Suspiros de España en El Aaiún

“Cada vez somos menos los que hablamos español en El Aaiún”, lamenta Saleh Marsui bajo el sol ya ardiente del Sáhara. “Ojalá que pronto seamos más”. Solo tenía cinco años cuando, el 26 de febrero de 1976, fue arriada la bandera roja y amarilla en la sede de la gobernación de El Aaiún, el mismo edificio de arquitectura morisca donde hoy ondea la enseña roja y verde marroquí. Su padre se alistó en las tropas nómadas y tenía DNI español, pero todos sus documentos se perdieron cuando las fuerzas de Marruecos entraron en la ciudad cuatro meses después de la ...

“Cada vez somos menos los que hablamos español en El Aaiún”, lamenta Saleh Marsui bajo el sol ya ardiente del Sáhara. “Ojalá que pronto seamos más”. Solo tenía cinco años cuando, el 26 de febrero de 1976, fue arriada la bandera roja y amarilla en la sede de la gobernación de El Aaiún, el mismo edificio de arquitectura morisca donde hoy ondea la enseña roja y verde marroquí. Su padre se alistó en las tropas nómadas y tenía DNI español, pero todos sus documentos se perdieron cuando las fuerzas de Marruecos entraron en la ciudad cuatro meses después de la Marcha Verde: el masivo movimiento humano para irrumpir en el territorio español en el otoño de 1975, mientras agonizaba el dictador Francisco Franco.

El prefecto apostólico (equivalente a obispo) Mario León oficia la misa del segundo domingo de Cuaresma en la iglesia de San Francisco de Asís de El Aaiún, donde vive desde hace dos décadas. El templo preside la plaza en la que latía el corazón del Sáhara Occidental, cuando la que fue primero colonia y luego la provincia número 53 de España enviaba representantes a las Cortes franquistas. “El Señor dijo a Abraham: ‘Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré”, predica con la lectura del Génesis monseñor León, nacido en Madrid hace 48 años, ante estudiantes senegaleses, empleados de la ONU filipinos o contratistas griegos.

Los habitantes de su diócesis, cerca de un millón, son musulmanes, pero decenas de miles entre ellos tienen raíces en un pasado colonial que se extinguió hace medio siglo. Ahora suspiran por un pasaporte español, al que podrían optar si se aprueba finalmente la propuesta de ley de concesión de la nacionalidad para saharauis que echó a andar el mes pasado en el Parlamento con el voto de casi todos los partidos, aunque no el del PSOE.

“Estoy deseando tener la nacionalidad. Es algo natural. Nací cuando El Aaiún todavía era un lugar español”, explica Marsui, empleado del colegio La Paz, dependiente del Ministerio de Educación. “De momento”, aclara, “ya estoy afiliado a Comisiones Obreras”. Ve como algo normal poder contar con un pasaporte como el que ya tienen buena parte de los más de 870.000 marroquíes residentes en España. Según estadísticas que la agencia Efe obtuvo del Ministerio español de Justicia en 2017, 211.709 marroquíes obtuvieron la nacionalidad española entre 2000 y 2016.

Son decenas de miles los saharauis que encajan en la ley en tramitación parlamentaria. Entre 27.000 y 38.000, como mínimo, nacieron en un Sáhara bajo bandera española, según fuentes españolas en el territorio. Y a estos hay que sumar sus descendientes en primer grado. Esas estimaciones apuntan a que hay entre 90.000 y 120.000 saharauis autóctonos con vínculos con la Administración colonial que viven en el Sáhara Occidental y otros 20.000 o 30.000 que están asentados en los campamentos de Tinduf, en Argelia, bajo el control del Frente Polisario. Un 25% de todos ellos tiene más de 50 años —lo que, de acuerdo con la proposición de ley en tramitación, les allanaría el camino hacia la nacionalidad—, según muestran las cohortes de la pirámide de población publicada en 2019 por la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.

Resulta más complejo calcular el porcentaje que representan sus hijos, también con derecho eventual a solicitar el pasaporte español en un plazo posterior de cinco años. La norma en trámite prevé además la reducción a dos años del plazo para adquirir la nacionalidad por residencia, como ocurre con los ciudadanos de países con mayor vinculación histórica. En el Sáhara viven en la actualidad entre 10.000 y 15.000 nacionalizados españoles por otras vías, según datos consulares recogidos por Efe.

