Un ‘Gobierno del cambio’ continuista

“Andalucía ha pasado de ser una tierra de oportunidades a ser una tierra de realidades”. Esta es la frase a la que suele recurrir el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, para ilustrar los tres años y medio del autodenominado Gobierno del cambio, el primero no liderado por el PSOE en la comunidad. En pleno año electoral, los miembros del Ejecutivo de PP y Ciudadanos no han perdido ocasión de trufar sus intervenciones con titulares que sitúan a la comunidad a la cabeza del crecimiento económico, de la migración interior o del emprendimiento, siempre ...

“Andalucía ha pasado de ser una tierra de oportunidades a ser una tierra de realidades”. Esta es la frase a la que suele recurrir el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, para ilustrar los tres años y medio del autodenominado Gobierno del cambio, el primero no liderado por el PSOE en la comunidad. En pleno año electoral, los miembros del Ejecutivo de PP y Ciudadanos no han perdido ocasión de trufar sus intervenciones con titulares que sitúan a la comunidad a la cabeza del crecimiento económico, de la migración interior o del emprendimiento, siempre como efecto de la aplicación de sus políticas reformistas.

La pandemia y la guerra de Ucrania complican un análisis sobre los efectos transformadores en la realidad socioeconómica andaluza en esta legislatura, pero en lo que coinciden los expertos es en que lo más relevante es, paradójicamente, que, en líneas generales, ha cambiado muy poco respecto de la etapa anterior y que las medidas de un mayor calado ideológico, como los decretos de simplificación administrativa o las bajadas de impuestos aún no han tenido efectos prácticos. “Esas son las semillas. Un período de cuatro años es corto y con la particularidad de la crisis sanitaria, los cambios no se han visto reflejados al 100%. Los efectos, si hubiera continuidad al frente de la Junta, se verán en los cuatro siguientes”, sostiene Francisco Tato, presidente del Colegio de Economistas de Andalucía.

“Lo más notable de esta etapa es la continuidad con los anteriores gobiernos socialistas, porque si examinamos las políticas que se han aplicado en términos económicos son bastante intrascendentes”, señala Francisco Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía. “El éxito para este Gobierno es que no ha habido un gran cambio, el ciudadano no lo ha percibido como un Gobierno liberal, aunque tampoco han podido hacer mucho porque llegó la pandemia y las prioridades cambiaron”, añade José María O´Kean, catedrático de Economía Aplicada y profesor en la Universidad Pablo Olavide y en la IE Business School.

Simplificación de trabas y bajada de impuestos

En esta legislatura, PP y Cs han aprobado tres decretos de simplificación administrativa —uno recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PSOE― que han modificado más de un centenar de normas y han simplificado hasta 150 procedimientos administrativos; la nueva ley del Suelo —que, entre otras cosas, reduce los trámites para la aprobación de los planes de ordenación urbana y que también ha recurrido ante el alto tribunal Unidas Podemos―, y tres bajadas de impuestos que han afectado al impuesto de sucesiones y donaciones y al tramo autonómico del IRPF, entre otros. “Los decretos de simplificación es lo mejor que ha hecho la Junta porque hace que la actividad económica discurra con mayor agilidad”, reconoce Ferraro.

Empresas y autónomos

“Aún es pronto para consolidar como éxito los efectos y los resultados económicos de los decretos de simplificación”, apunta O´Kean. Los datos tampoco avalan las afirmaciones de que los decretos de simplificación hayan sido un revulsivo en la dinámica de creación de empresas. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) señala que el 2021 se cerró con 264.856 empresas inscritas —con la constitución de 10.000 en este período, tras superar lo peor de la crisis sanitaria—, pero ese dato es inferior al de 2018, donde se contabilizaron 266.849. La tendencia en el arranque del 2022 también es negativa. En marzo se constituyeron un 8,5% menos que el mismo mes de 2021 y se extinguieron un 14,5% más. Además, el 93,7% son micropymes, creadas por una o dos personas.

“Deberíamos crecer en empresas grandes y sólidas, que van a ser más productivas que las pymes”, sostiene Tato. Un argumento que también puede aplicarse a otro de los apartados que la Junta destaca: el aumento de trabajadores por cuenta propia. Andalucía superó el verano pasado por primera vez a Cataluña en creación de autónomos, una cifra engañosa porque si se compara con la población se situaría entre los últimos puestos. “Es una buena noticia, pero hay que llamar la atención de que detrás de muchos autónomos hay empleados a tiempo parcial”, advierte Ferraro.

José Galván, secretario general de la Unión de Autónomos en Andalucía (UATAE), advierte también sobre la alta tasa de bajas en el RETA en Andalucía, que también lidera ese ranking (en el mes de marzo incluso fueron más las bajas que las altas: 9.778 frente a 9755). “Es consecuencia de la mala aplicación de la tarifa plana, una de las medidas estrella de la Junta hacia los autónomos. No se modula ni se complementa con otras acciones compensatorias, por lo que muchos autónomos se dan de baja cuando se acaba la tarifa”, explica.

