Todo empezó hace una semana. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció la supresión del Impuesto de Patrimonio en la comunidad autónoma más poblada de España. Es la misma senda que emprendió Madrid, hace más de un decenio, bajo el poder de Esperanza Aguirre y que se mantiene con la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Una batalla fiscal a la baja que tras el anuncio de Moreno se plantean otras comunidades gobernadas por ...

Todo empezó hace una semana. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció la supresión del Impuesto de Patrimonio en la comunidad autónoma más poblada de España. Es la misma senda que emprendió Madrid, hace más de un decenio, bajo el poder de Esperanza Aguirre y que se mantiene con la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Una batalla fiscal a la baja que tras el anuncio de Moreno se plantean otras comunidades gobernadas por el PP, como Galicia, que no suprime del todo el tributo pero ha anunciado una bajada del 50%. Murcia y Castilla y León, otros feudos populares, optan de momento por rebajas tributarias en conceptos distintos. El Gobierno ha reaccionado promoviendo un nuevo impuesto a las grandes fortunas, de carácter temporal y que entrará en vigor a partir de 2023. La batalla fiscal avanza imparable. Y la subasta emprendida por el partido de Alberto Núñez Feijóo ha adelantado la contienda electoral de las municipales y autonómicas que pondrán en juego, en mayo del año que viene, el gobierno de los más de 8.000 municipios y una docena de comunidades autónomas.

Para el PP, el reto es pescar en el caladero socialista desencantado sin dejar de percutir a Vox —sumido en una formidable crisis por la marcha de la exdiputada y candidata andaluza, Macarena Olona— de cara al asalto de Feijóo a La Moncloa a finales de 2023. El PSOE se debate entre capitalizar los réditos de la acción del gobierno frente a la pandemia y la crisis por la guerra en Ucrania y evitar el desgaste tras una legislatura de vértigo que encara la recta final. El espacio a la izquierda de los socialistas convive con el avance de Sumar —el proyecto en ciernes de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz—, que no concurre en la cita de mayo a la espera de tomar forma para las generales, y las divisiones internas en Unidas Podemos. A continuación, una panorámica de estrategias, debilidades y fortalezas de los principales partidos que han sumido a España en un estado de campaña permanente.

El PP, en busca del “carril central”

La dirección del PP diseña la estrategia electoral con la previsión de que ganará en votos, pero el PSOE “se defenderá” en el poder territorial, donde los populares reconocen que sus rivales cuentan con buenos candidatos. En todo caso, sostienen que sus sondeos internos apuntan a un mapa pintado de azul por el rechazo que, aseguran, concita Pedro Sánchez, “mayor que el de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011″, según fuentes de la cúpula. “Y ese rechazo no tiene marcha atrás”, insisten estas fuentes.

La dirección del PP argumenta que ese malestar se ha fraguado al calor de las dos crisis recientes —la pandemia y la guerra de Ucrania— y está muy influenciado por la política de alianzas del Gobierno, sobre todo por los acuerdos con ERC y EH Bildu. Aunque en mayo de 2023 se votará en clave territorial, y las papeletas las encabezarán los presidentes autonómicos y alcaldes, en Génova aseguran que, igual que sucedió en Andalucía —donde el PP logró en junio mayoría absoluta— los votantes castigarán a Sánchez sea cual sea la urna que se abra. Fuentes de la dirección popular esperan como segura una victoria en tres comunidades en manos de la izquierda: La Rioja, Aragón y la Comunidad Valenciana; y tampoco lo descartan en Canarias y en Baleares. En cambio, a pesar del desmarque de Emiliano García-Page de la estrategia de alianzas de Sánchez, que ha revuelto el patio socialista, el PP reconoce que ganar al PSOE en Castilla La-Mancha “no es fácil”.

Los populares buscan el “carril central” en su eterno viaje al centro, que Feijóo pretende visualizar con un discurso moderado en las formas y con propuestas pensadas para las clases medias, a pesar de que en el Congreso el partido ha votado en contra de los principales paquetes de medidas para ayudar a la población. Las rebajas fiscales serán una piedra angular en el discurso, con la insistencia de que la reducción de impuestos está “en su ADN”. En el PP hay, no obstante, algunas voces que alertan en privado de que el debate fiscal ya no resulta tan ganador para sus intereses, desde que el PSOE ha entrado a la ofensiva con los impuestos a las eléctricas, bancos y ahora a las grandes fortunas.