Los judíos sefardíes tuvieron que esperar 500 años hasta ver reconocido en 2015 su derecho a ser españoles. Los saharauis habrán aguardado medio siglo si finalmente se aprueba en el Parlamento la norma que les otorga la nacionalidad por carta de naturaleza. El primer Gobierno de la Transición les concedió tan solo un año, a partir de mayo de 1976, para “ejercer la opción a la nacionalidad española”, un derecho que en la práctica no pudieron invocar. La mayoría carecía de documentos y no existía una representación oficial española, que solo se reabrió en 1978 con la llamada Depositaría de Bienes del Estado Español en El Sáhara. Al frente de esta delegación se halla un funcionario no diplomático que realiza tareas consulares auxiliares. Se instaló en el Casino o Casa de España, con un gran salón de baile colonial; no lejos de la sede de la Misión Cultural Española, cerrada hoy y en mal estado de conservación. El Parador y los palacios municipal y de gobernación, en manos marroquíes, no han dejado de tener nunca un aire inequívocamente español en tierra extraña.

Polvorín geopolítico

El padre León fue nombrado directamente por el Vaticano al frente de una demarcación eclesial convertida en polvorín geopolítico. En la misa semanal, universitarios subsaharianos que han insuflado vida a las agonizantes comunidades cristianas del Magreb, así como personal multinacional de la Minurso (la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), conforman una comunidad de un centenar de fieles que rezan y cantan unidos antes de darse la paz.

Ofrece café y pastas en la casa rectoral aneja al templo. Como otros buenos conocedores del territorio, estima que entre el 10% y el 15% de sus habitantes (de los que cerca de la mitad viven en El Aaiún) nacieron (o son descendientes) de la población de la excolonia anterior a 1976. “Por lo que veo entre los saharauis, es previsible que haya muchos miles de solicitudes de pasaporte español”, asegura, “ya que conservan documentos de identidad, están registrados en el censo español de 1974 o en el de la Minurso”.

Como observador durante 20 años de altibajos de turbulencias y calma chicha, Mario León constata que tras la pandemia se ha aplacado la tensión nacionalista en el Sáhara. “Marruecos se ha concentrado en el desarrollo del territorio, con el nuevo puerto de Dajla [la Villa Cisneros colonial], la carretera costera que avanza hacia África Occidental, la universidad y los centros de formación profesional superior, y el gran complejo hospitalario en construcción en El Aaiún”, detalla mientras muestra en Google Maps la expansión de la capital saharaui, que ronda los 400.000 habitantes.

En el apacible y cuidado centro de El Aaiún, el McDonald’s está a rebosar de jóvenes y familias de clase media, como en cualquier gran ciudad de Marruecos. No se observa despliegue de las Fuerzas Auxiliares, unidad rápida de intervención de seguridad, en la cabecera de la carretera de Esmara, que se interna en el desierto a través de barrios populares saharauis, escenario ocasional de protestas del Frente Polisario. Esa vía conduce hasta las minas de Fos Bucraa, que fueron de propiedad estatal española y entraron en explotación poco antes de la Marcha Verde mediante una cinta transportadora de un centenar de kilómetros que aún sigue rasgando el paisaje como una cicatriz.

El colegio español triplica su alumnado

“Esta es la única institución oficial española que nunca ha cerrado sus puertas”, resalta Luis García Zafra, director del colegio español La Paz de El Aaiún, quien ha vivido 12 de sus 65 años en la capital del Sáhara. Dependiente del Ministerio de Educación a través de la Embajada en Rabat, los colores blanco y azul de la indumentaria nómada siguen vistiendo los muros del que fue colegio nacional a comienzos de los años setenta del siglo pasado.

“En el curso 2018-2019 solo estábamos dos profesores para 50 alumnos de infantil y primaria. Este curso somos ya ocho docentes para 150 escolares, y ya hemos iniciado el primer curso de implantación de la ESO”, se ufana el director, que se ha visto obligado a rechazar 150 solicitudes de matrícula. “Tenemos que recuperar el español en el Sáhara, donde hay una gran demanda”, reclama García Zafra, mientras muestra las tres aulas reservadas para albergar una extensión de la sede del Instituto Cervantes de Rabat en el recinto de La Paz, en el que compartirá instalaciones como la biblioteca.

