Feijóo huye hacia adelante y se encadena a Vox tras el 23-J

La extrema derecha gobierna ya sobre casi 10 millones de españoles: los habitantes de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón. Allí, para asegurarse los gobiernos regionales, el PP les ha entregado tres vicepresidencias y siete consejerías (nueve si se incluyen las incorporadas a las vicepresidencias) con competencias en industria, empleo, interior, cultura, turismo, deporte, agricultura, ganadería, gestión forestal, desarrollo territorial y despo...

La extrema derecha gobierna ya sobre casi 10 millones de españoles: los habitantes de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón. Allí, para asegurarse los gobiernos regionales, el PP les ha entregado tres vicepresidencias y siete consejerías (nueve si se incluyen las incorporadas a las vicepresidencias) con competencias en industria, empleo, interior, cultura, turismo, deporte, agricultura, ganadería, gestión forestal, desarrollo territorial y despoblación. Gracias a los populares, Vox ostenta también la presidencia de cuatro parlamentos autonómicos. El programa con el que el partido de Santiago Abascal se presentó a las generales del 23 de julio dice: “Promoveremos un Estado unitario administrativamente descentralizado; mientras logramos ese objetivo [es decir, mientras no se modifica lo que recoge desde 1978 la Constitución española sobre el modelo de país], proponemos la devolución inmediata al Estado de las competencias en educación, sanidad, seguridad y justicia”. Vox no cree en las autonomías —su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, las describe como “17 reinos de taifas”—, pero cogobierna en cuatro y ha asumido algunas competencias que su propio programa quiere devolver. El PP ha defendido esos acuerdos asegurando que el de Abascal es un partido “constitucionalista”.

Jorge Azcón, el candidato popular en Aragón, no acudió a la firma del último pacto entre el PP y Vox, el que lo hará presidente, firmado el viernes. Su sustituta, Ana Alós, explicó primero que, “como en otras comunidades autónomas”, se había decidido que fueran los portavoces parlamentarios quienes lo suscribieran. Cuando los periodistas replicaron que eso no había sido así en otros territorios, respondió que en Baleares —donde el acuerdo no es de coalición—, sí. Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo comparecieron juntos para exponer su Gobierno bipartito en Castilla y León en marzo de 2022.

También María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo, líderes, respectivamente, del PP y Vox en Extremadura, presentaron juntos su acuerdo de gobierno. En la Comunidad Valenciana, el popular Carlos Mazón y el candidato de la extrema derecha, Carlos Flores (que se apartó del Gobierno autonómico tras la polémica por su condena previa por maltratar a su ex con violencia psicológica habitual), escenificaron el éxito de esa negociación con una foto de familia. Los pactos en Extremadura y la Comunidad Valenciana son previos a las elecciones del 23 de julio. Es decir, la ausencia de Azcón en la firma del suyo es posterior al análisis de los resultados de las generales, donde, según politólogos y sociólogos consultados por EL PAÍS, así como periódicos internacionales como Financial Times, los acuerdos del PP con la extrema derecha que niega de la violencia machista y el cambio climático fueron determinantes a la hora de frenar la fuga de votos del partido de Pedro Sánchez al de Alberto Núñez Feijóo y en la movilización de la izquierda. José Pablo Ferrándiz, director de Estudios Políticos de Ipsos, recuerda que, durante la campaña, “el 70% de los indecisos”, los que aseguraban que iban a votar, pero no sabían a quién, “eran mujeres.”

El chasco del 23-J —el PP había dejado caer que podrían superar los 160 escaños, pero se quedó en 137—, sumió a la sede de Génova y a sus antenas mediáticas en un mar de dudas. Algunos dirigentes y ex altos cargos creen que los pactos con Vox los han perjudicado y otros, que fue justo lo contrario ―tratar de desmarcarse de esos acuerdos y buscar el apoyo de barones socialistas en la última semana de campaña― lo que desbarató su estrategia. “Quien aspiraba a ser nuestro socio o condicionar el futuro Gobierno, que es Vox”, afirmó Borja Sémper, “se lo ha puesto muy fácil a Pedro Sánchez con gestos estrambóticos y frikis, y gente que tenía previsto confiar en el PP no lo ha hecho ante el riesgo de que Vox condicionara la política española”. Esperanza Aguirre dijo: “Lo que nos ha penalizado es que en vez de hacer todos los pactos como en Valencia, al día siguiente, hemos participado de la idea de la izquierda de demonizar a Vox. Hemos dicho lo contrario, que nos gusta más [Emiliano García-] Page, [presidente de Castilla-La Mancha] que Abascal”. El líder, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido tirar hacia delante y autorizar un nuevo pacto con la extrema derecha, ahora en Aragón, pese a que esas alianzas han dinamitado sus posibilidades de negociar su investidura con otras formaciones políticas.

Poli bueno/poli malo y escondite

Las declaraciones públicas del PP a la hora de referirse a su escisión han dado bastantes bandazos en campaña, pero también antes, en la etapa de Pablo Casado. Los populares juegan con Vox al poli bueno/poli malo y al escondite, como Azcón el viernes o el propio Feijóo al rechazar participar en cualquier debate a cuatro durante la reciente campaña.

El poli malo. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente andaluz, abroncó a los aliados de su partido el 27 de julio, durante una sesión de control en el Parlamento regional. “El mayor aliado de Sánchez ha sido Vox. Cuando se dice que en Cataluña se va a liar la mundial, ¿qué reacción cree que van a tener los ciudadanos? Pues, evidentemente, votar al PSC. Cuando se cuestionan las políticas contra la violencia machista, ¿creen que les puede favorecer o es que no saben que el 52% de la población española son mujeres? Cuando se cuestionan los derechos de personas que son homosexuales y sufren homofobia, ¿ustedes no creen que hay padres y madres conservadores y de derechas que sus hijos son homosexuales y se sienten violentados?”.

