Atasco en la Operación Deluxe por el aluvión de perjudicados

Al cantante Omar Montes, un habitual de la prensa rosa y participante de reality shows como Supervivientes, le salta un mensaje de WhatsApp a las 17.40. Es 13 de agosto de 2018 y, para entonces, su nombre lleva días resonando en Sálvame, el programa estrella del corazón de Telecinco (Mediaset), donde se destripan detalles de sus antecedentes y problemas policiales. “Hola. Soy Gustavo. Te llamé para quedar tú y yo, solos, como me dijiste. Pero me gustaría que fueras sincero. Yo voy de frente. Respeto tod...

Al cantante Omar Montes, un habitual de la prensa rosa y participante de reality shows como Supervivientes, le salta un mensaje de WhatsApp a las 17.40. Es 13 de agosto de 2018 y, para entonces, su nombre lleva días resonando en Sálvame, el programa estrella del corazón de Telecinco (Mediaset), donde se destripan detalles de sus antecedentes y problemas policiales. “Hola. Soy Gustavo. Te llamé para quedar tú y yo, solos, como me dijiste. Pero me gustaría que fueras sincero. Yo voy de frente. Respeto todo y a todos. Y soy objetivo. Jamás he tenido ni necesidad ni intención de hacer daño a nadie. Mi trabajo es dar información de personas con dimensión pública, y es tu caso”.

Quien le escribe es Gustavo González, un conocido paparazi y colaborador de Sálvame, convertido en el eje de la investigación policial bautizada oficialmente como Operación Luna, pero más conocida como Operación Deluxe. Unas pesquisas que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional abrió en abril de 2017 ante la sospecha de que algún agente filtraba al programa datos confidenciales sobre decenas de famosos, y que seis años después siguen sin poder cerrarse. La personación de un elevado número de afectados —más de una treintena, según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS— ha derivado en una batería de recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid, que ha frenado el final de la instrucción, pese a que el juez Marcelino Sexmero la da prácticamente por finiquitada desde hace casi un año.

Para comprender las múltiples aristas del caso, que cuestiona también los límites de la libertad de información (así como la relación de los periodistas con sus fuentes), solo hace falta echar un vistazo a los cientos de páginas del sumario. La investigación de Asuntos Internos condujo primero hasta Ángel Fernández Hita, un policía de la Brigada Móvil de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Madrid. Este hombre, una especie de mitómano que “disfruta de relacionarse” con los colaboradores de la prensa rosa, había tejido amistad con Gustavo González y le suministraba información confidencial de famosos, a la que accedía presuntamente a través de las bases de datos policiales: fichas y antecedentes policiales, fotografías, datos de filiación, matrículas, denuncias que habían puesto o recibido...

La Policía creía que había algo más detrás de ese suministro de datos: sospechaba que se le podía estar pagando a Hita —aunque, según fuentes judiciales, no se ha logrado aportar ninguna prueba de ese cohecho—. Así que elevaron el tiro, y apuntaron al propio programa y a su productora (La Fábrica de la Tele), que han acabado imputados como personas jurídicas. También fueron imputados los responsables de Sálvame y varios de sus trabajadores. Ellos defienden que les ampara el derecho a la libertad de información y que el policía solo era una fuente (cuentan que simplemente pedían a Gustavo González que confirmara información a través de su contacto, “siempre en el marco de la ley y dentro de su actividad periodística”).

Cohecho descartado

Con todos estos elementos sobre la mesa, el juez Sexmero hace prácticamente un año que daba por finalizada la instrucción y se preparaba para dictar el auto donde debe proponer a quién sentar en el banquillo por revelación de secretos (ya que el delito de cohecho lo da por descartado). Pero, como la intervención de los dispositivos móviles del paparazi había deparado el hallazgo de una ingente cantidad de datos de terceras personas, el magistrado ordenó entonces a la Policía que buscara a los perjudicados (más de 180, según un informe) y les ofreciera personarse —en ese momento, solo había tres denunciantes: uno de ellos, Omar Montes—. Y se abrió así la puerta a un aluvión.

El caso, que había pasado desapercibido hasta entonces, saltó justo a la prensa en esa época y se difundieron multitud de detalles del sumario. Los ánimos se encendieron y el mundillo del corazón no hablaba de otra cosa. Las cuitas personales se intensificaron. Y algunos empezaron a ver la posibilidad de conseguir una indemnización sustanciosa: la acusación por un delito de revelación de secretos decae si el afectado perdona al imputado. Todo ello, sumado a quienes realmente se consideran víctimas y no buscan dinero, ha formado un cóctel explosivo.

El 22 de diciembre, el fiscal Fidel Solera pidió al juez que ampliara el plazo de la instrucción, y advertía de que la causa “se puede dilatar excepcionalmente atendiendo al número de afectados”. El magistrado aceptó, prorrogando la causa hasta el 21 de julio. Según un listado al que tuvo acceso EL PAÍS, se han personado ya más de 30 posibles perjudicados: entre ellos, la presentadora Mariló Montero; la cantante Isabel Pantoja; el humorista Ángel Garó; el exalcalde marbellí Julián Muñoz y su exmujer Mayte Zaldívar; Aída Nízar, exconcursante del programa de telerrealidad Gran Hermano; el empresario José Antonio Matamoros, Coto Matamoros, habitual de la prensa rosa; una hija del futbolista fallecido Alfredo Di Stéfano...

Según varias fuentes jurídicas, la personación ha sido progresiva y se ha traducido en una “batería” de escritos y recursos que ha ralentizado el proceso. De hecho, según estas mismas fuentes, el juez Sexmero se encuentra a la espera de que la Audiencia de Madrid resuelva las numerosas alegaciones que han presentado las diferentes partes, a las que se está dando respuesta poco a poco. Una vez acabado ese trámite, el juez dictará el auto donde proponga quién debe sentarse finalmente en el banquillo.