El Constitucional apenas admitió a trámite un centenar y medio de los 8.528 recursos de amparo presentados en 2022
El 99,27% de los recursos que llegan al órgano de garantías son denuncias por presunta vulneración de derechos fundamentales
Los recursos de amparo —denuncias de los ciudadanos por supuesta vulneración de derechos fundamentales— siguen siendo el capítulo que proporciona mayor tarea y mayor número de asuntos pendientes de resolución del Tribunal Constitucional, de acuerdo con su memoria de actividades correspondiente al año pasado. Así, en 2022 la mayor parte de asuntos de nuevo ingreso fueron demandas de amparo, 8.528, el 99,27% de los expedientes abiertos. Pero el n...
Los recursos de amparo —denuncias de los ciudadanos por supuesta vulneración de derechos fundamentales— siguen siendo el capítulo que proporciona mayor tarea y mayor número de asuntos pendientes de resolución del Tribunal Constitucional, de acuerdo con su memoria de actividades correspondiente al año pasado. Así, en 2022 la mayor parte de asuntos de nuevo ingreso fueron demandas de amparo, 8.528, el 99,27% de los expedientes abiertos. Pero el número de reclamaciones que se admiten a trámite resulta muy inferior, ya que no pasan de los 158, la mayoría de los cuales —por pura previsión estadística, a tenor de lo ocurrido en años anteriores- no prosperará cuando se resuelva sobre la cuestión de fondo planteada.
Consciente de la problemática que esta situación supone para el propio tribunal, pero sobre todo para los recurrentes, el Constitucional ha puesto en vigor este año un formulario que debe rellenarse en cada petición de amparo. El propósito es agilizar el primer trámite de admisión, para que solo permanezcan pendientes de sentencia los asuntos que plantean asuntos con posible relevancia constitucional, no meras quejas por presunta vulneración de derechos.
En todo caso, la acumulación de asuntos no depende solo de los recursos de amparo, sino también de otras materias muy relevantes planteadas al tribunal, como las impugnaciones de leyes estatales o de las comunidades autónomas, por la vía de los recursos inconstitucionalidad, los conflictos de competencias, o las dudas de los tribunales ordinarios sobre leyes concretas, que se traducen en los procesos denominados cuestión de inconstitucionalidad. Sólo un partido, Vox —que entonces contaba con más de 50 diputados, mínimo exigido para los recursos de inconstitucionalidad— presentó en la legislatura 46 impugnaciones contra leyes.
Al terminar 2022 se hallaban pendientes de que se decidiera sobre su admisión un total de 6.328 asuntos (6.312 demandas de amparo, 5 recursos de inconstitucionalidad y 11 cuestiones de inconstitucionalidad), frente a los 4.960 de 2021, lo que se traduce en un 27% más. Y ya en fase resolutiva, pendientes de sentencia, había 283 asuntos, frente a los 254 de 2021, lo que equivale a un 11% más.
La memoria del Constitucional que recoge estos datos fue entregada este miércoles al Rey por el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, en el palacio de la Zarzuela. En la introducción al balance del último año, Conde-Pumpido reitera el propósito del órgano de garantías de dar prioridad a los asuntos más antiguos, tarea a la que se ha hecho frente este año con la sentencia sobre la ley del aborto, pendiente de resolución desde hacía 13 años. La memoria subraya asimismo que a lo largo del último año “se ha seguido la tendencia creciente del pasado ejercicio”, de modo que “durante 2022 la demanda ciudadana de justicia constitucional ha continuado avanzando a los números previos a la pandemia”.
Se destaca en este sentido que en 2021 se registraron 8.370 nuevos asuntos jurisdiccionales, y en 2022 esta cifra ascendió a 8.591. Ahora bien, de nuevo se pone de relieve el gran volumen de los recursos de amparo, ya que su número alcanzó las mencionadas 8.528 impugnaciones. En cambio, en dicho período del último ejercicio, se experimentó una “ligera reducción” de los recursos de inconstitucionalidad, ya que pasaron de 39 en 2021 a 36 el año pasado. También se redujeron las cuestiones de inconstitucionalidad, que pasaron de 35 en 2021 a 27 en 2022.
Las resoluciones dictadas, a su vez, ascendieron 7.606, de las cuales 151 fueron sentencias, 178 autos y 7.277 providencias definitivas. En el caso de las sentencias, 70 correspondieron al pleno y 81 por las dos salas del tribunal.