El general de la Guardia Civil imputado por el ‘caso Cuarteles’ torpedeó la investigación en 2017

El teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava, imputado por su supuesta implicación en el caso Cuarteles de corrupción, consiguió en 2017 que se archivara la primera investigación sobre ...

El teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava, imputado por su supuesta implicación en el caso Cuarteles de corrupción, consiguió en 2017 que se archivara la primera investigación sobre la adjudicación irregular de contratos de obras que ahora lo implican, según detallan informes internos del instituto armado a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Entonces, el Servicio de Asuntos Internos había planteado a la cúpula de la Guardia Civil remitir a la Fiscalía las pesquisas iniciadas sobre el constructor Ángel Ramón Tejera de León, Mon, por el sospechoso incremento de los contratos que recibía para remodelar cuarteles y la supuesta implicación de algún agente en las irregularidades que lo habían propiciado. Sin embargo, eso nunca se llegó a hacer. Un informe de Vázquez Jarava en el que este descartaba que en los hechos investigados hubiera “indicio de delito” llevó al entonces director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado Merino, el último de los gobiernos de Mariano Rajoy, a ordenar que no se enviara la información a la Fiscalía y, además, cesaran las pesquisas.

La investigación que dirige una jueza de Madrid ha revelado ahora que el teniente general y el empresario entonces ya investigado tenían una estrecha relación y que este supuestamente agasajó al alto mando con viajes, estancias en hoteles de lujo y entradas para ver partidos de fútbol del Real Madrid. Las pesquisas salpican ya a 13 comandancias y han puesto bajo sospecha 193 contratos con un valor estimado de 3,3 millones de euros. Las irregularidades detectadas van desde la emisión de facturas falsas por trabajos que nunca se ejecutaron al fraccionamiento injustificado de los presupuestos de las obras en cantidades que no superaran los 5.000 euros para eludir controles. El teniente general, que supuestamente llamaba a los jefes de las comandancias para ordenarles que contrataran al constructor canario, está acusado de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y malversación. Hay un segundo alto mando de la Guardia Civil imputado.

La investigación supuestamente torpedeada por Vázquez Jaraba se inició en 2017 y se plasmó en un primer “borrador” de informe el 18 de abril de ese año. Ese día, Asuntos Internos de la Guardia Civil remitió al entonces director adjunto operativo del instituto armado, el general Pablo Martín Alonso, máximo responsable uniformado, cuatro copias de este documento, en el que se ponía el foco en el “incremento de los contratos adjudicados” por distintas comandancias al empresario Tejera de León, ahora también imputado en el caso Cuarteles y cuyo nombre aparece mencionado en el sumario del caso Mediador, otra causa de corrupción en la que están imputados el también general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni. En el documento, Asuntos Internos planteaba enviar la información recabada, en la que ya se apuntaba la existencia de “indicios de ilicitud” en aquellas adjudicaciones, a la Fiscalía para que esta iniciase diligencias de investigación.

Sin embargo, aquel informe “borrador” nunca se plasmó en un documento oficial ni se envió a la Fiscalía. El motivo fue supuestamente la intervención de Vázquez Jarava. El teniente general fue el destinatario de una de las copias del documento de Asuntos Internos, del que hizo un “informe contestación” en el que concluía que “en las actuaciones informadas no existe indicio de delito”. El alto mando ahora imputado añadía que, por tanto, no era “preciso dar traslado a la Fiscalía” del mismo. Siete meses después, el 27 de diciembre, el entonces director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, dictaba una resolución en la que ordenaba el definitivo archivo de la investigación, además de establecer “el cese de las actuaciones” de Asuntos Internos en este asunto. Dos semanas más tarde de esta orden, Vázquez Jarava pasaba a la condición de retirado por la edad y abandonaba la Subdirección General de Apoyo.

Sin embargo, la investigación se reactivó cinco meses más tarde, en mayo de 2018, cuando la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, recibió un escrito anónimo en el que se denunciaban supuestas irregularidades en la contratación de obras de pintura e impermeabilización en 27 casas cuarteles de la provincia de Ávila. El entonces número dos de Interior, José Antonio Nieto ―aún gobernaba el PP y el ministro era Juan Ignacio Zoido―, remitió la misiva a la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Guardia Civil y esta, a su vez, a Asuntos Internos para que investigara la veracidad de lo que denunciaba. Se reactivaba así la investigación, ahora bautizada como caso cuarteles.

El 24 de enero de 2020, casi dos años más tarde, los investigadores remitían al Juzgado de Instrucción 2 de Ávila, que entonces llevaba la causa hasta su inhibición en un juzgado de Madrid, un informe en el que detallaban el avance de las pesquisas y como estas, que se habían iniciado en la provincia castellanoleonesa, alcanzaban ya a otras comandancias. Ese documento ya citaba en 14 ocasiones al teniente general y destacaba que el constructor canario lo había implicado en la declaración que había hecho ante el juez unos meses antes al reconocer que mantenía una “relación personal” con él y otros mandos de la Guardia Civil.

“Incremento exponencial e inusual”

El documento policial señalaba que el periodo en el que Vázquez Jarava había sido el responsable de gestionar los recursos financieros del instituto armado ―de octubre de 2015 a enero de 2018― coincidía con “un incremento exponencial y aparentemente inusual en la adjudicación de obras al mencionado contratista” tanto en los importes facturados como en las comandancias implicadas. Solo en un año, 2016, se había adjudicado contratos de la Guardia Civil por un valor cercano a los 1,4 millones de euros.

Otro de los imputados, el teniente coronel jefe de la comandancia de Ávila, también implicó a su superior: “[Vázquez Jarava] me volvió a recomendar a este constructor [Tejera de León] por tener capacidad de hacer muchas actuaciones de forma simultánea en toda la provincia y en corto plazo de tiempo, que era lo adecuado para llevar en tiempo y forma este acondicionamiento y mejora de vida de mis guardias y mis cuarteles”. En ese informe, Asuntos Internos ya pidió al juez que se le permitiera interrogar como investigado al teniente general, el mismo que dos años y medio antes había conseguido parar su primera investigación. Finalmente, el general fue imputado por la jueza el 14 de enero de 2022 —aunque no se ha sabido hasta ahora— y declaró ante el juez tres meses después, aunque el contenido de su testimonio no ha transcendido.