El juez ofrece a Pedro Sánchez y a Margarita Robles personarse en la causa sobre el presunto espionaje con Pegasus

El magistrado Calama decreta el secreto de sumario tras solicitarlo la Fiscalía de la Audiencia Nacional

Pedro Sánchez y Margarita Robles, en una imagen de archivo.Foto: Marcos Del Mazo

El juez José Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la posibilidad de personarse en la investigación judicial abierta por el presunto espionaje que sufrieron con el programa informático Pegasus. El magistrado adopta esta medida a través de una resolución dictada este mismo jueves, después de dar luz verde a las p...

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El juez José Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la posibilidad de personarse en la investigación judicial abierta por el presunto espionaje que sufrieron con el programa informático Pegasus. El magistrado adopta esta medida a través de una resolución dictada este mismo jueves, después de dar luz verde a las pesquisas el pasado martes, tras asumir una denuncia de la Abogacía del Estado. Según señaló el propio Calama en otro escrito, el móvil del jefe del Ejecutivo sufrió dos “infecciones” el pasado año: el 19 y el 31 de mayo. Por su parte, el dispositivo de la titular de Defensa registró la intrusión en junio de 2021, según los informes del Centro Criptológico Nacional (CCN).

El magistrado, a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha decidido decretar también el secreto de sumario. Con el objetivo de “prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación”, argumenta el juez Calama en otro auto firmado este jueves. “Solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que puede estar legalmente clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado, o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento”, añade.

Estos acuerdos de la Audiencia Nacional se suceden mientras Pegasus protagoniza el debate político. Por un lado, Defensa y La Moncloa chocan por quién asume el fallo de seguridad por el ataque al móvil del presidente. Además, según fuentes gubernamentales, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha hallado también rastros del programa espía en el móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Por otra parte, la directora del CNI, Paz Esteban, ha confirmado este jueves el espionaje “legal” y bajo autorización judicial a 18 independentistas, incluido el actual presidente catalán, Pere Aragonès (ERC) —aunque no ha trascendido si las actuaciones contra él se ejecutaron cuando ya había asumido el cargo de jefe del Ejecutivo autonómico—. Durante su comparecencia en la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados (antes conocida como Comisión de Secretos Oficiales), Esteban ha admitido estas intervenciones del CNI, pero ha desvinculado a la institución del resto de afectados que aparecieron en la lista de Citizen Lab, un grupo de analistas vinculado la Universidad de Toronto (Canadá), que eleva a 63 el total de supuestos espiados.

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