La Audiencia Nacional investiga por secuestro y torturas a la cúpula de seguridad de Obiang

Un hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, un ministro y el director general de seguridad están implicados en el secuestro de dos opositores con nacionalidad española

El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, se dirige a la prensa tras votar en Malabo, capital del país, el pasado 20 de noviembre.SAMUEL OBIANG (AFP)

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga a toda la cúpula de la seguridad de Guinea Ecuatorial por un presunto delito de secuestro con finalidad terrorista y torturas a dos ciudadanos españoles. Los investigados son Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos del presidente de Guinea Ecuatorial (Teodoro Obiang Nguema), secretario de Estado de la Presidencia y jefe del servicio secreto en el exterior; el ministro de Estado, Nicolás Obama Nchama, responsable de la seguridad interior; e Isaac Ngema Endo, director general de la Seguridad Presidencial, según ha podid...

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El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga a toda la cúpula de la seguridad de Guinea Ecuatorial por un presunto delito de secuestro con finalidad terrorista y torturas a dos ciudadanos españoles. Los investigados son Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos del presidente de Guinea Ecuatorial (Teodoro Obiang Nguema), secretario de Estado de la Presidencia y jefe del servicio secreto en el exterior; el ministro de Estado, Nicolás Obama Nchama, responsable de la seguridad interior; e Isaac Ngema Endo, director general de la Seguridad Presidencial, según ha podido saber EL PAÍS.

Informes de la Comisaría General de Información de la Policía a los que ha tenido acceso este diario afirman que los tres viajaron en el avión presidencial en el que se condujo desde Sudán del Sur a Malabo (Guinea Ecuatorial) a Feliciano Efa Mangué, de 44 años, y a Julio Obama, de 51, dos ciudadanos españoles y opositores al régimen capturados en 2020 mediante engaños en ese país. Y señalan que esos tres altos cargos participaron en reiteradas sesiones de tortura contra ellos y contra los ecuatoguineanos Bienvenido Ndong y Martín Obiang en la cárcel guineana en la que permanecen después de haber sido juzgados sin ninguna garantía y condenados por un supuesto golpe de Estado.

Carmelo Ovono Obiang

Para la policía, los responsables últimos y principales de este y otros casos de secuestro de opositores en Europa son el presidente Obiang, en el poder desde 1979, y su hijo Teodorín Nguema Obiang. Carmelo Ovono Obiang, de formación militar, es el responsable de la Seguridad Exterior, el servicio secreto encargado de obtener información en el extranjero.

Raíces y residencia española

Dos de los tres investigados tienen arraigo en España. Carmelo Ovono Obiang, alias Didi, de 44 años, fue el primer jefe de las Fuerzas Especiales de la ciudad guineana de Bata y obtuvo la residencia en España en 2020. Está casado con una española y tiene una hija. Vive en Marbella, y es dueño de otras dos viviendas en Barcelona y Toledo. Para obtener el certificado de residente presentó una cuenta con un saldo de 431.378 euros en el BBVA. Es administrador de la sociedad Dereck Edita y Hermanos SL en Málaga dedicada supuestamente al alquiler de inmuebles. Durante los constantes seguimientos policiales a los que ha sido sometido por la policía se le observó acompañado de un chófer español y de un guardaespaldas libanés, Ahmed Chaalan, de 26 años. En una de las vigilancias, los agentes los fotografiaron a ambos saliendo de la Tienda del Espía, en la madrileña calle de Alcalá.

Nicolás Obama, Nico, ministro de Seguridad Nacional, de 58 años, tiene un domicilio en Villalbilla (Madrid), está casado con una guineana y es padre de cinco hijos que residen en España. Isaac Nguema, Papi, definido por la Policía en sus informes como “conocido torturador”, visita España periódicamente.

Testigos protegidos y máximo sigilo

Los indicios contra el hijo del dictador Teodoro Obiang y los otros dos responsables de la seguridad nacional se sustentan, entre otras pruebas, en el testimonio de dos testigos protegidos, uno de ellos presente durante las torturas. También, en los relatos de varias de las cuatro víctimas que han logrado describirlo desde la cárcel Oveng Azem con la ayuda de un funcionario que ha huido del país. Juan Carlos Ondo, expresidente del Tribunal Supremo de Guinea, refugiado en España, es otro de los testigos principales. Ha descrito al juez Santiago Pedraz, instructor de la causa, la falta de garantías en los juicios amañados que se celebran contra los opositores secuestrados en el extranjero y conducidos ante los tribunales.

Isaac Ngema

La investigación judicial, denominada Operación Gegen, ha sido llevada a cabo en secreto y con el mayor sigilo para que no se filtrara a las autoridades de Guinea Ecuatorial. En numerosos oficios a instituciones y organismos internacionales, las peticiones de “discreción” y “reserva” han sido constantes. La Policía califica estos delitos de “crímenes de lesa humanidad”. La investigación concluye que este caso tiene multitud de patrones comunes con otros secuestros de opositores al presidente Teodoro Obiang residentes en Europa y que siempre han ocurrido en distintos países africanos. En España se ha registrado, al menos, un intento de asesinato. Fue el del opositor Germán Pedro Tomo, residente en Alcorcón (Madrid), al que en 2005 dos sicarios colombianos pretendían matar, pero por equivocación apuñalaron a su hermano. Y numerosas denuncias de amenazas, en especial desde 2017.