Más población, pero no por la fiscalidad

El Gobierno de Moreno también vincula las tres bajadas impositivas aprobadas durante su mandato con el crecimiento de la población y el aumento de contribuyentes. Andalucía ha crecido en habitantes estos tres años más que en la última década (87.999 nuevos desde 2019), una tendencia no obstante que empezó a revertirse en 2018. Todas las comunidades han incrementado los datos de contribuyentes debido al incremento de la contratación y a la realidad demográfica. “Es muy precipitado establecer una causa efecto, sobre todo porque los efectos de la bajada fiscal son poco trascendentes. Tiene más importancia como hito político que económico”, señala Ferraro. O´Kean apunta también a los nuevos hábitos tras la pandemia que han fomentado el teletrabajo y el traslado a zonas con buen clima y bien conectadas de los empleados, que explican que Málaga sea la provincia que más haya crecido en población de toda España en los últimos dos años.

El mito de la convergencia

El crecimiento económico y el salto adelante hacia la convergencia con España es otro espacio en el que el Ejecutivo andaluz pone el énfasis para reivindicar los efectos del Gobierno del cambio. Según el INE, la economía andaluza en 2019 creció una décima por encima que la española (2,1% frente al 2%) y en lo peor de la pandemia amortiguó la contracción ocho décimas mejor que la media nacional, cayendo un 10%, frente al 10,8%. Las razones se deben, coinciden los analistas, al peso del sector agropecuario en Andalucía (que representa el 34% del total español) y al escaso tejido industrial. “Nadie querría tener en su frontispicio estas circunstancias para alardear de ellas”, comenta Ferraro.

Los pronósticos para 2021 y 2022 auguran un crecimiento similar de la economía andaluza y española. Pero el dato que da la verdadera medida de la convergencia es el PIB per cápita, que mide el nivel de renta en función de la población, y en ese parámetro, en estos dos años la comunidad ha pasado del penúltimo al último lugar, superando a Extremadura. “Por eso se necesitan más empresas y más grandes, que generen trabajo para que puedan aumentar los salarios”, señala Tato.

Tasa de paro por debajo del 20%

El empleo es uno de los parámetros donde sí ha mejorado la situación. En este primer trimestre de 2022, por primera vez se ha bajado de la cifra negra del 20% de tasa de paro, para situarse en el 19,43%, muy alejada aún de la media nacional, del 13,65%. En ese mismo periodo en 2019, cuando Moreno tomo posesión de su cargo, era del 21,08%, más de seis puntos por encima de la estatal, del 14,7%. Con todo, en este trimestre Andalucía ha reducido el número de desempleados, frente a la tónica general, pero no ha creado más puestos de trabajo. “En el momento en que se ha iniciado la recuperación, las actividades son intensivas en mano de obra y la intensidad de la fuerza de trabajo en Andalucía es mayor que en el conjunto de España”, explica Ferraro.

La contención del gasto público, asignatura pendiente

La contención del gasto público es, sin embargo, una de las tareas pendientes del Ejecutivo. Moreno llegó a la Junta con la promesa de desmantelar la llamada administración paralela —el entramado de empresas públicas y fundaciones tejido durante los gobiernos socialistas— cuanto antes para reducir el gasto y hacer más efectiva la administración pública, un empeño al que Vox se sumó entusiasmando. Lo que iba a resolverse casi de inmediato se ha convertido en un problema enquistado. “Ser reformista tiene unos costes políticos y de respuesta social que este Gobierno no ha querido asumir”, opina Ferraro.

Después del 19-J

“Han sido tres años muy raros y demasiado bien hemos salido”, resume O´Kean. Aunque los números no evidencian cambios significativos en cuanto al nivel de vida o al crecimiento empresarial, el talante deliberadamente moderado que Moreno ha sabido impregnar a su Ejecutivo ha generado un caldo de cultivo positivo, coinciden los analistas consultados. “Los tres presupuestos aprobados han cumplido con las reglas del déficit y la deuda, han generado estabilidad y eso ha hecho que la gente ponga el ojo en Andalucía”, sostiene Tato. “Por parte del mundo empresarial ha crecido la confianza. Se ha percibido a la Junta como un gobierno tranquilo que ha hecho las cosas sin molestar”, subraya O´Kean.

Moreno, con una política económica continuista, ha roto con lo que Ferraro llama “clichés simplificados de la política”, alejando el miedo a la derecha privatizadora que azuzaba el PSOE. El presidente de la Junta no ha aplicado las políticas liberales radicales del PP de Madrid. Queda la incógnita de lo que ocurrirá en la siguiente si gana, y cómo limitará, si lo hace, el influjo de Vox. “Vamos a ver qué pasa en la próxima legislatura, pero la forma de pensar en Andalucía no es la de Madrid, no estamos a favor de la privatización absoluta”, apunta O´Kean.