El poli bueno. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha referido a las amenazas de “que viene la extrema derecha” como “patochadas”. “Si hace falta pactar, se pacta. No solo no ha sido el fin del mundo cuando hemos gobernado en coaliciones, es que nos ha ido bien. Que yo sepa, las mujeres no vamos en burka”.

El escondite. En los últimos días, Feijóo, de vacaciones en Galicia, ha mostrado públicamente, en Twitter, su apoyo al presidente del PP de Ceuta, Juan Jesús Vivas, después de que el PSOE rechazase pactar con él en la ciudad autónoma para evitar a Vox, pero no ha dicho ni pío sobre el acuerdo por el que gobernarán en Aragón.

Por escrito está todo más claro. Los textos de los acuerdos del PP con Vox muestran, como explica el politólogo Pablo Simón, que la extrema derecha ha ido conquistando no solo sillones en gobiernos autonómicos en los que no cree, sino también el lenguaje y las políticas del partido que ha gobernado el país 15 años. “El objetivo de Vox es que los populares ya no se tengan que preocupar por pactar con ellos porque, en última instancia, ambos terminen defendiendo lo mismo”. Ana Alós, portavoz parlamentaria del PP, prometió, tras firmar el pacto con la extrema derecha en Aragón, que serán “una sola voz para dejar atrás las políticas erróneas de la izquierda”.

El discurso del PP desde la irrupción de Vox muestra esa contaminación progresiva. La oposición a la Ley de Memoria Democrática y a su predecesora, la de memoria histórica, era una de las banderas de la extrema derecha. Mariano Rajoy no la derogó cuando estuvo en el poder, aunque la dejó sin financiación. Pablo Casado prometió hacerlo. Feijóo ha asegurado que le interesan “más los vivos que los muertos” y su partido ha accedido a derogar las normas regionales en la materia en Aragón, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

En 2018, ya en plena competición del PP con Vox, Pablo Casado propuso devolver al Estado las competencias autonómicas en Educación para evitar el “adoctrinamiento” —término instalado por la extrema derecha— y barones populares se revolvieron contra el discurso recentralizador. El acuerdo de Aragón firmado el viernes se compromete a “identificar todas aquellas leyes autonómicas ineficaces que solo añaden burocracia y gasto superfluo” para proceder a “su inmediata derogación” y repetir el proceso con los organismos “que dependen de los fondos públicos y que realizan funciones duplicadas o inútiles” para “su inmediata disolución”. De entrada, proponen la disolución de los comisionados para la Agenda 2030, Infancia y Despoblación. La Agenda 2030 es un plan de Naciones Unidas —suscrito por 193 Estados miembros— para lograr 17 objetivos, entre ellos, acabar con la pobreza, promover la igualdad de género y proteger los recursos naturales. El Rey, Felipe VI, suele llevar una insignia con su emblema, un círculo de colorines, en la solapa del traje. Curiosamente, en ese afán recentralizador, PP y Vox no renuncian a las televisiones públicas autonómicas. En el acuerdo de Aragón proponen, incluso, impulsar “la producción propia de contenidos”.

También se ha acercado el discurso del PP al de Vox en el rechazo a los derechos del colectivo LGTBI, pese a que los populares apoyaron leyes similares cuando gobernaron. “Es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad o sacarse el carné de conducir”, ha frivolizado Feijóo en campaña electoral. En la Comunidad Valenciana y Castilla y León, el PP aceptó sustituir el concepto violencia machista por el de “intrafamiliar”. En Extremadura, María Guardiola admitió que la violencia machista “no aparece como tal” en el texto que firmaron.

Dirigentes del PP coinciden en que la clave, desde hace años, para volver a gobernar es acertar en su estrategia hacia Vox, pero difieren en cuál debe ser. De momento, evitan la foto conjunta y lanzan, ante los micrófonos, mensajes contradictorios que se estrellan ante la evidencia de la palabra escrita, el texto de los acuerdos. Tampoco ha funcionado, como explica el sociólogo Narciso Michavila, quien ha colaborado asiduamente con el PP, la táctica de contraponer esas alianzas a los pactos parlamentarios de Pedro Sánchez con EH Bildu o ERC: “Nadie se imaginaba a Otegi de vicepresidente. A Abascal, sí”. El Gobierno también ha aceptado exigencias del independentismo, como se apuntó Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, durante el debate a siete en TVE: “Hemos conseguido cosas que ustedes no querían, que los obligamos a hacer, como sacar a la gente de la cárcel” [se refería a los indultos del procés]. Pero el PP eleva la apuesta y amenaza con que habrá referendos simultáneos de independencia en Cataluña y País Vasco si Sánchez revalida el Gobierno de coalición, aunque sabe que eso no es posible sin sus votos, ya que para autorizar esas consultas habría que modificar la Constitución. El último pacto, en Aragón, consolida el ticket electoral de PP-Vox al que el independentismo —que perdió siete escaños el 23 de julio, los mismos que ganó el PSC— acaba de rechazar en las urnas. También aumenta la presión sobre Junts y Carles Puigdemont para favorecer un Gobierno de izquierdas o apostar, como criticaba Juan Manuel Moreno Bonilla hace una semana en el Parlamento andaluz, por volver a “liar la mundial en Cataluña”.