Anticorrupción abre una investigación por el contrato que implica al hermano de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el contrato de provisión de mascarillas adjudicado por la Comunidad de Madrid a una empresa y por el que recibió un pago el hermano de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Según ha avanzado eldiario.es y confirman fuentes jurídicas a EL PAÍS, el ministerio público ―que no ve en este momento indicios para actuar contra la propia Ayuso― adopta esta medida después de que los tres partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) ...

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el contrato de provisión de mascarillas adjudicado por la Comunidad de Madrid a una empresa y por el que recibió un pago el hermano de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Según ha avanzado eldiario.es y confirman fuentes jurídicas a EL PAÍS, el ministerio público ―que no ve en este momento indicios para actuar contra la propia Ayuso― adopta esta medida después de que los tres partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) presentasen sendas denuncias la pasada semana. Esta decisión irrumpe en pleno hundimiento del PP y del liderazgo del presidente de la formación conservadora, Pablo Casado.

El acuerdo sospechoso es una adjudicación a la empresa Priviet Sportive S. L., encabezada por un amigo de la infancia de la familia Díaz Ayuso. El Gobierno regional le otorgó en abril de 2020 un contrato directo (a dedo) de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas y, según llegó a reconocer la presidenta la semana pasada tras muchas reticencias, su hermano tuvo una “relación comercial” con esa sociedad. Es más, tras días sin aclarar en qué había consistido esa transacción, la presidenta finalmente emitió un comunicado donde admitía que su familiar cobró 55.850 euros, más IVA, por “las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid”. “Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación”, decía en la nota.

Una versión que la Fiscalía quiere aclarar. “Resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados”, subraya el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el escrito donde da luz verde a las pesquisas. En ese documento, remacha: “En primer lugar, por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución”.

La cifra que ofreció Ayuso en su comunicado contrasta con la que Pablo Casado, que abrió una investigación interna en el PP sobre este mismo contrato, puso sobre la mesa. El presidente de los populares sugirió públicamente que el hermano de la mandataria madrileña ejerció como intermediario para obtener una comisión de cientos de miles de euros o que usó a Priviet Sportive como testaferro: “Yo creo que no es ejemplar. Yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Ministros”, dijo el dirigente del PP, que añadió: “Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que hay un tráfico de influencias”.

En su denuncia ante la Fiscalía, Más Madrid aportó una serie de 11 mensajes de móvil sucesivos que recibió el pasado noviembre de forma “anónima” y que apuntaban en la misma dirección: “Os hago llegar un caso grave de corrupción del hermano de Díaz Ayuso. Recurro a vosotros porque no sé como denunciarlo a Anticorrupción ni me puedo exponer personalmente”, comenzaban los SMS. Y seguían: “En el peor momento de la pandemia, abril de 2020, la Comunidad de Madrid adjudicó un contrató de 1,5 millones para EPI [trajes de protección] y mascarillas de Ifema [el recinto ferial de Madrid, utilizado al comienzo de la crisis sanitaria como hospital]. Lo hizo a la empresa Priviet Sportive, de Daniel Alcázar, amigos de los Ayuso. Una empresa de calzado y confección que cambió su CNAE días antes. Y cuando ingresó los pagos de la CM [Comunidad de Madrid] hizo transfer [sic] por valor de 300.000 euros a Tomás Díaz Ayuso. El concepto de esas transfer es ‘intermediación Comunidad de Madrid’. Pero si la intermediación ya sería delictiva, pagar un 25% del importe de un contrato significa que Alcázar es un testaferro de Tomás Ayuso. Es un delito, sino son muchos [sic] y están intentando taparlo con facturas falsas, pero la transferencia no admite dudas. En vuestra mano está que no quede impune”.

“Indiscutible trascendencia social”

La resolución del ministerio público, firmada este mismo martes, incide en la “indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias”. El contrato se firmó en lo peor de la pandemia del coronavirus, cuando se hacía “necesaria y urgente” la compra de mascarillas “en un momento singularmente difícil para la población madrileña”, subraya Anticorrupción, que descarta remitir, de momento, las pesquisas a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ante el cual se encuentra aforada la dirigente popular.

En este sentido, Luzón detalla que las denuncias de la oposición “se limitan a solicitar” la apertura de una investigación y “proponen distintas hipótesis sobre la eventual participación [de Ayuso] en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios”. El fiscal jefe subraya que, con los elementos que tiene actualmente en las manos, no cuentan con “indicios razonablemente verosímiles” de la implicación de la jefa del Gobierno madrileño en los hechos, así como “de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo”.

Además de las denuncias de la oposición, la Fiscalía cuenta con “diversa documentación” que le envió la Comunidad de Madrid este lunes. Según detalla Anticorrupción, entre los papeles remitidos se encuentra: la oferta con datos de las características técnicas del producto; albaranes de entrega, factura y certificado de conformidad de la misma; la memoria justificativa para la adquisición centralizada de material de protección; la hoja de pedido del 1 de abril de 2020; documento contable RC [retención de crédito]; varias resoluciones de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria; y un informe del viceconsejero de Asuntos Jurídicos y secretario general del Consejo de Gobierno de este 18 de febrero de 2022, donde descarta irregularidades.

“Entregaremos más pruebas”

Tras conocerse la decisión del ministerio público, la oposición ha salido rápidamente en tromba contra Ayuso. Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha afirmado: “Ya lo dijimos. Es un primer paso para esclarecer qué ha ocurrido. Mañana entregaremos más pruebas a la Fiscalía”.

Héctor Gómez, portavoz de los socialistas en el Congreso, ha añadido: “El PSOE no ha pedido otra cosa que investigar las irregularidades que el mismo PP ha pedido que se investigue. Si la Fiscalía ya ha abierto una investigación, pues que se investigue y salgan a la luz pública las irregularidades que el propio Partido Popular ha denunciado. Es algo que implosiona en el marco del PP”. Alejandra Jacinto, diputada regional de Unidas Podemos, ha remachado: “¡La Fiscalía abre una investigación por el contrato de las mascarillas! Y esto es solo la punta del iceberg”.

[Si no puede ver el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, pinche aquí]