Didier Reynders: “La prioridad del nuevo Gobierno en España debe ser renovar el Poder Judicial, es urgente”

El comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders (64 años, Lieja), conoce de primera mano el bloqueo español en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ha llegado a mediar entre el Gobierno y el PP para lograr el acuerdo. No lo ha conseguido y se ha llevado críticas de ambas partes. Hace unas semanas, llegó a pensar que había una ventana de oportunidad después de las eleccion...

El comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders (64 años, Lieja), conoce de primera mano el bloqueo español en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ha llegado a mediar entre el Gobierno y el PP para lograr el acuerdo. No lo ha conseguido y se ha llevado críticas de ambas partes. Hace unas semanas, llegó a pensar que había una ventana de oportunidad después de las elecciones municipales. El adelanto electoral cerró la ocasión que veía. Durante una entrevista con EL PAÍS y el diario italiano La Repubblica, demuestra que conoce bien la situación de la justicia en los dos países, las reformas hechas y las anunciadas. Y se le notan las tablas de quien lleva toda la vida en política, bregando con preguntas de periodistas. Comienza recordando que, ya el año pasado, en la tercera edición del Informe sobre el Estado de derecho de la UE, se le pidió a España que renovara el CGPJ e, “inmediatamente después” reforme el método de elección de la cúpula judicial. Reynders repite la exigencia este año y enfatiza varias veces que la renovación “es muy urgente”.

Pregunta. Van cuatro ediciones del informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho de la UE, y la situación de España respecto al CGPJ en la misma. ¿Se está acabando su paciencia?

Respuesta. No hay cambios [en el informe] porque no se ha renovado el Consejo. Hay una preocupación real y repetimos que es muy urgente renovar [el CGPJ], no solo porque no está en línea con los estándares europeos, sino porque la no renovación tiene consecuencias sobre el Tribunal Supremo por la falta de nombramientos: hay menos jueces y, por tanto, menos decisiones del Supremo.

P. España tiene elecciones en menos de tres semanas. Este informe ya le tocará aplicarlo al Gobierno que salga de las urnas y mantiene la misma recomendación de los anteriores, y en el mismo orden: primero, renovación e inmediatamente después, reforma del sistema de elección del CGPJ.

R. Sí. Es muy importante esa secuencia. ¿Por qué? Es urgente [la renovación] por la falta de nombramientos en el Tribunal Supremo durante más de un año y es muy importante tener nombramientos para el Supremo y los diferentes cuerpos judiciales. Por las conversaciones que he tenido [con responsables políticos españoles] sobre la renovación, creo que esta es posible, aunque no estoy diciendo que sea fácil. Pero me parece más difícil cambiar la ley sobre el proceso de renovación del Consejo. Sé que es difícil si hace falta una mayoría cualificada, pero es necesario. La renovación es complicada, pero hay posibilidades de hacerlo. Debe ser la prioridad del nuevo Gobierno empezar un proceso real [de renovación], no solo por no cumplir con la demanda europea, que no es el principal problema. El principal problema es que tenemos más y más preocupaciones por la eficacia del poder judicial debido a la falta de nombramientos.

P. ¿Eso pone en duda la imparcialidad de la justicia?

R. Nosotros confiamos en el buen funcionamiento del poder judicial. Pero si hay un conflicto político al más alto nivel, la percepción de manipulación se hace más y más negativa. Lo vemos en España: la percepción de independencia está cayendo. Y eso es una pena, porque no es por la situación individual de los jueces, es por un conflicto entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.

P. Dijo usted a comienzos de año en el Parlamento Europeo que estaba reclamando información sobre la reforma del delito de malversación. ¿Ya la tiene?

R. Estamos haciendo una evaluación para ver si hay algún riesgo, provocado por esta reforma, de que disminuya la capacidad de perseguir casos de mal uso de fondos públicos.

P. ¿La han acabado?

R. Todavía no. Lo están analizando mis servicios [dirección general de Justicia], los de Finanzas y otros para saber más del funcionamiento.

P. ¿Y qué le parece la reforma del delito de sedición?

R. Es una competencia nacional decidir, no tenemos un análisis. Hay diferentes visiones. También es extraño ver que después de una reforma de la agresión sexual se libera a los condenados.

P. El Gobierno ha admitido que fue un error.

R. Ya dije que no es nuestra competencia, pero es extraño. No obstante, sobre la malversación queremos ver si hay algunos cambios en las posibilidades de luchar contra el mal uso de fondos públicos, como en Italia. Queremos saber por qué y no solo por qué, sino las consecuencias. Sé que el origen de la decisión está en [lo que pasa] en Cataluña. Eso está claro, pero, ¿cuáles son las consecuencias en la lucha contra estos comportamientos en general y no solo sobre un asunto específico?

P. España tiene una disputa con la Fiscalía Europea. Esta la acusa de no darle recursos y también difieren sobre cómo se decide a quién le corresponde cada investigación. ¿Qué le parece?

R. Antes de nada, tengo que decir que organizar estas relaciones no es competencia de la Comisión. Hay una regulación y ahí es posible resolver los conflictos. Pero en España es el fiscal general quien tiene que resolver el conflicto y es difícil decidir en un conflicto entre la fiscalía española y la europea. Así que, por ser concretos, hay un conflicto de intereses. Por tanto, es necesario que vayan al Tribunal de Justicia. Pero el principal problema es que el número de casos que llega desde España es muy bajo. Eso no quiere decir que no haya investigaciones, pero muchas se mantienen en el ámbito nacional y no se transfieren.

P. Cuando se habla de vulneraciones al Estado de derecho, se piensa automáticamente en Polonia y Hungría, ambos gobernados por la ultraderecha. Esta opción política está creciendo en Europa. ¿Le preocupa que este fenómeno dificulte en el futuro la vigilancia de los valores europeos, y el Estado de derecho lo es?

R. Tenemos herramientas eficaces. También está la presión financiera [el mecanismo de condicionalidad permite a la UE suspender la entrega de fondos a un Estado miembro si percibe riesgo para el presupuesto europeo]. No solo el informe sobre el Estado de derecho. Por supuesto que estoy preocupado por la gran presión de la extrema izquierda y de la extrema derecha, y tenemos más y más países donde es posible ver esa influencia de los extremos. He sido ministro en Bélgica 20 años en gobiernos de coalición con cristianodemócratas, socialistas, verdes, nacionalistas, excepto extrema derecha y extrema izquierda. Para los partidos de centroizquierda y centroderecha es importante demostrar que estamos haciendo nuestro trabajo, también con los valores. Por volver un momento a España, he dicho que es prioritario renovar el Consejo del Poder Judicial y cada vez es más urgente. Pero no es motivo para introducir procedimientos de infracción. No hay retrocesos. La situación en España es así desde hace años, con la misma composición del consejo sin estar alineada con los estándares europeos. Lo que se pide es mejorar. Pero si hay un retroceso, como hemos visto en Polonia, hay que actuar.

P. Le estoy preguntado por el futuro.

R. Es difícil de decir. Durante muchos años se consideraba que, si estaban en la UE, estaban alienados con unos valores.