa línea: “La estructura de Correa dejó de tener ese peso a nivel central y decidieron generar una estructura nueva en Valencia, merced a la buena relación que tenía Álvaro Pérez con Camps, larvada durante todo ese tiempo en el que trabajaba a nivel nacional realizando las campañas [del partido]”. La apuesta de la red Gürtel era clara, según ha añadido: anidar en la Administración y en el PP valenciano paralelamente, para conseguir así organizar los actos de la formación regional y contratos públicos. Esto es, lograr dos vías de entrada de dinero simultáneas.

“Una de las características que tenía la estructura de Correa era la introducción en los órganos directivos de una formación política para hacer algo tan importante para un partido como es la campaña electoral. Y eso va paralelo a generar una relación de confianza que permita una captación de negocio en el ámbito de la contratación pública [...] No hay una disociación de ambas áreas”, ha continuado el principal investigador del caso Gürtel: “Esa es la metodología de actuación. Y trasladó esos postulados de Madrid a la Comunidad Valenciana. Orange Market, [la empresa de la red corrupta en la Comunidad Valenciana], trabajaba para el PP valenciano y a la vez para la Generalitat”. Ambos, tanto el partido como la comunidad, los presidía Camps.

Dos epicentros delictivos

El peso de los negocios de Gürtel en Valencia alcanzó un enorme peso. Tanto que, ha insistido Morocho, la trama llegó a tener dos epicentros delictivos: Madrid y la comunidad gobernada por Camps, donde hizo mucho dinero. De hecho, el investigador ha apuntado que la caja b de la red corrupta refleja cómo logran marcar máximos tras su desembarco en la Generalitat. “Entre 2006 y 2008, hay un máximo que deriva de la basculación de la estructura de Correa hacia Valencia”, ha proseguido el inspector jefe, que ha descrito igualmente la importancia de las relaciones personales que los corruptores tejían con los políticos para conseguir sus objetivos.

La trama, a la que el PP valenciano adeudó una importante cantidad por organizarle sus campañas, regaba de regalos a los responsables de la Administración para conseguir más contratos. Pero no solo a ellos, también a sus familiares. “Es normal que se extienda más allá del responsable político: buscan que vean en Álvaro Pérez a alguien de confianza, a alguien cercano”. Morocho ha afirmado que El Bigotes tenía especial consideración con “determinadas personas”, como Camps y sus allegados. Y en esa línea ha recordado que se hicieron regalos a los padres del president, a su mujer (un bolso de Loewe) y a sus hijos (“un producto tecnológico que era puntero entonces”).

El minucioso relato de los investigadores ha entrado de lleno en la infinidad de irregularidades detectadas: entre otras, la Policía ha reseñado un “fraccionamiento” de contratos públicos para “facilitar” las adjudicaciones sin concurso a las compañías de Correa; un posterior “troceamiento de facturas” y “modificación de conceptos” de estas; un tráfico interno de dinero entre las empresas de la trama para que el dinero de la Generalitat Valenciana acabase en la sociedad que quería la red corrupta... “Y hay una relación continua en el tiempo con los responsables de las Administraciones para captar negocios: esa información privilegiada que se tiene es para hacer business [negocio], como decía Correa”, ha apostillado Manuel Morocho.

Más de 110 testigos

El juicio a Francisco Camps, que comenzó el pasado enero, se ha adentrado en la fase de declaración de policías y peritos. Hasta este miércoles, han desfilado 114 testigos ante el tribunal, a lo largo de 33 sesiones. La vista seguirá este mismo jueves con la segunda jornada prevista para el interrogatorio a Morocho y sus dos compañeros. Según el calendario fijado por la Audiencia Nacional, para la semana próxima se ha citado a un técnico de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) y a Jesús Emilio Torrejón Puchol, director general de la Abogacía General de la Generalitat en la etapa de Camps, que ha revelado que confeccionó en 2010 un informe ad hoc por órdenes de sus entonces superiores para contrarrestar las conclusiones de los investigadores de Gürtel y exonerar así a la Administración del PP, sin tener acceso ni siquiera a los contratos a los que se refería.

Otras 25 personas se sientan en el banquillo junto a Camps: entre ellos, tres exconsejeros de sus gobiernos y una decena de técnicos de la Administración regional. La Fiscalía sitúa al expresidente en la cúspide de la trama y a sus subordinados como la correa de transmisión y ejecución de sus órdenes.