PP y Vox aprueban la rebaja de impuestos a los más ricos de Andalucía que ha suscitado la pugna fiscal entre comunidades
“Atraerán a mercenarios fiscales que no van a invertir”, advierten los socialistas
Partido Popular y Vox han aprobado este miércoles en el Parlamento de Andalucía la convalidación del decreto que consagra la sexta rebaja fiscal del Gobierno que preside Juan Manuel Moreno desde 2019, en la que se bonifica al 100% el impuesto de Patrimonio que pagan el 0,2% de los contribuyentes andaluces, las 18.900 personas más ricas de la comunidad. El PP, salvo en los pocos asuntos que exigen mayoría reforzada, no necesita mirar ni a su derecha ni a su izquierda para...
Partido Popular y Vox han aprobado este miércoles en el Parlamento de Andalucía la convalidación del decreto que consagra la sexta rebaja fiscal del Gobierno que preside Juan Manuel Moreno desde 2019, en la que se bonifica al 100% el impuesto de Patrimonio que pagan el 0,2% de los contribuyentes andaluces, las 18.900 personas más ricas de la comunidad. El PP, salvo en los pocos asuntos que exigen mayoría reforzada, no necesita mirar ni a su derecha ni a su izquierda para sacar las votaciones adelante. Obtuvo en las elecciones del 19 de junio pasado mayoría absoluta y se basta y sobra con sus 58 escaños de un total de 109. Pero en su rebaja no se ha quedado solo: los 14 diputados de Vox, pese a considerar insuficiente la medida, han suscrito la polémica rebaja fiscal de Moreno que, desde su anuncio, provocó una cadena de reacciones tanto del Gobierno central como del resto de comunidades autónomas.
La práctica eliminación del impuesto de Patrimonio apenas impacta en la partida de ingresos del Presupuesto de la Junta, el más alto de España tras los del Estado. Según datos de la Junta, suponen 95 millones de euros, solo el 0,6% del total. En paralelo, el Gobierno andaluz también ha acordado deflactar un 4,3% los tres primeros tramos del IRPF (hasta 35.200 euros) para evitar el impacto de la inflación. Y, también, ha suspendido el cobro del canon del agua durante 2023, un dinero que se destina a obras de depuración.
Estas deducciones supondrán un golpe a las arcas autonómicas en 2023 de 360 millones de euros que, junto con las medidas aprobadas en la anterior legislatura, ascenderán a 899 millones anuales, según los cálculos de la Junta. Sin embargo, en opinión de la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, la merma en los ingresos provocará una “mayor recaudación porque habrá más contribuyentes”.
Pero no hay una corroboración certera de que eso sea así. El Ejecutivo de Moreno mantiene que las bajadas fiscales de la legislatura pasada generaron 280.000 nuevos contribuyentes, pero expertos económicos sostienen que se trataba en realidad de nuevos declarantes, que habían conseguido trabajo en una etapa de crecimiento generalizado del empleo.
La tesis de la consejera España es que “bajar impuestos no es igual a menos recursos ni recortar en servicios públicos”, una “ecuación” que, según ella, el Gobierno andaluz “garantiza”.
El debate en el Parlamento se ha desarrollado con el monumental ruido de fondo provocado por las protestas de los taxistas contra el decreto que regula los VTC aprobado este martes por el Ejecutivo autónomo. En la anterior legislatura, marcada por la pandemia, ninguna protesta laboral rozó ni un solo pelo a Moreno, tampoco la oposición lo consiguió. Es ahora cuando empiezan a oírse los silbatos en la calle.
Moreno ha marcado la agenda política nacional con su propuesta fiscal, ha reforzado su liderazgo en el PP en contraposición al de la madrileña Isabel Díaz Ayuso y ha dejado fuera de juego al PSOE andaluz de Juan Espadas, que pretendía tomar la iniciativa política con un paquete de ayudas a las “clases medias y trabajadoras”. No hay contestación positiva del Gobierno andaluz a la propuesta de los socialistas de desgravación en el tramo autonómico del IRPF por el incremento de las hipotecas a familias con rentas conjuntas de 40.000 euros.
En cambio, el PSOE se ha visto obligado a hacer equilibrismo a la hora de pronunciarse sobre las rebajas que ha anunciado el presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, el indisimulado malestar del Gobierno de Pedro Sánchez con esta propuesta y el respeto a la capacidad normativa de las comunidades autónomas para bajar o subir los impuestos. “No vamos a entrar en guerras”, ha señalado la portavoz socialista, Ángeles Férriz, antes del debate.
Los partidos de izquierda reprocharon al unísono al PP que persiga competir en el terreno fiscal con otras comunidades y no a sacar a Andalucía de la cola del ranking de pobreza. “Están en una competición irresponsable de quién baja más los impuestos, han creado el paraíso para el 0,2% de la población”, le ha reprochado la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, quien ha citado los consejos del BCE, el FMI y la OCDE para que se actúe sobre los más vulnerables. La diputada de Adelante Andalucía, del grupo mixto, Maribel Mora, ha incidido en la supresión del canon del agua. Según ha dicho, la renuncia a este gravamen supone para una familia al año 24 euros, el mismo precio que cuesta la compra de fruta para un mes.
El socialista Gaspar Llanes, ex secretario general de Economía en los gobiernos socialistas, ha tirado de metáforas para cuestionar la bajada de impuestos del PP. “Para ustedes la rebaja de impuestos es como para don Quijote el bálsamo de Fierabrás, milagroso para todo. Atraerán a mercenarios fiscales que no van a invertir”, ha sentenciado.
El PP ha dejado dicho en el pleno que Andalucía recurrirá cualquier decisión del Gobierno central que “ataque la autonomía fiscal y pase por encima del Estatuto” de la comunidad, ha afirmado su portavoz y secretario general del partido, Antonio Repullo, que no ha desperdiciado la ocasión para atacar a los socialistas “inhabilitados y a las puertas de la cárcel por defraudar”, en alusión a la sentencia sobre los ERE.