La defensa del juez y el fiscal del ‘caso Cursach’ reclama la nulidad del caso que les sienta en el banquillo

La defensa de los principales investigadores del caso Cursach —el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán― ha reclamado este lunes, durante la primera jornada del juicio, la nulidad de la causa de corrupción judicial derivada de la investigación que ambos dirigieron contra Bartolomé Cursach, el mayor empresario del ocio nocturno de Mallorca. La Fiscalía reclama para los seis procesados ―además del juez y el fiscal, hay cuatro agentes antiblanqueo de la Policía Nacional de Baleares― penas que suman más de 500 años de cárcel por revelación de secretos, detención ilegal, obstr...

La defensa de los principales investigadores del caso Cursach —el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán― ha reclamado este lunes, durante la primera jornada del juicio, la nulidad de la causa de corrupción judicial derivada de la investigación que ambos dirigieron contra Bartolomé Cursach, el mayor empresario del ocio nocturno de Mallorca. La Fiscalía reclama para los seis procesados ―además del juez y el fiscal, hay cuatro agentes antiblanqueo de la Policía Nacional de Baleares― penas que suman más de 500 años de cárcel por revelación de secretos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación judicial . Las defensas han cuestionado la validez como prueba de las conversaciones del grupo de Whatsapp que dieron origen al caso. Han recalcado que el teléfono móvil que las contenía no fue entregado de forma voluntaria y han sostenido que la investigación sobre los policías del grupo de blanqueo nació de los listados de llamadas de dos periodistas cuyos teléfonos intervino ilegalmente el juez Miquel Florit ―que sucedió en la instrucción a Penalva―, y que ya han sido anulados como prueba. El abogado del juez y el fiscal también ha pedido que el fiscal Tomás Herranz sea apartado de la causa. Herranz fue el fiscal que dirigió la acusación durante el juicio contra el empresario Cursach, en el que se retiró todas las acusaciones contra los investigados y llegó a pedir perdón a los acusados.

La vista ha comenzado a las nueve de la mañana en los juzgados de Sa Gerreria de Palma, lejos de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que se ha quedado pequeña para acoger el proceso. El juez Penalva y el fiscal Subirán, ya jubilados se han sentado en primera fila en la sala. Los otros cuatro acusados, tres hombres y una mujer agentes del grupo de blanqueo, les acompañaban repartidos entre la primera y segunda fila. El tribunal está presidido por el magistrado Antonio Capó, y de él también forman parte Diego Gómez-Reino, que será el ponente de la sentencia, y la magistrada Felisa Vidal. En la vista participan una docena de abogados que representan a acusaciones particulares, además de la Abogacía del Estado, ya que la Administración figura como responsable civil.

Tras la lectura del escrito de acusación, los abogados han comenzado a plantear sus cuestiones previas, en las que se abordan los defectos que han encontrado en la instrucción. El abogado Javier Barinaga, que representa conjuntamente al juez Penalva y al fiscal Subirán, ha tratado de desmontar la principal prueba contra sus clientes, los mensajes de un grupo privado de WhatsApp en el que los acusados intercambiaban opiniones y estrategias acerca de la investigación que dirigían y en el que, en ocasiones, cargaban contra los investigados. Esos mensajes fueron hallados en el teléfono móvil que uno de los agentes del grupo de blanqueo, ahora acusado, entregó a la Policía Nacional cuando fue detenido.

“21 minutos de oscuridad”

Barinaga ha cuestionado la entrega voluntaria de ese teléfono, porque el detenido lo facilitó “en los 21 minutos de oscuridad” que transcurrieron desde que entró en dependencias policiales hasta que llegó su abogado. “Las personas que le detienen, que son sus superiores jerárquicos, le dicen textualmente ‘tú sabrás lo que haces, o nos das el móvil o bajas a calabozos y esto lo arreglamos con el señor Carrau (el fiscal) y nos van a dar la orden’. ¿De verdad alguien piensa que esto es una entrega voluntaria? ¿De verdad alguien lo piensa?”, se ha preguntado Barinaga, que ha comparado el decomiso de los teléfonos móviles de los dos agentes de policía con el que ordenó el juez Florit de dos periodistas que cubrían profesionalmente el caso Cursach. En el caso de los informadores, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares declararon nulas las requisas y los rastreos de los aparatos, un hecho en el que en el que también se apoyan las defensas del resto de los procesados para pedir que se invalide toda la investigación derivada de la información obtenida de los teléfonos de los agentes de policía.