Las elecciones de mayo serán una prueba de fuego para Feijóo, porque le obligarán a mojarse con Vox: tendrá que decidir si pacta con la extrema derecha para conservar o ganar algunos gobiernos, a riesgo de comprometer su estrategia en la carrera hacia La Moncloa, y de regalarle a Sánchez un poderoso argumento de campaña. La decisión genera debate interno en el PP, porque en los territorios hay dirigentes con poderosos incentivos personales para sumar con Vox y, según fuentes que conocen bien la situación, aún no está tomada. Feijóo está ganando tiempo antes de abordarla, mientras en la cúpula adelantan que el discurso de partida será reclamar al PSOE que se deje gobernar a la lista más votada. Una petición que el PP ya intentó, sin éxito, tras las elecciones de Castilla y León, y al final Feijóo permitió formar el primer Gobierno conjunto con Vox. Algunas fuentes de la dirección son partidarias de exportar ese pacto: “¿Qué ha pasado tan grave en Castilla y León con ese Gobierno?”, preguntan.

El PP analiza la elección de candidatos con encuestas propias, sin precipitarse. Feijóo tiene que tomar decisiones complejas sobre algunos cabeza de cartel. Como en La Rioja, la tierra de su secretaria general, Cuca Gamarra, de quien se espera una solución ante el vacío de candidatos. También en Aragón, donde la dirección no vería con malos ojos que el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, diera el salto para competir con el socialista Javier Lambán por la presidencia autonómica. En las ciudades, el candidato de Barcelona es otra patata caliente sin resolver.

El PSOE, poco que ganar y mucho que perder

El 28 de mayo, los socialistas se jugarán todo su poder territorial: nueve comunidades y 2.700 ayuntamientos, incluidas 58 de las 100 ciudades más pobladas y 22 de las 52 capitales de provincia. El PSOE tiene las presidencias de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Navarra, y cogobierna en Cantabria con el PRC de Miguel Ángel Revilla. En estas 10 autonomías habrá elecciones, además de en Madrid y Murcia, donde el PP gobierna ininterrumpidamente desde 1995. Las expectativas del PSOE son retener el máximo de gobiernos pese al deterioro nacional de la marca, y por eso mismo no se priorizarán unos sobre otros. Ferraz y La Moncloa echarán el resto para defenderlos todos.

“Sánchez tiró de nosotros en 2019, ahora es al revés”, resume un dirigente territorial. La dependencia de Podemos y sus variantes en muchas ciudades hará contener el aliento al PSOE. La aspiración de ser primera fuerza en Barcelona y relevar a Ada Colau en la alcaldía —donde los socialistas ya cogobiernan, como en Valencia— puede ser un premio de consolación, a la espera de que se concrete la enésima candidatura para la ciudad de Madrid. Miembros del Gobierno y de la dirección federal dan por hecho que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, será la candidata en Las Palmas, el único movimiento de ministros que se prevé por ahora.

Para contrarrestar el desgaste, algo que reconocen en privado desde los líderes territoriales más en sintonía con Sánchez a los más alejados, los barones antepondrán su tirón personal. No se desmarcarán en lo mollar del líder del PSOE ni de las medidas estrella del Gobierno, pero ajustarán sus discursos a las singularidades de sus comunidades. “La covid colocó a todos los presidentes autonómicos en el centro del foco. Representamos la estabilidad y la seguridad y ahora nos llega nuestro turno”, afirmaba un líder territorial, resumiendo el sentir general, tras el Consejo Político Federal del PSOE de hace una semana. La reelección de todos los presidentes examinados en las urnas desde el confinamiento, que el PP ha aprovechado para un goteo de victorias, reafirma las previsiones socialistas. Fuentes de la dirección federal esgrimen: “Hay una diferencia sustancial respecto a las elecciones en Madrid, Castilla y León y Andalucía: en todas ellas estábamos en la oposición y el PP nos hizo daño al separarlas de las municipales, consciente de que los alcaldes eran nuestro punto fuerte en las tres. Ahora partimos de una posición de fuerza, con los liderazgos consolidados”.

No obstante, los presidentes más curtidos prevén pérdidas por la inflación y el rechazo a los pactos con ERC y EH Bildu. Un líder territorial vaticina que no será como 2011, cuando los barones sufrieron un golpe durísimo por la gestión del Gobierno de Zapatero, anticipando la mayoría absoluta de Mariano Rajoy meses después: “Ahora el contexto es muy diferente: España crece pese a la guerra de Ucrania y hay más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social”. La pieza de caza mayor de la derecha será la Comunidad Valenciana, con Ximo Puig pendiente de sus socios como Compromís. Los socialistas confían en que la crisis del PP en La Rioja les permita mantener ese Gobierno.

García-Page es el exponente más claro de que el PSOE adaptará su estrategia a cada territorio. El presidente de Castilla-La Mancha cuestionó la semana pasada la insolvencia que La Moncloa atribuye a Feijóo. García-Page busca reeditar la mayoría absoluta con un voto transversal —los cuatro escaños de Ciudadanos están en el punto de mira— en una comunidad socialmente conservadora que el PSOE ha gobernado desde 1983 con un paréntesis entre 2011 y 2015. El extremeño Guillermo Fernández Vara apelará a la centralidad. En Aragón, Lambán aspira a ensanchar su espacio a costa de los 12 escaños de Cs.

