Los conservadores piden ahora tiempo a los progresistas para designar su candidato al Constitucional

Los conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen imponiendo su ritmo —lento— a la renovación del Tribunal Constitucional que el órgano de gobierno de los jueces tenía que haber cerrado antes del 13 de septiembre. Si el Gobierno tiene prisa en que el CGPJ designe a los dos magistrados que le corresponde como paso previo a que el Ejecutivo elija a los suyos, los vo...

Los conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen imponiendo su ritmo —lento— a la renovación del Tribunal Constitucional que el órgano de gobierno de los jueces tenía que haber cerrado antes del 13 de septiembre. Si el Gobierno tiene prisa en que el CGPJ designe a los dos magistrados que le corresponde como paso previo a que el Ejecutivo elija a los suyos, los vocales del Consejo a propuesta del PP insisten en que no van a correr, como no lo han hecho desde que a principios de septiembre se inició la negociación para nombrar a los magistrados del tribunal de garantías. Pero algo sí ha cambiado, según aseguran ellos mismos y comparten los consejeros progresistas, tras mantener el jueves una reunión a dos bandas. En la primera fase de la negociación, los conservadores planteaban sucesivas excusas dilatorias y admitían sin reparos que no creían conveniente acordar en ese momento los nombramientos. Ahora, en cambio, insisten en que, ante la imposibilidad de que PSOE y PP desbloqueen a corto plazo el CGPJ, sí toca ya renovar el Constitucional para evitar que este órgano entre en una itinerancia crónica similar a la que sufre el Consejo. Con todo, en el encuentro del jueves pidieron “tiempo” a los progresistas para poner sobre la mesa el nombre de su candidato, un paso que sí dio ya el otro grupo al anunciar que su aspirante es José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo.

La reunión entre los dos sectores del Consejo no estaba fijada con antelación. Se improvisó a media mañana después de que los progresistas difundieran la candidatura de Bandrés. Fue este grupo el que reclamó el encuentro y los consejeros propuestos por el PP aceptaron, lo que también es visto por los progresistas como una muestra de que ahora sí están interesados en renovar. No obstante, entre ese sector había consejeros partidarios de fijar ya el pleno para votar a los dos candidatos la semana que viene y, tras el encuentro bilateral, esa posibilidad se aleja. La idea del presidente suplente, el progresista Rafael Mozo, era convocar un pleno el 10 de noviembre para votar estos nombramientos y debatir un plan de trabajo para los próximos meses. Sin embargo, fuentes del órgano señalan que, durante la reunión de la Comisión Permanente (el principal órgano de decisión tras el pleno) celebrada el jueves, se vivió un momento de fuerte tensión entre el vocal conservador José Antonio Ballestero y Mozo cuando este expuso su plan.

Finalmente, el presidente se ha visto obligado a retrasar el calendario y, en principio, los negociadores no volverán a reunirse de forma presencial hasta el 16 de noviembre, aunque han acordado mantener contacto “permanente” entre los dos grupos para intercambiar propuestas e impresiones, según fuentes del órgano. Si del próximo encuentro salieran ya dos candidatos oficiales, el pleno para elegir a los nuevos magistrados del tribunal de garantías podría celebrarse esa misma semana. Si no, fuentes de ambos grupos creen que sería en el siguiente pleno ordinario, fijado para el 24 de noviembre.

Los conservadores aseguran que no tienen todavía un candidato definitivo, aunque sí han empezado ya a tantear a algunos de los que a finales de agosto y principios de septiembre rechazaron la oferta. Afirman que van a seguir contactando con aspirantes y luego debatirán internamente los nombres antes de decantarse por uno. Entre las opciones que han estudiado están el instructor del procés, Pablo Llarena, quien en septiembre se descartó en un mensaje enviado a varios compañeros, pero a quien podrían intentar convencer de nuevo ahora; el exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, como Llarena magistrado de la Sala de lo Penal; o Ignacio Sancho, de la Sala Civil.

Los progresistas sí han acordado ya su candidato y se lo han comunicado oficialmente a los conservadores. Los dos negociadores de este grupo, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, se han limitado a decir que “trasladarán” el nombre a sus compañeros, pero han advertido de que le consideran el candidato preferido del Gobierno. La razón, según los vocales propuestos por el PP, es que Bandrés ya estuvo a punto de ser designado para el Constitucional a propuesta del PSOE en la renovación que pactaron los dos partidos en octubre de 2021, pero finalmente los socialistas optaron por Inmaculada Montalbán.

En una nota difundida tras la reunión, este sector afirma que “evaluará la idoneidad” de Bandrés, magistrado del alto tribunal desde 2003 y que ha ejercido también en juzgados del País Vasco, Cataluña y Aragón y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El candidato progresista, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, atesora una amplia trayectoria judicial y académica y es experto en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos y en derecho constitucional y contencioso-administrativo. Su tesis doctoral sobre el derecho al proceso debido y el Tribunal Constitucional está considerada una de las biblias del derecho a un proceso con plenas garantías.

Los dos bloques han sostenido hasta ahora en reuniones internas que no habría vetos porque todos los aspirantes iban a ser magistrados del Supremo, a quienes se les presupone un nivel de excelencia. Y vocales conservadores han insistido este jueves en esa idea de que no se va a “vetar” a nadie, pero la afirmación de que examinarán la “idoneidad”, tratándose de un magistrado veterano y que nunca ha ocupado un cargo político, ha levantado suspicacias. Los progresistas confían en que no pongan trabas y aseguran que para la elección de Bandrés han sido determinantes, entre otros factores, las sentencias dictadas a lo largo de 42 años de carrera, 37 de ellos en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Bandrés era desde el principio uno de los aspirantes de los progresistas del CGPJ, pero la postura no era unánime. Algunos preferían a Pablo Lucas, también magistrado de la Sala Tercera (de lo Contencioso-administrativo) del Supremo, por lo que habían acordado desde hace semanas que, llegado el momento de designar a un candidato, celebrarían una votación interna. Y así lo han hecho este jueves, durante una reunión en la que la candidatura de Bandrés ha sido apoyada por todos, excepto por Mar Cabrejas, partidaria de Lucas. El hermano de este, Enrique Lucas, vocal del CGPJ a propuesta del PNV, se ha abstenido de participar en la votación, según fuentes del órgano.