PP y Vox evitan el término violencia machista en su acuerdo para Murcia y se comprometen a garantizar “la neutralidad ideológica” en las aulas

El PP y Vox han escenificado este mediodía el acuerdo por el que el popular Fernando López Miras será investido presidente este próximo jueves a cambio de incluir en su gobierno dos consejerías lideradas por Vox, una de ellas con rango de vicepresidencia, y a crear una nueva figura, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, que ocupará un candidato designado por el partido de Santiago Abascal. En el acuerdo, de seis páginas, las formaciones establecen un comprom...

El PP y Vox han escenificado este mediodía el acuerdo por el que el popular Fernando López Miras será investido presidente este próximo jueves a cambio de incluir en su gobierno dos consejerías lideradas por Vox, una de ellas con rango de vicepresidencia, y a crear una nueva figura, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, que ocupará un candidato designado por el partido de Santiago Abascal. En el acuerdo, de seis páginas, las formaciones establecen un compromiso genérico para la “recuperación del mar Menor”, se comprometen a revisar el sistema de adjudicación de subvenciones directas, que Vox relaciona directamente con los sindicatos, y también acuerdan garantizar “la neutralidad ideológica en las aulas”. La defensa del sector agrario, la colocación de las familias en el centro de las políticas sociales y las bajadas de impuestos son otros de los compromisos en un texto en el que se evita hablar de violencia machista o cambio climático, en la línea con otros acuerdos autonómicos en los que el partido ultra ha entrado en el Ejecutivo.

Las principales diferencias entre ambos partidos se han escenificado en los últimos meses en torno a la ley de protección del mar Menor. Los de Santiago Abascal se han mostrado partidarios de modificarla o incluso derogarla al considerar que “criminaliza” al sector agrario, mientras que los populares han repetido su intención de “no dar un paso atrás” en la protección de la laguna. No obstante, este lunes ambos partidos matizaban sus posturas. El líder regional de Vox, José Ángel Antelo, insistía en que su “obsesión” coincide con la del PP y es “proteger” la albufera litoral. Y lo mismo han repetido este martes los portavoces parlamentarios de ambas formaciones, Joaquín Segado (PP) y Rubén Martínez Alpañez (Vox), en las ruedas de prensa que han ofrecido, por separado, tras la firma del acuerdo.

Fruto del acuerdo serán nombrados 11 consejeros como máximo, dos de los cuales serán para Vox, que ocuparán la nueva consejería de Interior, Seguridad y Emergencias, con rango de vicepresidencia, y otra de Fomento.

El acuerdo se refiere a la laguna salada en el cuarto de sus 30 puntos, pero sin hacer referencia expresa a la Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del mar Menor. En concreto, señala que la recuperación de la laguna “es una prioridad de la acción del Gobierno Regional” y fija el compromiso de seguir “desarrollando todas las acciones ejecutivas y legislativas necesarias para su protección, con la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan a su conservación”. “Pondremos en marcha nuevos mecanismos de coordinación entre todas las Administraciones Públicas para que cada euro público invertido redunde en el máximo beneficio para el ecosistema”, agrega el texto.

Los 30 puntos del pacto son muchos menos que los del resto de acuerdos de populares y ultras para compartir Ejecutivo autonómico tras las elecciones del pasado 28 de mayo. El primero en cerrarse, el de la Comunidad Valenciana, precisaba 50 medidas; el de Extremadura, 60; y el de Aragón, 80.

El sector agrario, principal caladero de votos de la ultraderecha en la comunidad autónoma, ocupa los tres anteriores puntos del documento: el primero, para defender la implantación de un plan hidrológico nacional —una medida que excede las competencias autonómicas—, los dos siguientes, referidos expresamente a la defensa del sector agrario y la ayuda a las empresas de ese campo. No hay ninguna referencia en el documento al cambio climático o la transición ecológica.

También sobrepasan las potestades autonómicas otros ámbitos recogidos en el acuerdo, como el aumento de la dotación de las plantillas de la Guardia Civil y Policía Nacional, que ambas formaciones señalan que exigirán al Ejecutivo estatal; o cambios legislativos para “luchar eficazmente” contra la okupación, sin detallar cuáles. También reclaman el fomento de infraestructuras pendientes, como el corredor ferroviario mediterráneo.

