El Constitucional debatirá la semana que viene los recursos sobre memoria histórica e impuesto a las grandes fortunas
El tribunal también dictará sentencia sobre la ley Celáa, avalando que puedan denegarse subvenciones a los centros que segregan por sexos
El Constitucional ha convocado pleno para la semana que viene, con un orden del día que incluye el debate y la decisión de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley de Memoria Democrática y las impugnaciones que las comunidades autónomas de ...
El Constitucional ha convocado pleno para la semana que viene, con un orden del día que incluye el debate y la decisión de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley de Memoria Democrática y las impugnaciones que las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y Galicia han presentado contra la ley que establece el impuesto a las grandes fortunas. El tribunal ya admitió a trámite el pasado 7 de febrero el recurso que ha presentado Vox contra la citada ley de Memoria Democrática, lo que supone que el órgano de garantías ha asumido la trascendencia constitucional del caso y que a la vez anuncia que el asunto se resolverá en su día por sentencia, tras abrirse un plazo para alegaciones de las partes.
La ley de Memoria Democrática fue aprobada por el pleno del Senado el pasado 5 de octubre. El texto fue pactado con Bildu, Más País, PDeCAT y PNV. A lo largo de ese último debate sobre el texto propuesto, la Cámara Alta rechazó los vetos de PP, Vox, Ciudadanos y UPN y no aceptó ninguna de las 521 enmiendas presentadas a distintos aspectos del articulado. El recurso de Vox, que será el primero que se debata en el tribunal, por haber sido el primero en presentarse, planteaba que la ley supone “exaltar la memoria de unos españoles y despreciar la memoria de otros”. Con ello –añadía la impugnación- “se pretende dinamitar del imaginario colectivo a un bando de la Guerra Civil, así como el establecimiento, desarrollo y posterior final del régimen posterior a la misma”. El PP, a su vez, planteó reiteradamente por medio de su portavoz, Cuca Gamarra, a lo largo de los debates parlamentarios que España no necesita un Gobierno “que esté mirando al pasado y que busque enfrentar y dividir”, y prometió promulgar una ley de Concordia “cuando los españoles le den esa oportunidad de gobernar”.
La ley del impuesto a las grandes fortunas, a su vez, fue aprobada el pasado mes de diciembre, contando con el rechazo de los órganos de gobierno de Andalucía, Madrid y Galicia, que la han impugnado ante el Constitucional por considerarla discriminatoria. El Ejecutivo madrileño argumentó que se trata de “un nuevo impuesto que va contra el ahorro y la inversión, y que tendrá efectos negativos para Madrid, que aglutina tres de cada cuatro euros de la inversión extranjera que viene a España, por lo que podría bajar la recaudación en 5.000 millones de euros”. El portavoz del Gobierno de la Comunidad, Enrique Ossorio, subrayó que “a eso hay que añadir los inversores que no van a venir por la aplicación del nuevo impuesto: dejarán de llegar entre 1.200 y 1.600 millones de euros de inversión extranjera al año”, por lo que a su juicio el impacto negativo del nuevo gravamen en las cuentas madrileñas alcanzaría un mínimo de 6.200 millones de euros.
En su pleno de la próxima semana el Constitucional también se propone dictar sentencia sobre la reforma educativa de la ley Celáa, cuyo primer borrador fue rechazado por la mayoría progresista. El nuevo texto, revisado por su propio ponente, el magistrado Ricardo Enríquez, del sector conservador, recogerá los criterios de la mayoría en cuanto a las subvenciones a los centros que segregan por sexos. La propuesta inicial era estimar inconstitucional negar tales subvenciones, pero el criterio dominante en el tribunal es que dicha previsión legal no vulnera los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. La sentencia, por tanto, no considerará contrario a la Constitución que los poderes públicos puedan manejar los recursos de acuerdo con sus prioridades, y que ello opere en detrimento de las subvenciones a dicho tipo de centros educativos. El Constitucional, en suma, dirá en su momento que no es contrario a la Constitución denegar ayudas públicas a los colegios que separen por sexos.
El Constitucional resolverá también dos recursos presentados por el PP contra la decisión de no permitir que la magistrada del tribunal Concepción Espejel se abstuviera de participar en la deliberación de la sentencia sobre la ley del aborto y contra el auto por el que se rechazaron cuatro recusaciones contra otros tantos miembros del órgano de garantías. Fuentes del tribunal estiman que ninguna de estas decisiones tiene posibilidades de prosperar, habida cuenta de que las resoluciones impugnadas no serían recurribles.
El pleno mantendrá asimismo una primera deliberación sobre la ley de horarios comerciales de Cataluña. Esta normativa se remonta a 2004 y fue objeto de cambios por vía de decretos-leyes en 2012. El recurso fue presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 y el núcleo del conflicto se refiere a los límites de las respectivas áreas competenciales del Estado y la citada comunidad autónoma.