El PP, PSOE y Sumar se disputan a los agentes sociales en torno a la amnistía

La última batalla entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se libra más allá del Congreso de los Diputados. El presidente en funciones y el líder del PP, que encara su investidura dentro de una semana sin los apoyos necesarios, se han lanzado a una competencia feroz por el respaldo de los agentes sociales. El favor de la patronal y los sindicatos se antojan claves para los dos aspirantes a La Moncloa en la antesala de una nueva legislatura marcada por la incertidumbr...

La última batalla entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se libra más allá del Congreso de los Diputados. El presidente en funciones y el líder del PP, que encara su investidura dentro de una semana sin los apoyos necesarios, se han lanzado a una competencia feroz por el respaldo de los agentes sociales. El favor de la patronal y los sindicatos se antojan claves para los dos aspirantes a La Moncloa en la antesala de una nueva legislatura marcada por la incertidumbre y a expensas de en qué queda la exigencia de Junts y ERC de una amnistía para los encausados en el procés.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que en cuatro días ha despachado con Sánchez y Feijóo, no es favorable a concederla. Un punto a favor de los intereses del candidato del PP en la disputa por un sector, el de los empresarios, tradicionalmente más cercano a la derecha. Pero Sánchez no se resigna a dar por perdido el beneplácito de la patronal a su reelección después de un mandato en el que su Gobierno concilió los intereses de la CEOE y de los sindicatos encadenando la peor pandemia en un siglo y el impacto económico y social de la guerra en Ucrania. El desempeño de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones y líder de Sumar, fue crucial en los 18 acuerdos del Ejecutivo con los agentes sociales. Su máxima expresión fue la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos, a la que el PP se opuso.

Las dudas que acechan a la XV legislatura, que arrancó el 17 de agosto con la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, son la continuación de la volatilidad de la política española. Mariano Rajoy fue el último presidente que completó una legislatura (2011-2015). Desde 2016 se han celebrado cuatro elecciones generales: dos fueron repeticiones (junio de 2016 y noviembre de 2019) y dos adelantos electorales (abril de 2019 y julio de 2023). En semejante contexto, la sintonía con los agentes sociales es sinónimo de estabilidad, según interpretan los grandes partidos. Y por esa razón PP, PSOE y sus socios de Sumar han ampliado el teatro de operaciones de la investidura a los empresarios y los representantes de los trabajadores. Una liturgia a la que Feijóo dedicará su atención esta semana.

El PP está muy satisfecho con la cita de este lunes entre Feijóo y Garamendi, porque el líder de la patronal salió del encuentro manifestando de forma rotunda el rechazo de los empresarios a la amnistía. “¿Estamos de acuerdo? No. ¿Está dentro de la Constitución la palabra amnistía? Creo que no. Estamos con la Constitución del 78. Lo que nos gustaría es que los grandes partidos se sienten y lleguen a acuerdos”, dijo el líder de la CEOE a las puertas de Génova tras una conversación con Feijóo que se alargó una hora y media.

Para el PP es muy importante tener de su lado en este asunto a la patronal. Los populares vivieron una marejada cuando Garamendi fue partidario de los indultos a los líderes del procés. Entonces lideraba el partido Pablo Casado y se abrió una etapa de distanciamiento entre Génova y la CEOE inédita en las tradicionales buenas relaciones entre la derecha y los empresarios. Ahora, sin embargo, el representante de los empresarios está alineado con Feijóo, lo que refuerza por tanto su posición política. En la dirección del PP aseguran tener información de que no cayó bien entre el empresariado el discurso tan político que dio Sánchez en la sede de la CEOE la semana pasada, y de momento han conseguido atraerse a Garamendi a su posicionamiento contrario a la amnistía.

Génova no espera el mismo éxito con los sindicatos, pero destaca que el exlíder de UGT, Cándido Méndez, ha hecho declaraciones contrarias a la amnistía, mientras presiona a las dos centrales para que no se posicionen “a favor de los privilegios y en contra de la igualdad”. “Entendemos que los sindicatos están a favor de la igualdad entre españoles y en contra de privilegios de las élites. Pues la amnistía es totalmente contraria a la igualdad”, subrayan fuentes del equipo directo de Feijóo. “Para Pepe Álvarez [líder de UGT] la pregunta es: ¿está de acuerdo con Cándido Méndez o con Zapatero y Sánchez?”.

El PSOE aguarda su momento tras la previsible investidura fallida de Feijóo con la unilateralidad como principal obstáculo. La vicepresidenta primera en funciones, insistió este lunes en que “tiene que haber un respeto escrupuloso de la Constitución y dejar todas aquellas propuestas, ideas o vías que no encajan” dentro de ella. “La sociedad española y catalana han dicho muy claramente en estas ultimas elecciones generales que no quieren seguir con una vía de crispación y de enfrentamiento”, abundó en un mensaje implícito a las posiciones maximalistas de Junts. Unos términos que enlazan con los que Sánchez empleó el viernes en la sede de la CEOE, donde se adelantó a Feijóo en sus guiños al mundo empresarial. El secretario general del PSOE se comprometió a “hablar con la sociedad civil para tejer alianzas” y poner en marcha un proyecto político en positivo, de progreso y de convivencia que garantice la estabilidad del país y que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de nuestra Constitución”.

Las garantías de Sánchez a la CEOE de que cualquier acuerdo para su investidura no colisionará con la Ley Fundamental se producen en plena pugna con el PP y resaltan los esfuerzos que el Gobierno está dedicando a ese flanco frente a la relación más fluida con los sindicatos. Los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, se implicaron en la campaña del 23-J con un llamamiento a la participación “masiva” de las clases populares y trabajadoras para revalidar un gobierno progresista. Álvarez incluso ha avisado a Carles Puigdemont de que “si alguien quiere representar a un pueblo” debe centrarse en sus “necesidades” y ha sostenido que la amnistía no es que el Estado “pide perdón”, sino que “perdona” a quien la pide. Entre las prioridades de UGT para la legislatura está que el salario mínimo equivalga siempre al 60% del salario medio. Un compromiso que llevaba en su programa electoral el PSOE, donde destacan la paz social en la pasada legislatura. “No hemos tenido huelgas generales”, subrayan en Ferraz.

Dentro de la estrategia de cortejo a patronal y sindicatos, la responsable de Sumar proponía el domingo en La Vanguardia la necesidad de alcanzar una suerte de pacto social que involucre a muchos sectores antes de dar el visto bueno a las demandas del independentismo en el Congreso. “La amnistía no es una ley, sino que acaba en una ley. Hay un conflicto político que puede ser objeto de un acuerdo político y social. Un conflicto al que nunca debimos haber llegado. ¿Y por qué hablo de acuerdo político y social? Porque en ese acuerdo también deberían estar los empresarios y los sindicatos, la sociedad civil… Un amplio acuerdo que culminaría con una ley orgánica. Este es el proceso al que podemos ir”, explicaba Díaz. Fuentes de Sumar sugieren que se exploran diferentes fórmulas, como, por ejemplo, el convocar una mesa de actores sociales que validen el pacto. El portavoz de la formación, Ernest Urtasun, abogó este lunes por que haya un “acompañamiento civil” del conjunto de la sociedad española para dejar atrás el conflicto político en Cataluña. “En los últimos años, hemos vivido un proceso que no solo ha sido una confrontación entre partidos, sino que ha tenido un componente social importante. Si estamos en fase de reentendernos, de recoser, de volver a construir consensos y diálogo, es bueno que no solo lo hagamos los partidos”, expuso en una nueva muestra de la relevancia que la izquierda y derecha otorgan a la relación con los empresarios y sindicatos.