Interior busca la fórmula para dar papeles exprés a los ucranios

El Consejo Europeo dio luz verde este jueves a conceder una protección temporal a los ucranios que huyen de la guerra y España, el cuarto país con la mayor diáspora de ciudadanos de Ucrania, tiene ahora que buscar la fórmula para que los refugiados accedan al permiso de residencia y trabajo inmediato que contempla la directiva europea. No es una tarea fácil y el Ministerio del Interior sigue buscando el mejor procedimiento. De lo que no hay duda, aun no estando claro el flujo de per...

El Consejo Europeo dio luz verde este jueves a conceder una protección temporal a los ucranios que huyen de la guerra y España, el cuarto país con la mayor diáspora de ciudadanos de Ucrania, tiene ahora que buscar la fórmula para que los refugiados accedan al permiso de residencia y trabajo inmediato que contempla la directiva europea. No es una tarea fácil y el Ministerio del Interior sigue buscando el mejor procedimiento. De lo que no hay duda, aun no estando claro el flujo de personas que recibirá España, es que la Oficina de Asilo se verá sometida a un estrés adicional. Y este órgano ya sufre un importante atasco desde 2018.

La protección temporal, que puede ampliarse a tres años, no supone reconocer formalmente el estatus de refugiado a los ucranios y quien lo desee deberá solicitarlo de forma paralela. La paradoja española es que la UE activa este mecanismo para regularizar ucranios y no sobrecargar los sistemas de asilo de sus estados miembros y España depende de su ya saturado sistema de asilo para ponerlo en marcha.

El Ministerio del Interior quiere que el procedimiento para que los ucranios puedan vivir y trabajar legalmente en España —así como tener acceso a recursos de acogida, soporte financiero, educación y sanidad— sea “lo más rápido y sencillo posible”, pero aún se está trabajando en él, según fuentes del departamento. Para que el registro inicial de los recién llegados sea ágil, se plantea que se haga en una comisaría. Posteriormente, las autoridades harán un filtro para detectar antecedentes penales. La directiva incluye motivos de denegación como delitos graves.

El reto se plantea después, una vez que ese registro se eleve a la Oficina de Asilo y Refugio, el órgano que por ley debe ocuparse de resolver esas solicitudes de protección temporal. El real decreto de 2003 que traspone la directiva de 2001 que se activó este miércoles por primera vez deja claro que es este departamento el que debe centralizar los expedientes, aun trabajando ya al límite de sus capacidades. Además, según el Real Decreto, será necesario que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), el órgano que se reúne generalmente una vez al mes para aprobar o denegar las peticiones de asilo, dé su aval también en el caso de los ucranios.

El problema es el tapón que puede producirse en la Oficina ante una gran afluencia de personas, pero, según fuentes de Interior, aunque se han estudiado otras posibilidades no se ha encontrado otro encaje legal inmediato para una vía más rápida.

La Oficina de Asilo tenía, al cierre de 2021, casi 87.700 expedientes pendientes de admisión o de resolución. Aunque esta cifra ya ha llegado a superar los 100.000 y la Oficina se ha reforzado en los últimos años con 231 nuevos funcionarios, el órgano está sobrepasado ante el vertiginoso incremento de peticiones de asilo de los últimos años. El récord se batió en 2019, con 118.264 solicitudes. España es hoy el tercer país que más solicitudes de asilo recibe, después de Alemania y Francia, y arrastra problemas que dificultan el acceso a los solicitantes de asilo e impactan a su vez en el sistema de acogida.

Caso excepcional

Ante este escenario, el caso de los ucranios se tratará de forma excepcional. Fuentes del Ministerio de Interior aseguran que ya está en marcha un refuerzo de traductores y un aumento de la sección que instruye los expedientes de Ucrania en la Oficina de Asilo, pero con personal del propio departamento. También se pretende convocar CIAR extraordinarias, quizá semanales, para dar salida a los procedimientos. La agilidad es importante para cumplir con el mandato de la directiva, porque aunque los ucranios no necesitan visado para moverse por la UE y tienen garantizada una estancia legal de 90 días, ese estatus no les permite trabajar, ni matricular a los niños, ni, en muchas comunidades autónomas, tener acceso a la sanidad.

El éxito de la gestión española dependerá en gran medida del número de ucranios que decidan instalarse aquí, donde ya reside una comunidad de más de 110.000 personas. La UE prevé, según se desarrolle el conflicto, que puede haber desplazamientos de entre 2,5 y 6,5 millones de ucranios. La propia directiva, con los datos que maneja la UE sobre la emigración ucrania desde que en 2014 se inició el conflicto con la anexión ilegal rusa dela península de Crimea, contempla que alrededor de la mitad de todos los refugiados será absorbida por la “significativa” diáspora en todo el continente. “Principalmente, pero no solo” en los tradicionales países de destino de los ucranios (Polonia, Italia, República Checa, España y Alemania). La otra mitad, entre 1,2 y 3,5 millones de ucranios, pedirá asilo en un plazo de dos años, con el consecuente estrés en los sistemas que tramitan los expedientes y gestionan la acogida. Tras ocho días de conflicto, ya se cuenta más de un millón de refugiados.

Será precisamente la diáspora la que, según distintas fuentes involucradas en la gestión de la recepción de los refugiados, amortigüe el primer impacto. Las comunidades ucranias se han volcado en ayudar a sus compatriotas y tienen a su vez una buena comunicación en sus municipios y con el Gobierno. Otra de las claves será la implicación de las comunidades autónomas —que aún no han concretado el número de plazas de acogida que podrán ofrecer— y el refuerzo que hará la Secretaría de Estado de Migraciones de la red de acogida estatal, que se irá aumentando según las necesidades.