El Gobierno justifica las reformas exprés por el “secuestro” judicial del PP y para devolver la normalidad a Cataluña

En el Gobierno hay prisa por meterle un acelerón a la legislatura y a compromisos pendientes. Mucha prisa. Y los objetivos prioritarios se concentran en estos días, de manera muy urgente y con trámites exprés, en resolver varios asuntos, bloqueados o frenados, relacionados con la Justicia y Cataluña. El PSOE y Unidas Podemos han cerrado y registrado el viernes de macropuente, por la vía de urgencia, una serie de 11 enmiendas que modifican varios artículos y...

En el Gobierno hay prisa por meterle un acelerón a la legislatura y a compromisos pendientes. Mucha prisa. Y los objetivos prioritarios se concentran en estos días, de manera muy urgente y con trámites exprés, en resolver varios asuntos, bloqueados o frenados, relacionados con la Justicia y Cataluña. El PSOE y Unidas Podemos han cerrado y registrado el viernes de macropuente, por la vía de urgencia, una serie de 11 enmiendas que modifican varios artículos y aspectos muy relevantes del Código Penal y de la ley orgánica del Poder Judicial. Estos que se verán y refrendarán entre el lunes y el martes en la ponencia de la comisión de Justicia para llegar a su aprobación en el pleno del jueves en el Congreso, con la idea de que su ratificación final en el Senado sea antes de final de mes. Los dos socios del Ejecutivo justifican la necesidad y velocidad de esas reformas ante el “bloqueo y secuestro” del PP de Feijóo de los principales órganos judiciales del país, pero también para “devolver” a Cataluña a un escenario de normalidad. Vox y Ciudadanos presionan al PP para llevar a cabo una moción de censura.

El pleno del Congreso del jueves 15, el penúltimo de este periodo de sesiones y de este año, estaba programado para resolver algunos asuntos postergados y para, en principio y en teoría, eliminar del Código Penal el delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados. Esa demanda fue un planteamiento de mínimos de ERC en su momento, para resolver la situación de una serie de condenados y fugados separatistas por el proceso independentista en Cataluña. Sin embargo, luego se completó con la exigencia de revisar también el delito de malversación, más complejo y sensible, ya que puede afectar a políticos corruptos. Eso ha levantado todo tipo de suspicacias no solo en la oposición de derechas, sino también entre otros socios del Ejecutivo y entre varios barones territoriales socialistas.

El PSOE y Unidas Podemos no se han cohibido ante esas críticas o recelos. Al revés. Pretenden aprovechar el momento político y dar un arreón al final del curso. En sus enmiendas, negociadas con discreción en estos días, han aglutinado algunas promesas hasta ahora relegadas y, al tiempo, persiguen enviar un mensaje político contundente a la oposición, y en particular al PP de Alberto Núñez Feijóo. Al presidente, Pedro Sánchez, le sentó muy mal la amenaza de Feijóo el martes, durante los festejos del 44º aniversario de la Constitución, donde avisó de que no pactaría nada en esta legislatura con este Gobierno. El Ejecutivo tomó buena nota, optó por no achantarse y elevó el órdago.

Patxi López fue el dirigente que compareció el viernes para argumentar las razones ahora de estas reformas a toda prisa. El portavoz socialista en el Congreso resumió la esencia de los cambios ejecutados en “reforzar la lucha contra la corrupción y desbloquear los órganos judiciales en cumplimiento de la Constitución para restablecer y devolver la normalidad a las más altas instituciones”. Sin embargo, rápidamente puso el foco en la actitud de un PP “sin precedentes, fuera de toda realidad democrática” y al que descalificó por “antisistema y sin sentido de Estado” al no querer pactar esa revisión de los cargos constitucionales. Este sábado, la portavoz del Partido Socialista, Pilar Alegría, ha asegurado que los ciudadanos “saben perfectamente cuáles son las líneas rojas del PSOE” y que este no apoyará “absolutamente nada que suponga ningún beneficio a aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por corrupción política”, recoge Servimedia.

En teoría, no estaba contemplado, pero el PSOE y UP aprovecharon sus contactos de estos días para reflexionar sobre el estancamiento del sector conservador a los nombramientos ahora en el Tribunal Constitucional, que se une a los cuatro años prorrogados del Consejo General del Poder Judicial. Introdujeron, así, una enmienda que cambia el método de elección de esos magistrados, particularmente si no cumplen en tiempo y forma su mandato. En el nuevo procedimiento eliminan la mayoría de tres quintos si se enquista el proceso, suprimen la verificación para los magistrados a propuesta del Gobierno y les ponen unos plazos, de días, para hacer su trabajo. Esa salida sí es bien vista por otros aliados habituales del Ejecutivo en el Parlamento y saldrá adelante sin problemas, pero enerva al mundo judicial y a la oposición.