José María Martínez Alonso, director de la sede del Instituto Cervantes en Rabat, recuerda que en la reciente Reunión de Alto Nivel, el pasado febrero, los gobiernos de España y Marruecos no llegaron a abordar la cuestión. “Solo está pendiente de la decisión definitiva”, aclara. “Una extensión es una parte del centro que se encuentra en otro lugar, como en Kenitra (norte de Rabat), en nuestro caso; o en otro país, como la que existe en Ramala (Cisjordania, Palestina), dependiente del de Amán (Jordania)”, precisa. El proyecto de El Aaiún data de 2013, cuando el Gobierno del PP planteó su apertura simultánea con la de otra extensión en Tinduf (Argelia), donde se sitúan los campamentos de exiliados saharauis establecidos por el Frente Polisario. “El objetivo principal será la formación de profesores y su certificación con el DADIC (Diploma de Acreditación Docente del Instituto Cervantes), que abre puertas para extender la enseñanza del español”, explica.

Alia Erguibi aún recuerda con claridad el 26 de febrero de 1976, el día en que todo su mundo conocido dio un vuelco. Tenía 12 años cuando se arrió la bandera de España en El Aaiún. Hoy, esta empresaria pilota a los 60 años un negocio familiar de hostelería. Habla en fluido español mientras saluda en francés e inglés a los clientes y se dirige a sus empleados con una mezcla de hasaniya, el árabe del sur saharaui, y dariya, el que se habla en el norte marroquí. Estudió también en el colegio La Paz y prestó servicio en la Sección Femenina, como la mayoría de las niñas españolas bajo el franquismo, antes de sacarse el Graduado Escolar. Su padre era un comerciante que viajaba a menudo por negocios a Las Palmas de Gran Canaria y obtuvo el DNI español. “Estoy deseando que se apruebe la ley para poder pedir el pasaporte”, dice. “Me queda muy viva la memoria: España ha sido parte de la historia del Sáhara”, remacha con voz emocionada.

Los campamentos de Tinduf

“La concesión de la nacionalidad busca responder a lo que consideramos un claro derecho, y contribuir a hacer más fácil la vida de los saharauis mientras se alcanza la resolución del conflicto”, resume Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos que defendió hace un mes la iniciativa en el Congreso. “La filosofía de la ley”, afirma, “es aceptar cualquier medio probatorio válido en derecho para acreditar el nacimiento”. “No se debe olvidar que el Estado español mantiene una cooperación institucional sostenida con las autoridades saharauis en los campamentos de Tinduf”, sostiene el parlamentario de IU para defender la validez, prevista en esa proposición de ley, de “los certificados de nacimiento expedidos por las autoridades saharauis de los campamentos y legalizados por la representación del Frente Polisario en España”. Esta previsión ha sido cuestionada por la prensa marroquí al considerar que implica un reconocimiento implícito español de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, reconocida oficialmente por más de 80 países. “No creemos que ningún grupo parlamentarios plantee objeciones”, apostilla Santiago. “En todo caso, nuestro objetivo es aprobar la ley con el máximo consenso”.

El Instituto Nacional de Estadística español registró en el Sáhara cerca de 75.000 saharauis junto a 30.000 españoles en el censo de 1974. Según fuentes españolas conocedoras de la excolonia, la Minurso llegó a contabilizar entre 1991 y 2007, cuando se interrumpió la confección del censo para el referéndum por las disputas entre Marruecos y el Polisario, unos 130.000 potenciales votantes. “Esos documentos duermen en un limbo en algún sótano de la ONU en Ginebra”, apuntan las mismas fuentes. “La documentación de las comisiones de identificación elaborada en los años noventa podría estar disponible en el caso de la ley de nacionalidad para saharauis que España está estudiando”, zanja, por su parte, en la sede de la Minurso en El Aaiún, un alto cargo de la misión de la ONU.

En el colegio La Paz de El Aaiún, la toma en consideración en el Congreso de los Diputados de la propuesta de ley de nacionalidad ya ha puesto en marcha un proceso de certificaciones. Los registros del centro, que conserva los libros de escolaridad de sus exalumnos, han servido para probar la huella que dejaron los nacidos en el Sáhara español antes de que el Ejército lo abandonara en los estertores del franquismo. El maestro García Zafra muestra con orgullo las carpetas con decenas de peticiones y certificaciones emitidas con todos sus justificantes documentales. Dan fe del derecho a ser español, a expensas de que sea aprobado en las Cortes.