El Congreso constituye la comisión de secretos oficiales con la entrada de ERC, Bildu, Junts y la CUP

El pleno del Congreso de los Diputados constituyó finalmente este jueves, tras más de dos años de espera, la Comisión de Secretos Oficiales en pleno rebufo del escándalo del caso Pegasus, de presunto espionaje a líderes independentistas catalanes y vascos, y sin poder abstraerse del complicado momento político nacional. El debate fue otra vez áspero, especialmente por las duras acusaciones de “traición” y “prostitución” del sistema democr...

El pleno del Congreso de los Diputados constituyó finalmente este jueves, tras más de dos años de espera, la Comisión de Secretos Oficiales en pleno rebufo del escándalo del caso Pegasus, de presunto espionaje a líderes independentistas catalanes y vascos, y sin poder abstraerse del complicado momento político nacional. El debate fue otra vez áspero, especialmente por las duras acusaciones de “traición” y “prostitución” del sistema democrático que formularon contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, los portavoces del PP, Vox y Ciudadanos. El pleno acordó la entrada en esa sensible y particular comisión, en la que pueden comparecer a puerta cerrada hasta responsables del CNI, representantes de ERC, EH Bildu, JuntsxCAT y la CUP. El miembro de la CUP que formará parte de esa comisión es uno de los diputados independentistas catalanes supuestamente espiados con el sistema informático Pegasus.

El voto fue en urna, individual, con papeleta escrita y en secreto. Había 10 candidatos y los aspirantes debían superar solo la barrera de la mayoría absoluta tras una resolución de la actual presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, que rebajó el tope fijado en tres quintos (210 escaños) exigido hasta ahora desde 2004. Lo superaron todos. La nueva comisión de secretos oficiales, que podría empezar sus trabajos incluso la semana que viene, la formarán desde ahora el portavoz del PSOE, Héctor Gómez (280 votos a favor); la secretaria general del PP, Cuca Gamarra (282); el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros (270); el de Unidas Podemos, Pablo Echenique (272); el de ERC, Gabriel Rufián (186); la de Junts, Míriam Nogueras (186); el de Ciudadanos, Edmundo Bal (276); el del PNV, Aitor Esteban (275); la de EH Bildu, Mertxe Aizpurua (186) y el de la CUP, Albert Botran (185).

Los portavoces de los partidos del centroderecha ya habían avisado la mañana de este intenso jueves parlamentario que relacionaban los votos afirmativos conseguidos para apoyar el decreto anticrisis por la guerra en Ucrania de ciertas formaciones, en particular de los cinco escaños de EH Bildu, a una cesión política del Ejecutivo para darles acceso a esa comisión de secretos o de fondos reservados. Fue el leitmotiv que siguieron en el debate de la tarde PP, Vox y Cs en una competición de ataques desgarrados en el que sorprendió, al menos a los componentes del Gobierno de coalición, el tono sin concesión alguna de Inés Arrimadas.

La líder de Ciudadanos empezó por etiquetar como una nueva “infamia” y “barbaridad” que se pueda meter así a Bildu, ERC y “los seguidores de Carles Puigdemont”, en alusión a la portavoz de Junts, en esa comisión y se detuvo en descalificarles de manera genérica: “¡Vaya Dream Team, solo les falta meter a Jack el Destripador!”. Arrimadas concedió que ya en 2017, con el PP de Mariano Rajoy en el poder y en plena deriva del proceso separatista en Cataluña, un representante de ERC entró en esa misma comisión, pero consideró que ahora es más “humillante” porque entiende que “se entrega la seguridad nacional de los españoles por unos votos para mantener a Sánchez en su sillón”.

La exposición de Arrimadas fue superada, sin embargo, en decibelios y embestidas por la secretaria general de Vox, Macarena Olona, que teatralizó incluso al comienzo de su intervención las confesiones de presos de ETA en sus interrogatorios en las cárceles cuando denunciaban haber recibido torturas, según la diputada ultra, de manera falsa. Olona se detuvo a subrayar, en tono premeditadamente lastimero, que esos etarras llegaban a orinarse encima al ver a los miembros de la Guardia Civil. La diputada de Vox también conectó el apoyo del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y otros partidos a que ERC, Bildu, Junts y la CUP formen parte de esa comisión de secretos al intento de “superar la siguiente votación”.