Una de las grandes novedades en la campaña del PSOE será su decisión de no rehuir el debate fiscal. Un ministro confiesa que es un paso que le generaba dudas, porque los socialistas siempre lo habían evitado en campaña, pero Sánchez lleva tiempo convenciendo a su equipo de que no pueden arredrarse en un campo que hasta ahora parecía exclusivo del PP. La eliminación del Impuesto de Patrimonio en Andalucía refuerza la tesis socialista de que el partido de Feijóo solo atiende a los intereses de las rentas más ricas.

Los socialistas llegarán a las elecciones con el impuesto a las grandes fortunas en vigor y presentarán mociones en todos los ayuntamientos para apoyar los gravámenes a la banca y las energéticas. El combate ideológico se trasladará así a los plenos municipales, donde los socialistas creen que el rechazo de la derecha a esos impuestos “hace un roto” en la base electoral del PP.

Las izquierdas y la división interna

En plena crisis entre las principales organizaciones del espacio a la izquierda del PSOE (Podemos e IU) y con la decisión sobre si prescindir de la marca electoral Unidas Podemos encima de la mesa, los dos partidos se dan de plazo hasta final de año para cerrar acuerdos en los territorios que podrían sumar a nuevos actores, como Más País o formaciones regionales. El objetivo es definir cuanto antes las candidaturas y evitar que se repita lo sucedido en Andalucía, donde las negociaciones para conformar una coalición de izquierdas de seis partidos se apuraron tanto que Podemos acabó fuera del registro oficial. Dirigentes de ambas organizaciones repiten que su voluntad es pactar el mayor número posible de confluencias, pero la cadena de destituciones tras los comicios de junio evidencia la fragilidad de las relaciones en el grupo.

“Podemos siempre ha sido un aliado, no hay ningún cambio”, afirma de manera genérica Ismael González, responsable de Organización de IU. “Intentamos que se llegue a acuerdos en todos los ámbitos, pero también lo decimos con claridad: IU es la fuerza que tiene más capilaridad territorial y más presencia municipal”. González alude al “aval” de alcaldías como Zamora, Rivas Conil o Mieres, y a sus más de 2.000 concejales en toda España.

Pero Podemos también reivindica el liderazgo. Lo hizo hace una semana la secretaria general, Ione Belarra, al definir al partido como “principal organización” del espacio. La formación ha activado el proceso para celebrar primarias internas y posicionar cuanto antes a sus candidatos. IU se encuentra elaborando el programa marco para las elecciones, que debe estar listo en noviembre, para luego celebrar primarias allí donde haya más de un candidato.

El panorama difiere de unas comunidades a otras. Por el momento, IU y Podemos han alcanzado un preacuerdo para ir juntos por primera vez en Navarra y repetir en La Rioja. En el primer caso, la candidatura incluirá a Batzarre e Independientes. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, estas avanzan también en Cantabria, Baleares y Extremadura. En Cataluña, donde solo se celebran elecciones locales, la cohesión en torno a los comunes de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, está garantizada.

La situación se complica en aquellas plazas donde los actores políticos se multiplican. Entre los escenarios más difíciles se sitúan Madrid y Valencia (y en el ámbito municipal, también Andalucía). En el primer caso, la candidata de Más Madrid, Mónica García, ya ha expresado su rechazo a diluir la marca, que en 2021 se erigió en primera fuerza opositora por delante del PSOE. Podemos ha postulado a su candidata a las primarias internas, la diputada Alejandra Jacinto, un perfil cercano a la vicepresidenta Yolanda Díaz. En la Comunidad Valenciana la situación también está muy abierta. La crisis también ha salpicado la relación de IU y Podemos, que no descarta aliarse con Compromís.

Tras el batacazo andaluz, ambas formaciones mantuvieron un encuentro en el que se abordó la posibilidad de prescindir de la marca UP ya en mayo. Según fuentes conocedoras de la reunión, las dos partes estarían de acuerdo en volver a una suma de las siglas de cada organización.

En el caso de Más País, fuentes de la organización de Errejón eluden el conflicto y afirman que “priorizan” la alianza con las fuerzas hermanas del llamado acuerdo del Turia —el pacto de su partido con Chunta Aragonesista, Compromís, Més per Mallorca y Verdes Equo—. La formación subraya que es “urgente” superar el “ordeno y mando” desde Madrid, por lo que, explica, la decisión sobre las confluencias corresponderá a los territorios, una consigna que repiten también en IU.