Los juristas ven poco viable la propuesta de Urkullu y dudan de su constitucionalidad

La propuesta de reforma territorial formulada esta semana por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en un artículo en EL PAÍS genera dudas entre los juristas. Algunos constitucionalistas consultados por este periódico la consideran netamente contraria a la Constitución de 1978, mientras que otros señalan que contiene aspectos que podrían explorarse, pero tod...

La propuesta de reforma territorial formulada esta semana por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en un artículo en EL PAÍS genera dudas entre los juristas. Algunos constitucionalistas consultados por este periódico la consideran netamente contraria a la Constitución de 1978, mientras que otros señalan que contiene aspectos que podrían explorarse, pero todos coinciden en considerarla poco viable. Urkullu plantea un pacto entre el Estado y las “nacionalidades históricas” (País Vasco, Cataluña y Galicia) para “actualizar la interpretación acordada” del contenido de la Constitución y cambiar el modelo territorial. Ese pacto saldría de una “convención constitucional” que “interpretaría” la Constitución; previamente, todas las partes se comprometerían a reconocer la “plurinacionalidad” de España y la “capacidad de decidir” de esos territorios.

A los juristas consultados les gusta más la forma de la propuesta que el fondo. “Es una propuesta muy bien hecha, muy buena, pero inconstitucional de arriba abajo”, afirma Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, quien considera que el plan implica “saltarse los mecanismos constitucionales”. “Ofrece diálogo, pero cuando uno lee cómo es el diálogo son unas bases que pone él. Propone pactar una cosa y que luego eso vincule a todos”, advierte.

Ruiz Robledo no es el único que considera que el camino que marca el lehendakari no cabe en la Constitución. Así lo cree también Xavier Arbos, catedrático de la Universidad de Barcelona. “Que haya un foro de tres comunidades autónomas con el Gobierno me parece perfectamente legítimo. La cuestión de fondo es que detrás de esto está un objetivo que no me parece compatible con la Constitución, que es acordar interpretaciones de la misma. Eso es olvidar que la interpretación de la Constitución la hace el Tribunal Constitucional. No hay foro posible que pueda interpretar la Constitución”, incide Arbos. Y añade: “Otra cosa es que con esas tres comunidades o con otras o con todas se pudiera abrir una reflexión sobre lo que es mejorable o no. Por ejemplo, [hablar] de una reforma de la Constitución o de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pero pretender que de ese foro puede surgir una interpretación constitucional vinculante me parece equivocado”.

Algunos juristas no consideran que la propuesta sea inconstitucional, pero sí le ven problemas que, hoy por hoy, la hacen inviable. “Siempre hay espacios para el diálogo, pero algunas de las cosas que parece proponer no caben en la Constitución”, apunta Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. En su opinión, el texto de Urkullu es “calculadamente ambiguo”, por lo que es difícil hacer un diagnóstico sobre su constitucionalidad. “Para valorarlo habría que saber exactamente lo que se está proponiendo. Tal y como está redactado, podría ser constitucional o no”, señala; en cualquier caso, le ve “poco o ningún recorrido político”. A una conclusión parecida llega Ana Aba Catoira, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña: “No hay nada que prohíba que se dialogue, se establezcan unas bases de actuación consensuada, un punto de partida, que se planteen objetivos de mayor descentralización”, señala la jurista. El problema, advierte, puede llegar a la hora de aterrizar lo pactado para que encaje en la Constitución y sea aceptado por el resto de las comunidades.

Los juristas coinciden también en expresar objeciones sobre algunos de los temas que Urkullu cita para lo que él llama un “acuerdo preliminar” entre el Estado y las comunidades: el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad o la “capacidad de decidir pactada”. “Si quiere que España sea plurinacional, su propuesta debe ser reformar la Constitución. Pero no haga una reinterpretación, en la que participan usted y el Gobierno y el resto nos quedamos fuera”, se queja Ruiz Robledo. A Aba Catoira también le “choca” la referencia a la “plurinacionalidad”: “Él defiende que hay varias naciones, pero las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Valencia o el de Cataluña dicen que cuando los estatutos de autonomía hablan de nación se refieren a nacionalidades. Hablar de varias naciones no tiene cabida en el texto constitucional. La nación es una”. Carmona coincide: “Si habla de nacionalidades no hay ningún problema porque está en la Constitución. Pero si se refiere a naciones, la Constitución dice claramente que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Con el marco constitucional no es posible entender que España sea un Estado plurinacional, sobre todo tras sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña”.

Arbos, sin embargo, considera que el lehendakari tiene “una parte de razón” cuando evoca el concepto de “plurinacionalidad”. “No entiendo la reticencia a aceptar esta expresión. La propia Constitución habla de nacionalidades en plural. Negarle a esa idea amparo constitucional me parece equivocado”, afirma. A Arbos, por contra, sí le parecen más cuestionables otros aspectos de la propuesta, como que introduzca el concepto de “nacionalidad histórica” —”que no está en la Constitución”— o que los cambios se enuncien en términos de “bilateralidad”. “Ese no es un sistema aceptable en el marco constitucional si debe llevar a lo que se desprende de este texto: el derecho de veto. Que una o varias comunidades tengan derecho de veto choca con el marco de soberanía que establece la Constitución”.

A algunos juristas no les gusta tampoco la figura de la “convención constitucional” a la que alude Urkullu para enmarcar su propuesta. A Arbos le resulta “un poco equívoco”. “Cuando se habla de convención suele referirse a foros constituyentes, de los que nacen las reformas constitucionales”, apunta. Para Ruiz Robledo, utilizar ese término es directamente “una trampa”. “Las convenciones constitucionales son para cambiar la Constitución de un Estado”, señala.