Macarena Olona se reservó para el final de su exposición una arremetida directa, por su nombre y su cargo, contra la presidenta de las Cortes, la socialista Meritxell Batet, a la que acusó de “no perder la ocasión de prostituir la Cámara”, “rendirla por completo” y “aniquilar la separación de poderes”. Y acabó entre gritos: “La señora Batet pasará a la historia como la catedrática de Derecho Constitucional que vulneró todos nuestros derechos”. Vox sostiene que la presidenta del Congreso ha aprobado esta semana una resolución de su competencia que varía la vigente desde 2004 para conceder ese derecho a esos partidos a pertenecer a esa comisión de secretos, porque le conviene ahora al Gobierno para apaciguar sus ánimos encrespados por el caso Pegasus.

La presidenta del Congreso aprovechó el final de la alocución de Olona para evidenciar que la diputada de Vox no había mostrado precisamente “ni decoro, ni educación, ni un mínimo de elegancia” al dirigirse de esa manera “a la única persona de la Cámara que no puede entrar en un debate durante un pleno” por su función específica de árbitro. Las bancadas que apoyan al Ejecutivo de coalición la premiaron con un largo aplauso en pie.

El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro también fue implacable contra el Gobierno, pero sin perder nunca las formas. El dirigente popular entendió que la votación de esa nueva resolución de Batet “es un ejemplo más de la instrumentalización de las instituciones del Estado para permanecer en el poder” e interpretó que el Ejecutivo de Sánchez la lleva a cabo “para cambiar presos e indultos por votos”. Bermúdez defendió la libertad de su partido “para actuar de acuerdo a sus principios y no considerar idóneos” a los candidatos propuestos por esos partidos nacionalistas e independentistas para una comisión que destacó como especialmente “sensible y estratégica”. El diputado exigió que a partir de ahora esos parlamentarios secesionistas “dejen fuera sus aspiraciones soberanistas” y trabajen “con un plus de lealtad y responsabilidad en clave española”. Eso sí, dejó claro que el PP no se fía y por lo mismo su portavoz, Cuca Gamarra, anticipó que no votarían nada más que a seis de los 10 candidatos previstos para componer esa comisión y en ese listado excluyó precisamente a los aspirantes de ERC, Bildu, Junts y la CUP.

El embate que más dolió en el Gobierno, el PSOE, Unidas Podemos y otras formaciones que normalmente votan con el Ejecutivo fue, sin embargo, el de la líder de Cs, Inés Arrimadas, a la que se dirigieron expresamente. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, le recordó que “está bien que se constituya una comisión que lleva más de dos años parada sin ningún tipo de vetos, porque todos los diputados de la Cámara son igual de legítimos y las instituciones no son de nadie porque son de todos”. Errejón, eso sí, reconoció que si al final se ha podido conformar esa reunión ha sido como consecuencia de la crisis política desatada por el caso Pegasus de espionaje. Y alertó: “Esa crisis no se va a acabar porque es gravísima y porque define qué tipo de sociedad queremos ser en el futuro”.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, no pensaba tomar la palabra, pero las acusaciones de Arrimadas le animaron para rebatir que se pueda acusar a esas formaciones independentistas de no tener sentido de Estado o de la responsabilidad. Asens señaló que esa es una “visión patrimonialista del poder”, abundó en la idea de que una democracia debe ser “pluralista” y lamentó que Cs haya caído así en las pautas que marca Vox, a los que situó como “directores de orquesta de las tres derechas”.

La secretaria general del grupo socialista, Rafael Crespín, defendió la inclusión de esas formaciones en la comisión con el argumento de tener una “visión del país más plural, transparente y democrático” y, sobre todo, porque por fin así se haya podido constituir “para dar más cumplimiento aún a la función de control a la acción del Gobierno del poder legislativo”.