El PP pide enviar al banquillo a cuatro exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

El PP ha movido ficha en la investigación judicial abierta contra la antigua cúpula de ETA por el atentado de Miguel Ángel Blanco, el concejal popular de Ermua (Bizkaia) secuestrado y asesinado en julio de 1997. El partido ha pedido ya al juez instructor Manuel García-Castellón que procese a cuatro exjefes de la banda por el crimen: Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; Mikel Albisu, Mikel Antza; J...

El PP ha movido ficha en la investigación judicial abierta contra la antigua cúpula de ETA por el atentado de Miguel Ángel Blanco, el concejal popular de Ermua (Bizkaia) secuestrado y asesinado en julio de 1997. El partido ha pedido ya al juez instructor Manuel García-Castellón que procese a cuatro exjefes de la banda por el crimen: Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; Mikel Albisu, Mikel Antza; José Javier Arizcuren, Kantauri; y María Soledad Iparraguirre, Anboto. La formación toma así la iniciativa para que el magistrado proponga enviarlos al banquillo, después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional plantease en julio la posibilidad de que los hechos hubiesen prescrito.

El sumario sobre este atentado, que provocó una movilización social sin precedentes en la lucha contra ETA, se reabrió el pasado marzo. El juez García-Castellón, que había dirigido la investigación del asesinato hace 25 años, retomó la causa tras recibir una denuncia de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) para averiguar si nueve exdirigentes de la banda participaron en la decisión de perpetrar el atentado, y también si pudieron impedirlo al tener el control absoluto del grupo terrorista. Es decir, si cometieron un delito por “omisión”. Una tesis que reforzó posteriormente la Guardia Civil, al emitir un extenso informe donde señalaba que cuatro antiguos jefes del “comité ejecutivo” de la organización —Rentería, Antza, Kantauri y Anboto— necesariamente “idearon, planificaron, coordinaron, facilitaron los medios y dieron la orden final” del crimen.

Sobre esos cuatro se centra la petición de procesamiento del PP. En su escrito de más de 50 páginas, al que tuvo acceso EL PAÍS, el partido recalca que estos miembros de ETA “tuvieron un papel determinante en la decisión de atentar contra Blanco, siendo plenamente responsables de que el joven concejal del PP, quien apenas contaba con 29 años, perdiese brutalmente la vida aquel fatídico día 13 de julio de 1997”. La formación insiste en que existe “abundante” documentación que demuestra que los cuatro eran entonces parte de la cúpula de la banda, como confesiones de otros etarras y el material intervenido a Antza cuando se le detuvo en Francia —que incluye 14 discos compactos con 165 comunicaciones de la banda; y 78 boletines internos—.

La prescripción

El PP también aborda el tema de la prescripción, convertido en uno de los grandes debates de la causa desde su reapertura. En el momento del atentado, la posibilidad de perseguir un asesinato terrorista se extinguía a los 20 años, pero ese extremo se reformó en 2010 para que nunca expirase. En este sentido, el partido defiende que se puede acusar ahora a los cuatro exjefes por estos hechos y que, además, “se acepta en nuestra jurisprudencia y en el Derecho comparado la posibilidad de aplicar retroactivamente las ampliaciones del plazo de prescripción” si este entra en vigor antes de que el plazo anterior “hubiera fenecido”: sobre todo, en estos crímenes, “que no prescriben en la memoria de las víctimas y de la colectividad, y que atentan contra los pilares más esenciales del Estado de Derecho”.

Es más, los populares plantean que “las especificidades de los delitos de terrorismo, actualmente imprescriptibles, impiden resolver esta cuestión” en la fase actual de las pesquisas. Y, por tanto, en su opinión, debe dictarse el procesamiento y, en su caso, abordar este asunto más adelante: incluso en el juicio o en la sentencia. El PP plantea igualmente otra vía para esquivar este escollo: proponen que, “aun no pudiendo aplicarse el delito de lesa humanidad”, se consideren los principios del Derecho penal internacional que lo rigen para considerar imprescriptible el atentado contra Miguel Ángel Blanco.

El pasado 8 de julio, el juez expuso que no se podía perseguir ya a Iñaki de Rentería por el secuestro y asesinato del concejal de Ermua, pues habían pasado 20 años desde su detención (el 15 de septiembre de 2000), hito que tiene en cuenta García-Castellón para empezar a contar el plazo. Sin embargo, sí podía seguir adelante contra Kantauri, al que se imputó por el crimen en 2016 y por el que se encuentra procesado como inductor; y contra Anboto y Antza, ambos arrestados en 2004. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que el periodo de prescripción debe comenzar a contar desde el momento del atentado, y ha puesto sobre la mesa la tesis de que ya habría expirado para los cuatro, sin que pueda procederse contra ellos como autores mediatos (una especie de inductores que tenían el control absoluto), como defiende Dignidad y Justicia.

Esta postura generó debate dentro del propio ministerio público. El fiscal que llevaba el caso defendía que sí se podía actuar contra los cuatro etarras, pero sus superiores en la Audiencia Nacional consideraron que no. Estos negaron entonces que se hubieran “recibido directrices de ningún tipo, y menos de carácter político”, desde la Fiscalía General del Estado, dirigida ahora por Álvaro García Ortiz, que ha decidido consultar el tema a la Junta de Fiscales de Sala prevista para este octubre.

Hasta ahora, la Audiencia Nacional ha condenado a tres personas por el asesinato de Blanco. A Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, que apretó el gatillo; a su pareja, Irantzu Gallastegi, Amaia, que también participó en la ejecución del atentado; y a Ibon Muñoa, exconcejal de HB en Eibar (Gipuzkoa), que trabajaba cerca de donde lo hacía el concejal del PP y que facilitó la operación del comando terrorista. El juez ha citado el próximo 17 de octubre a Kantauri para interrogarlo por el crimen, después de que Antza y Anboto se negasen a declarar en julio.