La negociación salarial de jueces y fiscales afronta la semana definitiva con la vista puesta en la asociación mayoritaria

Las asociaciones de jueces y fiscales y el Gobierno vuelven a sentarse este martes para intentar cerrar un acuerdo de subida salarial que zanje la amenaza de huelga indefinida. La reunión coincide con el día en que tenían que haber empezado esos paros, ...

Las asociaciones de jueces y fiscales y el Gobierno vuelven a sentarse este martes para intentar cerrar un acuerdo de subida salarial que zanje la amenaza de huelga indefinida. La reunión coincide con el día en que tenían que haber empezado esos paros, que están suspendidos a la espera de lo que ocurra esta semana. La mayoría de las asociaciones se muestran dispuestas a firmar si los ministerios de Justicia y Hacienda se comprometen con algunos flecos que se quedaron pendientes en la última reunión, pero todos los ojos se centran en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria (alrededor de 1.340 asociados) y que aglutina al ala más conservadora de la carrera. Mientras las otras cuatro asociaciones que convocaron la huelga han aplaudido públicamente algunos de los aspectos de la propuesta del Gobierno, la APM la sigue tildando de “insuficiente e inasumible”.

El plan marcado por las asociaciones y el Gobierno pasa por cerrar la negociación esta semana. Las dos partes vuelven a sentarse este martes en la mesa de retribuciones, donde el Gobierno presentará por escrito su última propuesta. Los incrementos ofrecidos por Justicia y Hacienda, de hasta 490 euros brutos al mes, se aplicarían en el complemento de destino, uno de los que cobran todos los jueces y fiscales, y supondría que el Gobierno destine a los salarios de ambos cuerpos hasta 46,7 millones de euros más que ahora. El Ejecutivo ofreció que esta cuantía, con la que se quiere retribuir la adaptación de jueces y fiscales a las exigencias de las nuevas leyes procesales, se reparta con la fórmula que elijan las asociaciones: repercutiendo en mayor medida en los jueces y fiscales de más categoría, en los del medio o en los de categorías inferiores. En cualquier caso, los jueces verían incrementado su sueldo entre 440 y 490 euros brutos al mes y los fiscales, entre 350 y 490, y en algunas de las opciones todos los jueces y fiscales tendrían incrementos mínimos de 440 euros mensuales, una subida superior a la acordada en marzo pasado con los letrados de la Administración de Justicia (431,01 de media al mes).

De la reunión de este martes deben salir jueces y fiscales con la propuesta escrita bajo el brazo y la mayoría prevé lanzar este miércoles a sus asociados una consulta telemática para que todos se pronuncien sobre la oferta del Gobierno. Ambas partes se han emplazado, en principio, a que el jueves 18 habrá un último encuentro en el que las asociaciones darán su respuesta definitiva. Y ahí es donde el escenario deja de ser previsible, apuntan fuentes de la negociación. A la espera de los últimos flecos de la propuesta del Gobierno, la mayoría de asociaciones están dispuestas a firmar, pero la APM sigue considerando la oferta insuficiente (pide un incremento de 74 millones al año frente a los 46,7 que propone el Ejecutivo) y admite que su apoyo está en el aire. Esta asociación, según coinciden distintas fuentes de la negociación, es la que ha mantenido una postura más intransigente a lo largo de las últimas reuniones, lo que ha derivado en varias situaciones de tensión y a que el acuerdo llegara, en algunos momentos, casi a darse por imposible.

La postura de la asociación mayoritaria genera dos temores en el resto de asociaciones: que la APM arrastre a otras asociaciones conservadoras, o que incluso, quedándose sola en un hipotético rechazo al acuerdo, el Gobierno retire su propuesta si el pacto no es unánime. Dirigentes consultados de otras asociaciones, conservadoras y progresistas, confían en que cada una decidirá de forma individual y en que el eventual desmarque de cualquiera de ellas no frustre el pacto. “No debería ser así porque esto sería como conceder derecho a veto a quienes mantengan la postura más radical”, advierte Jorge Fernández Vaquero, de la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV, 846 asociados), la segunda más representativa y de tendencia conservadora, pero tradicionalmente más moderada que la mayoritaria. Si todas las asociaciones menos la APM están finalmente de acuerdo, las fuentes consultadas dan por hecho que el Gobierno firmaría y, en ese caso, esta asociación tendría que decidir si va sola a la huelga después de que se haya firmado un acuerdo que implica incrementos salariales de hasta 490 euros al mes. “Por cómo ha ido la negociación, la batalla de la opinión pública la tienen perdida los que hagan huelga”, señala un dirigente de una de las asociaciones.

El portavoz de la segunda asociación más representativa, aunque prefiere esperar a las reuniones de esta semana para ver en qué acaba el conflicto, se muestra optimista. ”Se nos queda algo corta la subida general, pero hay que tener en cuenta que es una cantidad que es la primera vez en 20 años que se pone encima de la mesa de retribuciones, la primera vez que hay un reconocimiento de la necesidad de adecuar… Sería deseable un esfuerzo un poquito mayor porque la perdida de poder adquisitivo ha sido grande, pero llevamos dos semanas negociando y, siempre que este sea un punto de inicio y no un punto final, puede plantearse como una posible salida”, señala Fernández Vaquero. También la asociación que aglutina a los jueces progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia, califica de “positivo” el balance de la negociación. “Dentro de la oferta de los ministerios está que la mesa quede abierta para que unos grupos de trabajo desarrollen temas como los trienios, guardias, cargas trabajo, salud laboral. Eso quedaría pendiente, pero ya hay un buen punto de partida”, destaca.