La comisión de secretos no tiene secreto

Iñaki Anasagasti, exportavoz parlamentario del PNV y 18 años diputado, lo expone con sarcasmo en su blog en el diario Deia: “Lo más parecido a la guerra de Gila son las reuniones de la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados. Una reunión que tiene 30 periodistas en la puerta, y tras la reunión de la comisión, esos 30 periodistas harán 30 llamadas a los 10 miembros de la actual comisión de secretos, no es una reunión secreta, es un coladero”.

El pasado jueves, ante la puerta de la sala don...

Iñaki Anasagasti, exportavoz parlamentario del PNV y 18 años diputado, lo expone con sarcasmo en su blog en el diario Deia: “Lo más parecido a la guerra de Gila son las reuniones de la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados. Una reunión que tiene 30 periodistas en la puerta, y tras la reunión de la comisión, esos 30 periodistas harán 30 llamadas a los 10 miembros de la actual comisión de secretos, no es una reunión secreta, es un coladero”.

El pasado jueves, ante la puerta de la sala donde la jefa de los servicios secretos, Paz Esteban, informaba a los 10 portavoces de los grupos parlamentarios sobre el caso Pegasus, había incluso más de 30 periodistas. Y, por supuesto, hicieron su trabajo: preguntar a todo el que pudieron. ¿Se puede decir que fue un coladero? Trascendió lo principal: que el CNI reconoció haber intervenido, con autorización judicial, 18 teléfonos de personas vinculadas al movimiento independentista catalán, entre ellos el del actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cuando era número dos del Govern en 2019. De los detalles de la documentación mostrada por Esteban ―fechas exactas y motivos alegados para interceptar las comunicaciones― apenas se ha sabido nada más.

La reunión a puerta cerrada de la jefa del CNI con los grupos parlamentarios había estado precedida de la polvareda por la entrada en esa comisión de los independentistas catalanes y de EH Bildu. En cuanto empezaron a conocerse algunos de los datos presentados por Esteban, Vox y Ciudadanos amenazaron a esos grupos con denunciarlos por revelación de secretos. Lo que estaba sucediendo tampoco era nada novedoso: siempre se han conocido fragmentos de lo que se ha hablado detrás de una de esas imponentes puertas del palacio de las Cortes. No hay más que consultar las informaciones publicadas sobre la anterior reunión de la comisión, en julio de 2018, cuando el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, relató a los grupos sus averiguaciones sobre los negocios entre el rey emérito y Corinna Larsen.

“Siempre sucede lo mismo: se cuenta el pecado, pero no el pecador”, resume Gaspar Llamazares, con años de experiencia en esa comisión. El que fue líder de IU señala que, más allá de las reglas estrictas, ha funcionado una especie de acuerdo tácito: “Ellos [el CNI] te cuentan el 50% y dan por hecho que de ahí saldrá fuera el 20%”.

Los más críticos sostienen que en esos encuentros a puerta cerrada tampoco se desvelan grandes misterios. “Yo he estado ahí y jamás se ha contado un secreto”, reprochó hace días el portavoz del PNV, Aitor Esteban, a la ministra de Defensa, Margarita Robles. El que fue portavoz parlamentario de ERC y es ahora profesor de Derecho Constitucional, Joan Ridao, escribió en este periódico: “No se informa de nada relevante y mucho menos de un secreto”.

Los equívocos sobre este órgano parlamentario comienzan por el nombre: no existe ninguna comisión de secretos oficiales como tal. Su denominación es Comisión de Gastos Reservados, y se creó en 1995 cuando el Gobierno de Felipe González, acosado por el escándalo del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, decidió abrir una puerta a que el Parlamento fiscalizase los fondos opacos del Ministerio del Interior. Siete años después, el Ejecutivo de José María Aznar promovió otras dos leyes para regular el CNI que otorgaban a ese órgano parlamentario potestades de control sobre el servicio secreto. También en ese caso se actuaba a rebufo de otro escándalo de la época de González, las escuchas a personalidades políticas, incluido el rey Juan Carlos, que forzaron a dimitir en 1995 al director de lo que se llamaba aún CESID, Emilio Alonso Manglano.

Fue en 2004 cuando el presidente del Congreso, el socialista Manuel Marín, estableció la norma de que los miembros de la comisión debían ser elegidos por una mayoría cualificada de 210 diputados, es decir, tres quintos de la Cámara. En los años siguientes, según se recrudecía el desafío independentista en Cataluña, el PP comenzó a poner obstáculos a la presencia de diputados de esos grupos. Aun así, acabó entrando el anterior portavoz de ERC, Joan Tardà. En la actual legislatura, el PP bloqueó la designación de los miembros de la comisión para vetar a ERC y EH Bildu. Hasta que, con el estallido del caso Pegasus, la actual presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, cambió la norma para permitir que la comisión se elija simplemente con mayoría absoluta.

Motivaciones genéricas

Comisiones de este tipo existen en el Senado de EE UU, en el Parlamento británico o en la Asamblea francesa. Y todas deben lidiar con la misma contradicción: cómo gestionar los secretos de Estado en un lugar como el Parlamento, cuya función exige transparencia. Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y miembro de la comisión en su época de portavoz socialista, no pone el foco en el funcionamiento de esta, sino en un marco legal que aboga por reformar. Empezando por el de los servicios de inteligencia: “El CNI puede pedir autorización a un juez para intervenir comunicaciones apelando a una amenaza a la integridad territorial de España o a la estabilidad del Estado de derecho. No es como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a la policía a presentar al juez indicios de delito. Aquí se alude a conceptos mucho menos precisos, en los que puede caber casi todo. Por eso, lo que ha hecho el CNI es perfectamente legal. Necesitamos definir mejor en qué circunstancias puede intervenir comunicaciones”, defiende.

López Garrido es una de las voces que reclaman desde hace años una nueva Ley de Secretos Oficiales para sustituir a la vigente, una norma franquista de 1968 apenas retocada en 1978, precisamente con el fin de introducir la potestad del Parlamento para acceder a las materias reservadas. Esa ley consagra una anomalía entre las democracias: la inexistencia de un plazo de tiempo tras el cual los documentos declarados secretos se desclasifican automáticamente. En este asunto no hay formación más beligerante en el Congreso que el PNV. El grupo vasco ha insistido varias veces con una proposición de reforma de la ley. La última fue admitida a trámite en julio de 2020. El PSOE la apoyó, aunque desde entonces no ha cesado de posponer los trabajos para elaborarla. Con el caso Pegasus, los aliados parlamentarios del Gobierno van a redoblar su presión para abrir el acceso a esa zona del Estado que lleva 40 años a oscuras.