Patxi López no quiso ahondar sobre el sentido y el contenido de otras cinco enmiendas presentadas en este caso por ERC, uno de sus socios recurrentes y más relevantes en el Parlamento, para modificar el delito de malversación. Estas modificaciones revisan la horquilla de penas del delito y vuelven a poner el foco en si a los afectados por esa tipificación se los acusa de una actuación que pudiera tener o no ánimo de lucro personal. En la propuesta de ERC, sobre la que el PSOE niega en público haber negociado ya siquiera algún cambio y que UP admite conocer por los contactos de los socialistas con los republicanos, la formación catalana propone reducir las penas de seis meses a tres años si no se acredita el beneficio personal o de un tercero. López aseguró que no sabía nada formalmente de lo que requiere ahí ERC, que tiene en sus cuadros dirigentes y medios condenados por malversación durante sus actuaciones ante el referéndum ilegal del 1-O. Fijó, eso sí, dos líneas rojas que avanzó como infranqueables: “Que no haya ningún beneficio a procesados o condenados por corrupción y que todo uso arbitrario o indebido de los fondos públicos debe estar penado”.

Combate frente a la corrupción

En ERC remachan que son un partido que se ha significado siempre por su combate frente a la corrupción y que ahora tampoco persiguen suavizar ese delito, sino diferenciar conductas. El partido republicano rechaza que los condenados por el procés se puedan equiparar, como sucedía hasta ahora con la reforma de la malversación del Gobierno del PP de 2015, a los políticos o alcaldes que usan recursos, tarjetas, coches o dinero público para asuntos personales. Desligan, así, el impulso al referéndum ilegal del 1-O desde instituciones o administraciones públicas.

A los responsables del PSOE, Unidas Podemos o En Comú Podem se les preguntó si esa vía de rebajas en la malversación podría abrir al final la ventana a que condenados de distintos partidos por casos como Kitchen, ERE o Gürtel puedan ver reducidas sus penas. Ante esta interrogante, se remitieron a que tienen que estudiar bien con sus equipos jurídicos el texto de ERC, sus consecuencias y sus implicaciones. Desde la dirección de UP, sí se especificó que el PSOE les garantizó en privado que el expresidente andaluz, el socialista José Antonio Griñán, no podría nunca verse favorecido por esa iniciativa sobre su condena a entrar en la cárcel por los ERE. UP, no obstante, no se fía. López afirmó que no sabía nada sobre de esas enmiendas y fuentes de ERC precisaron que la negociación oficial sobre las transacciones a sus planteamientos aún no han comenzado. Tampoco hay mucho margen. Los socios de la coalición y la mayoría progresista del Congreso defienden que esa proposición va en la línea de ayudar a desinflamar el conflicto político y social en Cataluña, como otras que se han llevado a cabo ya en este mandato. La oposición de derechas las tilda de “traje a medida” para perpetuarse en el poder.

Todas estas enmiendas se registraron en el Congreso el viernes y ahora hay plazo hasta el lunes para negociar transacciones con otros partidos en la constitución de la ponencia. El martes está ya citada la comisión de Justicia para aceptar o no esas alteraciones, aunque los grupos tienen la opción de transaccionar in extremis soluciones alternativas en el mismo pleno del próximo jueves. Si la reforma sale entonces adelante, el Senado tendrá dos semanas para ratificar el nuevo Código Penal antes de que acabe el año. Los planes de los partidos firmantes solo contemplan esa opción, aunque las medidas han escocido, y mucho, en la oposición, que este viernes desató sus reacciones más alarmantes.

El PP, Vox y Ciudadanos denunciaron el fondo y las formas de estas propuestas. Feijóo publicó un tuit en el que anticipó que si gobierna derogará esos cambios y ahora su partido estudia cuáles recurrir ante el Constitucional y también llevar algunas de esas denuncias a la Unión Europea. Por la tarde, el líder del PP tildó a Sánchez de ser “el presidente más autoritario de la democracia”. La portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, compiló su oposición radical a todos esos planteamientos en que “Sánchez es capaz de cualquier cosa para mantenerse en el Gobierno” y ahí metió desde “el mercadeo de las reformas exprés para entregar el Código Penal a sus socios” hasta colocar a exministros y ex altos cargos de La Moncloa en el Constitucional. Vox y Ciudadanos pidieron al PP que se sumase a la presentación de una moción de censura encabezada por un candidato neutral. Toda la oposición lamentó que estos cambios tan importantes se hayan efectuado en medio de un puente, entre festivos, y con una sucesión de escándalos para anestesiar a la sociedad, pero Inés Arrimadas, elevó el tono. La líder de Ciudadanos tachó a Sánchez de “aprendiz de dictador” al intentar “dar un autogolpe a la democracia desde el poder” en provecho de unos socios a los que llamó a todos “delincuentes”. Arrimadas se decepcionó aún más con el tuit de Feijóo que con Sánchez.