Apoyo “decidido” a la natalidad

Otro de los temas centrales del acuerdo es la promoción de la familia, con compromisos como los de apoyar “decididamente la natalidad” con “medidas que faciliten la conciliación familiar y laboral”, situando a las familias “en el centro de las políticas públicas” impulsando una ley de protección integral de las familias “que reconozca y ampare la trascendencia de la familia y su papel esencial en nuestra sociedad”.

Además, el punto octavo del documento se refiere a la necesidad de “erradicar la violencia contra las mujeres, la que sufren los niños y la violencia que sufren los mayores”, pero no hace mención expresa, como viene siendo habitual en los territorios en los que Vox ha entrado en el Gobierno, a la violencia machista o de género.

En línea con las políticas económicas defendidas por ambos partidos, el acuerdo prevé una reducción del IRPF autonómico “en los tramos de los salarios medios y bajos”, una ampliación de las deducciones en la declaración de la renta, una rebaja general de tipo impositivo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) o una “correcta y más eficiente gestión del dinero público”.

Revisión a las subvenciones

Uno de los puntos más novedosos es que aboga por “promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa”, que Vox relaciona directamente con las ayudas directas que reciben patronales y sindicatos, entre otras organizaciones, “solo por el hecho de serlo”, ha defendido Alpañez. El portavoz del PP, por su parte, ha señalado que esta tendencia es la que impone también la ley general sobre subvenciones, por lo que ha restado polémica a la iniciativa y ha insistido en que se implantará de manera gradual a lo largo de la legislatura. Este punto, el número 25 del acuerdo, ha generado dudas en la patronal murciana, CROEM, que en un comunicado han señalado que percibe cantidades en tanto que agente social, al igual que los sindicatos, pero que estas constituyen una compensación por participar “en cerca de un centenar de consejos consultivos de distinta índole, en los que se trabaja en cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad”. La patronal destaca que esas cantidades “se justifican debidamente” y no constituyen subvenciones, y aguardarán a que se constituya el Gobierno para solicitar reuniones en las que aclarar cómo se materializa ese punto del acuerdo.

“Neutralidad ideológica del currículo escolar”

En cuanto a la educación, otro de los bastiones ideológicos de Vox, el acuerdo insiste en que se garantizará “la libre elección de centro” y la “neutralidad ideológica del currículo escolar”, al tiempo que se aboga por implantar de manera progresiva la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y por establecer “indicadores medibles con evaluaciones anuales de la calidad lectora y matemáticas de los alumnos”.

No hay ninguna mención al denominado “pin parental”, que ya estuvo vigente durante un breve periodo de tiempo en la Región de Murcia en la anterior legislatura y que, tras la pandemia del coronavirus, quedó en la práctica desactivado y limitado a la obligación de los centros escolares de informar a los padres sobre las actividades complementarias. No obstante, el portavoz parlamentario de Vox ha asegurado que no tiene “ninguna duda” de que el mismo se pondrá en marcha, aunque dentro de los límites que establece la ley estatal que, ha reconocido, “limita mucho” en ese sentido. Sin embargo, Vox no tendrá las competencias de Educación en la Región de Murcia, sino el PP. El objetivo de Vox, ha dicho su representante, es que la educación centre sus esfuerzos en reforzar los “conocimientos básicos de los alumnos”, dejando de lado “otras tonterías”, y se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo murciano tendrá “capacidad para sacar la ideología de nuestras aulas”.

El acuerdo dedica también varios puntos a la sanidad con el objetivo de reducir las listas de espera, aunque sin especificar cómo, de elaborar un “plan sanitario que asegure una atención ágil y de calidad” y de reforzar la atención a la salud mental.

Ambos partidos aseguran estar “comprometidos con el pleno avance en materia de igualdad entre todos los españoles”, con la protección a los mayores o con el impulso de políticas que faciliten el acceso a la vivienda. El documento programático concluye proponiendo incentivos a la actividad empresarial, de promoción del turismo y de defensa de la caza y la pesca.

Consulte aquí el texto del acuerdo entre PP y Vox para el Gobierno en la Región de Murcia. Si no puede verlo, pinche aquí.