La vivienda y la ley andaluza sobre Doñana desplazan al ‘solo sí es sí’ en el choque entre Gobierno y oposición
Sánchez asegura que la ley que pone tope al precio del alquiler se cumplirá también en las comunidades gobernadas por el PP, y Gamarra acusa al Ejecutivo de estar instalado “en el caos”
La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual o del solo sí es sí, durante semanas el plato fuerte de la oposición del PP, se ha convertido en mera guarnición en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso. Ahora el menú lo encabezan la política de vivienda —con la ley que se vota mañana y las sucesivas promesas de Pedro Sánchez para poner en el mercado un total de 183.000 viviendas públicas— y ...
La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual o del solo sí es sí, durante semanas el plato fuerte de la oposición del PP, se ha convertido en mera guarnición en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso. Ahora el menú lo encabezan la política de vivienda —con la ley que se vota mañana y las sucesivas promesas de Pedro Sánchez para poner en el mercado un total de 183.000 viviendas públicas— y la disputa entre el Ejecutivo y la Junta de Andalucía por la futura ley autonómica que legaliza terrenos de regadío junto al parque natural de Doñana. Al día siguiente del choque en el Senado entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno ha insistido en que hará todo lo posible para que la ley de vivienda se cumpla “en todos y cada uno de los territorios de este país”, incluidos aquellos donde gobiernan los populares, reacios a aplicar los topes a los alquileres en las llamadas “zonas tensionadas”. Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo ha reclamado a la Junta que “acabe de una vez con el atropello en Doñana”. En un Congreso tomado ya por la campaña electoral del 28-M, Cuca Gamarra, portavoz del PP, ha acusado a Sánchez de haber instalado a España “en el caos” y ha repetido las palabras de Feijóo ayer: “Derogaremos el sanchismo”.
La prueba de la bajada en intensidad de la bronca política por la ley del solo sí es sí, sus efectos indeseados —un millar de rebajas de condenas a agresores sexuales y un centenar de excarcelaciones hasta la fecha— y su reciente reforma estaba en el mismo orden del día del pleno. Solo una pregunta, la penúltima, para Irene Montero, ministra de Igualdad, y una breve referencia de Gamarra durante su duelo con Sánchez. En la anterior sesión de control, el día 19, el solo sí es sí centró la primera pregunta, precisamente de Gamarra a Sánchez, hubo otras dos directas a Montero y las referencias a las rebajas de condena estuvieron presentes casi en cada intervención. Al día siguiente, la Cámara aprobó la reforma de la citada ley, con choque entre Podemos y PSOE y un pleno casi monográfico sobre el asunto.
Esta mañana, en cambio, el agua de Doñana y la construcción de viviendas públicas han acaparado la hora y media de la sesión de control. Gamarra ha empezado usando la ironía en su pregunta a Sánchez: “Se hacen apuestas de cuántas viviendas anunciará hoy”, le ha dicho, aludiendo a que, en los últimos días, el presidente ha prometido de forma solemne, hasta en tres ocasiones sucesivas, sendos paquetes de miles de pisos protegidos. La única política de vivienda de Sánchez, ha dicho Gamarra, es “seguir residiendo en La Moncloa”. El presidente ha aprovechado su réplica para preguntar al PP por qué este jueves va a votar en contra de la ley de vivienda y para lanzar una advertencia: “Ya le puede ir diciendo a todas sus comunidades [donde gobierna el PP] que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país. Ustedes son muy dados a no cumplir con la legislación, y le vuelvo a exigir a usted y a su partido que cumplan con la legislación europea y acaben con el atropello en el parque nacional de Doñana”.
Sánchez no ha explicado de qué manera garantizará su Ejecutivo que la ley —que fija topes al precio del alquiler, especialmente en zonas urbanas con precios disparados— va a cumplirse en las comunidades gobernadas por el PP, teniendo en cuenta que algunos de los elementos recogidos en la norma dependen de decisiones que son competencia autonómica.
El Gobierno, tras insistir una y otra vez en las medidas adoptadas en esta legislatura y en la buena marcha de la economía, percutió sobre ambos asuntos —la vivienda y Doñana— durante toda la sesión, en la que Vox y PP, pero también Junts, insistieron en hablar sobre lo que, aparentemente, le interesaba más al propio Ejecutivo. Los partidos de la derecha acusaron al Gobierno de ostentar el “récord de destrucción de presas” (“108 en 2021″, coincidieron) en lugar de mantenerlas para garantizar el abastecimiento de agua, lo que la vicepresidenta Teresa Ribera aprovechó para afear a la oposición el supuesto “desconocimiento mayúsculo” sobre los planes de sequía y el sistema hidrológico español.
El PP respondió reprochando a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica que lo único que ha hecho por Doñana es “una entrevista para insultar al presidente de la Junta de Andalucía”. “Dejen de insultar al Gobierno andaluz y hagan alguna propuesta”, ha pedido el popular Juan José Matarí.
Las okupaciones siguen a la baja
Las últimas estadísticas de criminalidad son un nuevo jarro de agua fría para el discurso alarmista sobre la okupación de viviendas en España. El número de estas infracciones penales registradas en el primer trimestre de este año fue de 3.898, un 11% menos que el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 4.385, y un 16% inferior a las 4.634 de 2021, según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior. El dato confirma la tendencia ya apuntada por las cifras de 2022, en las que por primera vez se frenaba un fenómeno que había sufrido un continuo y acusado incremento bajo gobiernos de diferente signo desde 2016. El año pasado se registraron 16.726 okupaciones, un 3,2% menos que en 2021, cuando esta cifra se había disparado hasta las 17.274, máximo histórico.
La estadística recoge dos modalidades delictivas: las usurpaciones ―referidos a las entradas en pisos vacíos propiedad de bancos o fondos de inversión y que son la gran mayoría― y los allanamientos de morada ―en los que lo que se okupa es la vivienda habitual o la segunda residencia de particulares, cuyo número es mucho menor―. El primer delito está castigado con un máximo de seis meses de cárcel. El segundo, con hasta dos años. Los expertos ya consideraron los datos de 2022 como un primer síntoma del estancamiento de un fenómeno, pero recomiendan esperar a ver cómo evoluciona en los próximos años.
Por comunidades, el descenso alcanza a 13, entre ellas las cuatro más afectadas por este fenómeno, que acumulan el 78% de todas las denuncias. Así, en Cataluña, donde más denuncias se reciben, con diferencia, se ha pasado de las 1.875 del primer trimestre de 2022 a 1.673 del mismo periodo de este año (un descenso del 11%); en Andalucía, de las 618 a 594 (un 4% menos); en la Comunidad Valenciana, de 531 a 420 (un 21% inferior), y en Madrid, de las 407 a 369 (un 9,5% más bajo). Solo en cuatro comunidades las cifras han aumentado, aunque en todas ellas de modo casi simbólico. Así, en Asturias se ha pasado de 15 a 16; en La Rioja, de 12 a 13; en Baleares, de 108 a 111; y en Canarias, de 134 a 148. La estadística no incluye al País Vasco al no tener los datos de la Ertzaintza.