Plan de secuestros sistemático

La investigación policial ha acreditado que hay una ”estrategia sistemática y organizada de persecución política” y unos responsables en Guinea Ecuatorial “identificados”. Los agentes han establecido un punto de conexión común en Europol en el que se está canalizando toda la información internacional de otros casos similares. Los investigadores han contactado con varias de las víctimas y estas han aportado sus testimonios en la causa. Indagan, también, junto a la policía italiana, el secuestro en ese país de los opositores Fulgencio Obiang Osono y de Francisco Micha, este último ecuatoguineano residente en Madrid. Los dos corrieron la misma suerte y terminaron, también, en una cárcel de este país centroafricano.

La policía describe así en un reciente informe incorporado a la causa al régimen de Obiang: “Guinea [Ecuatorial] es un régimen dictatorial que persigue y reprime interna y externamente a sus detractores. Y actúa fuera de las vías internacionales. En los últimos años, se han producido numerosos casos de desapariciones, traslados forzosos, torturas, asesinatos y condenas a muerte de conocidos opositores residentes en el exterior”.

La imputación de los tres principales responsables de la seguridad interior y exterior de la antigua colonia española tiene su origen en una denuncia formulada por los familiares de los cuatro opositores políticos desaparecidos y en una querella presentada por el abogado Aitor Martínez en representación del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial III República (MLGE 3R) en la que se denunciaban los hechos. La querella fue admitida a trámite por el juez Santiago Pedraz, apoyada por el fiscal Vicente González Mota y todas las diligencias han sido secretas. Ambas iniciativas se formularon tras la detención en 2020 en Sudán del Sur de los dos ciudadanos españoles. Junto a ellos fueron capturados otros dos ecuatoguineanos residentes en España, Bienvenido Ndong Ondo, de 44 años, y Martín Obiang Ondo, de 45. Todos ellos destacados opositores políticos del dictador guineano.

Colgados como cocodrilos

La investigación judicial ha acreditado la identidad de las personas que fueron utilizadas por el Gobierno de Guinea Ecuatorial para engañar a las víctimas y provocar su desplazamiento hasta Sudán del Sur, donde fueron detenidas a su llegada al aeropuerto de Juba. Al día siguiente fueron conducidos al avión presidencial por una comitiva militar. “¿Conocéis a Obiang? Es nuestro amigo y paga mucho dinero por vosotros”, les espetó un militar sudanés. El trayecto hasta el aeropuerto de Mongomeyen (Guinea Ecuatorial) lo hicieron con un saco en la cabeza, un paño en la boca y esposados de pies y manos.

Nicolás Obama

Según el propio testimonio de los detenidos que figura en varios audios de la causa judicial, en la cárcel guineana los colgaron boca abajo de un palo de largas dimensiones, con las manos y los pies sujetas por grilletes para provocar la rotura de los vasos sanguíneos por el peso de sus cuerpos. Se trata de la tortura “del cocodrilo” que han descrito otros opositores que han vivido el horror de las cárceles guineanas. Les aplicaron descargas eléctricas y lanzaron cubos de agua ardiendo sobre sus cuerpos desnudos. “Qué piensas que puede hacer España por ti, si está a la cola de Europa”, les gritó uno de sus carceleros. Los testimonios recogidos en la investigación aseguran que los cuatro detenidos permanecen en diminutas celdas subterráneas, con camas de cemento, sin luz natural ni aire. Les alimentan, según estas fuentes, con comida en mal estado. Y sufren maltrato psicológico.

La policía española califica este traslado desde Sudán del Sur de “forzoso y extrajudicial”. Sus condenas previas en ausencia, algo no permitido por el Código Penal guineano, sirvieron en este y otros casos como cobertura. Y asegura que los miembros de la oposición guineana en Europa no suponen ningún peligro para la seguridad nacional. La embajada española en Malabo tardó meses en acreditar que los cuatro desaparecidos estaban detenidos en Guinea ante la negativa y silencio de las autoridades locales. Y solo ha podido visitarlos y hablar con ellos en escasas ocasiones. Tras arrancarles en prisión declaraciones autoinculpatorias sobre su participación en un supuesto golpe de Estado contra Obiang, fueron juzgados y condenados en un juicio televisado. Los españoles Efa y Obama, a 90 y 60 años, respectivamente. Los ecuatoguineanos Bienvenido Ndong y Martín Obiang a 90 cada uno. Ante las cámaras, todos pidieron perdón al dictador. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado la vista judicial y califican de falsas las acusaciones.

Investigacion@elpais.es


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