Las banderas de la sanidad, educación y servicios sociales

“Las grandes banderas del PSOE en Andalucía, sanidad, educación y servicios sociales, fueron los grandes fraudes a los andaluces”, es otro de los lemas que se repite desde la Junta para contraponer su modelo y “romper con la leyenda” de que la derecha no apuesta por los servicios públicos. La pandemia ha obligado, no obstante, a redirigir los esfuerzos y las prioridades a atender las consecuencias de la crisis sanitaria. Eso ha podido influir para que el balance general, como en el caso de la actividad económica, concluya que, con el Gobierno del cambio, las cosas no han cambiado demasiado.

Sin salir del furgón de cola de la pobreza

En una comunidad acostumbrada a estar a la cabeza de los índices de riesgo de pobreza y exclusión social, la pandemia no ha sido una buena noticia, si bien sus efectos en términos económicos aún no se han podido cuantificar porque la última encuesta de Condiciones de Vida del INE, de 2020, se realizó con los datos recogidos en 2019, antes del estallido de la crisis del coronavirus. De acuerdo con esos datos, Andalucía había mejorado tanto los parámetros que miden el riesgo de exclusión social (pasando de liderar la lista junto a Extremadura con una tasa del 37,7% a ser la tercera por la cola, con el 35,1%). El riesgo de pobreza también bajó del 31,3% al 28,5%. “Los datos han empeorado, vemos que el impacto ha sido enorme porque muchas familias con empleos irregulares ni siquiera han podido entrar en ERTE”, explica Javier Cabrera, responsable de Save The Children en Andalucía.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha servido para aliviar la situación de muchas de estas familias. La comunidad es la que más titulares y beneficiaros de esta ayuda concita de toda España (324.271) y es a la que mayor gasto le corresponde. Con todo, muchas familias con derecho al IMV no lo han solicitado. “La burocracia, el hecho de que no sean usuarios de los servicios sociales o su saturación y falta de capacidad son algunas de las razones que lo explican”, señala Juan Luis Delcan, presidente de Red Europea contra la Pobreza y Exclusión Social en Andalucía. La legislatura va a concluir sin que haya salido a delante la ley que permitía adecuar la renta mínima de inserción de la comunidad como complemento del IMV.

Atonía en la gestión educativa

La pandemia ha condicionado el desarrollo de las políticas educativas, impulsando un refuerzo de la plantilla de profesores, reforzándola en 10.000 docentes respecto de 2018, para quedarse con 109.000. La inversión acumulada asciende a 20.000 millones y el gasto por alumno se ha incrementado en un 15%, pasando de los 3.650 euros al año hasta los 4.200 en 2022, de acuerdo con los datos facilitados por la Consejería. En estos cuatro años, sin embargo, tampoco ha dado tiempo a que se puedan extraer resultados del cambio de gestión. “Moreno se ha puesto de perfil y ha querido evitar el descontento generalizado. Es posible que si vuelve a gobernar tengamos a un Moreno más claro en cuanto a sus objetivos en materia educativa, que sí se han visto más en la universidad, con una apuesta por la formación privada”, advierte Diego Sevilla, catedrático de Políticas Educativas de la Universidad de Granada.

Sanidad marcada por la pandemia

La crisis de la covid-19 ha dejado en la comunidad 13.477 fallecidos, el 12,8% del total de muertos en España. En general, la comunidad se mantiene por debajo de la media nacional en cuanto a ocupación de camas de hospitales y UCI y la incidencia acumulada, de 402,42 casos por cada 100.0000 habitantes, era la segunda más baja de España, según los últimos datos notificados por el Ministerio de Sanidad. “La gestión de la pandemia ha sido como en el resto de los países. La situación de los médicos en la primera ola fue flagrante. La crisis del covid ha evidenciado que la sanidad pública no estaba preparada”, señala Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz. La lucha contra el virus ha monopolizado la gestión sanitaria del Gobierno andaluz, instándole a contratar refuerzos y ha incrementar la plantilla de profesionales del Servicio Andaluz de Salud. De los 95.000 sanitarios que había en 2018 se ha pasado a 131.000, si bien desde la Consejería de Salud se advierte de que es una cifra fluctuante porque muchos de los contratos son temporales.

“Es difícil valorar la gestión sanitaria como si no hubiera pasado nada”, reconoce Carrasco en referencia a la pandemia. “Teniendo en cuenta la situación le daría un aprobado con atenuantes. Hay muchas cosas que mejorar”, sostiene. Y como todos los expertos consultados, considera que para ver la puesta en marcha y la eficacia de las políticas en materia de Sanidad, habrá que esperar a la siguiente legislatura, si Moreno renueva la confianza de los votantes.