Los sindicatos cifran en más del 80% el seguimiento del primer día de paro parcial de los funcionarios judiciales y Justicia lo rebaja al 15%
Los trabajadores reclaman un incremento salarial “en la línea” del concedido a los letrados de la Administración de Justicia
Alrededor de 45.000 funcionarios judiciales están llamados desde este lunes a paros parciales de tres horas al día para reivindicar una subida salarial “en línea con la aprobada para los letrados” y la paralización de la ...
Alrededor de 45.000 funcionarios judiciales están llamados desde este lunes a paros parciales de tres horas al día para reivindicar una subida salarial “en línea con la aprobada para los letrados” y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que, aseguran, les impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación. La primera jornada de huelga ha provocado la suspensión de centenares de miles de actuaciones en los juzgados y tribunales. Según los representantes de los trabajadores, se han visto afectadas declaraciones, notificaciones, citaciones, comparecencias, juicios, embargos, desahucios, diligencias del registro civil e institutos de medicina legal y de toxicología. Los sindicatos convocantes (CSIF, CCOO, UGT y STAJ) cifran en más del 80% el seguimiento del primer día de paro. El ministerio lo rebaja hasta el 15,03% sobre el total de los funcionarios de la Administración de Justicia pertenecientes a las provincias, ciudades autónomas y órganos gestionados directamente por el ministerio, mientras que, entre las comunidades que han facilitado datos, Andalucía cifra el seguimiento en el 31,6% y el País Vasco, en el 23%.
“No vamos a entrar en una guerra de cifras de participación en la huelga: la Administración dirá que hemos sido unos pocos, pero sabemos que ha habido una altísima participación en este primer día”, afirman desde CCOO. La convocatoria abarca a todos los cuerpos generales de la Administración de Justicia, desde los de auxilio judicial a los tramitadores procesales, gestores procesales y administrativos. De este personal dependen muchas de las funciones que se hacen cada día desde los juzgados, como la atención al público, el registro de documentos, la notificación de diligencias y autos, reclamaciones, sanciones, multas o comunicación con las partes. También están convocados al paro los médicos forenses y los facultativos de los Institutos de Toxicología, además del resto de personal de estos organismos.
Todos son funcionarios de cuerpos nacionales que orgánicamente dependen del Gobierno central, aunque la mayoría de las comunidades autónomas tienen transferida la gestión de la Justicia (todas excepto Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares y Ceuta y Melilla). No obstante, los sindicatos han centralizado su reclamación es dos cuestiones que son competencia directa del ministerio que dirige Pilar Llop: el complemento general del puesto (una retribución de carácter básico que se fija por los Presupuestos Generales del Estado y que está ligada a las funciones que realiza el funcionario) y la ley de Eficiencia Organizativa que tramita el Gobierno.
El complemento general del puesto oscila ahora entre los 2.421 euros al año que cobra un funcionario de auxilio judicial (C2) y los 21.848 que cobra un médico forense. Los sindicatos reclaman incrementos de entre 350 y 450 euros al mes, en la línea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales) que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo. Ese pacto está en el trasfondo de la huelga iniciada ahora por los funcionarios judiciales, que a lo largo del conflicto con los letrados se opusieron a que el ministerio negociara unilateralmente con ellos, y habían advertido de que, si se alcanzaba un pacto que solo beneficiara a ese cuerpo, el resto se movilizaría para reivindicar mejoras similares.
Respecto a la ley de eficiencia organizativa, los sindicatos reclaman que se garantice el empleo y las retribuciones, y que no va a haber procedimientos de movilidad forzosa, aspectos que, aseguran, quedan en peligro con la nueva norma, que prevé la posibilidad de encomendar tareas de tribunales con mucha carga de trabajo a personal de otros destinos o fusionar las tareas de distintos juzgados.
Simultáneamente al paro de tres horas (de 10.00 a 13.00), este lunes se han realizado en los edificios judiciales concentraciones o asambleas de trabajadores. Para este miércoles 19 de abril los funcionarios están llamados a una jornada de huelga general y una manifestación que partirá del Ministerio de Justicia y para la que se están fletando autobuses para que acudan funcionarios de toda España.
“La primera jornada de huelga ha sido un completo éxito, un 85% de la plantilla, más de 35.000 funcionarios, ha secundado los paros”, ha asegurado Javier Jordán, responsable de Justicia del CSI-F, el sindicato mayoritario, que ha lamentado los efectos del paro para la ciudadanía, pero ha culpado al ministerio. “El Gobierno no nos ha dejado otra salida. La situación de la justicia es lamentable, hacen falta más medios y sobre todo clarificar las funciones que hacen los funcionarios”. Desde Comisiones Obreras, Luis Calero, secretario general del sector de la Administración de Justicia, ha reclamado que el ministerio se siente a negociar con los sindicatos, pero el departamento que dirige Llop no ha fijado, de momento, un calendario de negociación.