El Constitucional rechaza celebrar ya un pleno para examinar a los dos magistrados designados por el Gobierno

El Constitucional ha rechazado la posibilidad de celebrar de manera inmediata un pleno para abordar el examen de idoneidad de los dos magistrados designados por el Gobierno para formar parte del tribunal, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática de derecho constitucional Laura Díez . La propuesta de llevar a cabo un pleno con carácter inmediato fue formulada por los magistrados del sector progresista Ramón Sáez, Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Mon...

El Constitucional ha rechazado la posibilidad de celebrar de manera inmediata un pleno para abordar el examen de idoneidad de los dos magistrados designados por el Gobierno para formar parte del tribunal, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática de derecho constitucional Laura Díez . La propuesta de llevar a cabo un pleno con carácter inmediato fue formulada por los magistrados del sector progresista Ramón Sáez, Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán.

La iniciativa de estos tres magistrados ha sido rechazada por los otros ocho componentes del pleno, que expresaron diversos criterios sobre lo que debe hacerse a partir de ahora en el Constitucional, sin apoyar la convocatoria inmediata de un pleno gubernativo. El presidente del tribunal, Pedro González Trevijano, consideró suficientemente debatida la cuestión y, por tanto, innecesaria de momento la convocatoria de un pleno específico para decidir si se da o no el plácet a los juristas propuestos por el Gobierno.

El episodio puede suponer abrir una nueva etapa de tensiones en el Constitucional, ya que los tres magistrados que propusieron celebrar un pleno específico inmediato con dicha finalidad estiman que debió convocarse en virtud de las normas que rigen el funcionamiento interno del órgano de garantías. A este respecto, el artículo 4 del reglamento del tribunal establece que “el presidente convocará el pleno por propia iniciativa y cuando lo pidan, al menos, tres magistrados”.

La petición, expresada verbalmente, existió en este caso. Si se formula de nuevo y por escrito, lo más probable es —según fuentes del tribunal— que el presidente responda que el pleno tendrá lugar, pero sin dar una fecha determinada. Ello supondrá que ese pleno no tenga lugar antes de que el Poder Judicial haya aclarado si va a elegir a sus dos magistrados o se ponga de manifiesto que el bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces no tiene vuelta de hoja.

El propósito de la iniciativa rechazada era, en todo caso, abordar sin dilación la posible concesión del plácet a la incorporación del Campo y Díez, propuestos por el Gobierno para acceder al tribunal. Dos magistrados del sector progresista –Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer— no apoyaron la propuesta. En esencia, su tesis es que en estos momentos la mayoría del tribunal probablemente no concedería dicho plácet, porque sigue pensando que el tribunal tiene que renovarse por tercios, es decir, con la llegada simultánea de cuatro magistrados, y no solo de dos, los nombrados por el Gobierno. Ahora bien, cabe la posibilidad de que ese criterio cambie si a partir del próximo 22 de diciembre persiste el bloqueo en el Poder Judicial.

Por tanto, ya sea por convicción o por cálculo estratégico, la mayoría del Constitucional considera que es más conveniente por ahora no mover más pieza que la de dirigirse al Consejo General del Poder Judicial para comunicarle que se ha recibido notificación oficial del Gobierno sobre la designación de sus dos candidatos. A partir de ahí, lo que se va a hacer es esperar a la respuesta del órgano de gobierno de los jueces antes de celebrar en el tribunal un pleno en el que se examine la idoneidad de los juristas propuestos por el Ejecutivo.

En todo caso, en las intervenciones registradas se puso de manifiesto que el Constitucional no quiere esperar indefinidamente que el Consejo se pronuncie sobre la situación y sí que considera necesario, en cambio, que decida sin dilaciones sobre sus posibles candidatos para el órgano de garantías. El precio que tendrá que pagar si esta situación se prolonga es la continuación de su práctica paralización, ya que el tribunal está evitando dictar sentencia alguna sobre los recursos más controvertidos, a la espera de que se produzca la renovación.

Pese a la toma de posición respecto a cuándo abordar en el Constitucional el análisis de la idoneidad de los dos magistrados designados por el Gobierno, los cinco magistrados progresistas —que mantuvieron un encuentro antes del pleno— defienden la legalidad de aceptar esos nombramientos, aunque el Consejo del Poder Judicial no haya acordado el nombre de los dos magistrados que les compete designar. El sector conservador, que domina el tribunal por una mayoría de seis a cinco, rechaza de momento dar el visto bueno a los dos elegidos por el Gobierno con el argumento de que la Constitución obliga a renovar por terceras partes (cuatro magistrados) cada tres años.

El Constitucional querría, en suma, que el Poder Judicial se pronunciase lo antes posible, pero durante su pleno ha analizado como improcedente la fijación de un límite temporal al Consejo. Ahora bien, la mayoría del tribunal considera que antes de celebrar un pleno para aceptar o rechazar a los juristas propuestos por el Gobierno es preciso conocer si el Poder Judicial nombrará a los dos magistrados que le corresponde designar. Este criterio mayoritario supone que existe la posibilidad de que el Constitucional tenga que esperar hasta el próximo 22 de diciembre para conocer las decisiones del Poder Judicial, ya que en esa fecha está prevista la celebración del pleno del órgano de Gobierno de los jueces.

Pese a esta toma de posición respecto a cuándo abordar en el Constitucional el análisis de la idoneidad de los dos magistrados designados por el Gobierno, los cinco magistrados progresistas defienden la legalidad de aceptar esos nombramientos, aunque el Consejo del Poder Judicial no haya acordado el nombre de los dos magistrados que les compete designar. El sector conservador, que domina el Tribunal por una mayoría de seis a cinco, rechaza de momento dar el plácet a los dos elegidos por el Gobierno con el argumento de que la Constitución obliga a renovar por terceras partes (cuatro magistrados) cada tres años.