Los abogados de los seis acusados se han centrado en solicitar la anulación de los mensajes, porque para ellos la causa contra sus clientes bebe de una serie de procedimientos y prácticas que fueron anuladas. Consideran que no sólo la entrega de los teléfonos móviles de los agentes de policía no fue voluntaria, sino que la investigación sobre los policías del grupo de blanqueo nació de la información obtenida ilegalmente de los teléfonos móviles de los periodistas. El abogado y exfiscal anticorrupción Pedro Horrach, que defiende a uno de los agentes, considera que la única prueba contra los investigados son los listados de llamadas entrantes de los móviles de dos periodistas “que fueron obtenidos de forma ilegal”. Además, ha rechazado que su cliente entregara voluntariamente el teléfono para ser escrutado con técnicas forenses que permiten recuperar la información eliminada. “Se da el consentimiento para ver el contenido, pero no para ver lo borrado. Eran archivos borrados y rescatados mediante técnicas forenses, el único chat que importa en esta causa había sido borrado, cómo va a dar consentimiento para que apliquen técnicas de recuperación” ha dicho Horrach.

Para el abogado Barinaga, la investigación de la policía se centraba en saber quién era la fuente que daba información a los periodistas cubrían el caso Cursach. Barinaga cree que la nulidad de esta intervención de las comunicaciones de los reporteros contagia a las pesquisas realizadas a través de la información arrojada por los teléfonos de los policías: “El Constitucional falló que se trata de medidas especialmente invasivas e indiscriminadas, la potencialidad de acceder a los teléfonos produce un efecto escalofriante, una grave intromisión en la intimidad” ha señalado. El letrado ha mencionado hasta 11 derechos fundamentales de sus clientes supuestamente vulnerados durante la investigación contra ellos. Barinaga ha deslizado que las pesquisas se iniciaron cuando Penalva y Subirán comenzaron a apuntar a la cúpula de la Policía Nacional de Baleares. También ha reprochado que el cuerpo no tenía competencias para llevarla a cabo.

Durante una hora y media, el letrado ha insistido en la “contaminación” de toda la instrucción y también que se le han denegado algunos testimonios que ha solicitado y que implican a la cúpula de la Fiscalía de Baleares. El abogado ha sido especialmente duro con el fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau. Este participó en el inicio de las pesquisas del caso Cursach junto al fiscal acusado Miguel Ángel Subirán y llegó a firmar el escrito de acusación contra el empresario mallorquín hasta que pasó a alinearse contra su propio compañero, tumbando durante el juicio el escrito que anteriormente había rubricado. El fiscal Carrau retiró, junto al fiscal Tomás Herranz, todas las acusaciones contra los investigados del caso Cursach. “En varias de las coacciones que se nos están imputando está el señor Carrau” ha señalado Barinaga, que ha preguntado sobre la ausencia de Carrau en el banquillo. “Es muy fácil, porque él se autoexcluye de la causa, se autoexcluye, la dirige y la dirige desde atrás”, ha dicho el letrado, que ha pedido a la sala que admita las testificales propuestas, entre las que está la del fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló.

Al final de la sesión ha tomado la palabra el fiscal Tomás Herranz, que dirigió la acusación durante el juicio del caso Cursach, en el que retiró todas las acusaciones contra los investigados. Herranz ha solicitado la declaración de dos agentes de policía en la fase testifical y ha presentado un informe pericial sobre las filtraciones que se han producido durante la causa. También ha respondido a las acusaciones que la defensa de Penalva y Subirán ha realizado sobre la participación del fiscal Juan Carrau en el asunto, asegurando que el fiscal balear ha tenido que ser designado en la causa porque el sistema informático de la Fiscalía en Madrid no les permitía incorporar escritos a la causa “de forma directa” sin pasar por Mallorca. También ha restado importancia al papel de su compañero en la fase de instrucción del caso Cursach, señalando que “es incierto” que Carrau estuviera adscrito junto al fiscal Subirán para el desempeño del caso Cursach o el caso ORA. “No es verdad, estaba designado en exclusiva don Miguel Ángel Subirán, se diga lo que se diga. Y si se pretende decir otra cosa deberá probarse”. El juicio se ha suspendido hasta el miércoles, cuando se retomará con la exposición de las cuestiones previas de las acusaciones.