Casado pide el cese de Marlaska por los contactos con colectivos de apoyo a los presos de ETA

La docena de reclusos de la banda por los que intercedió la izquierda ‘abertzale’ ante Interior no fueron trasladados hasta año y medio después

El presidente del PP, Pablo Casado, durante su visita este jueves a Zamora por la campaña electoral de Castilla y León.Mariam A. Montesinos (EFE)

Los tres partidos de la derecha (PP, Vox y Ciudadanos) han registrado en el Congreso iniciativas para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explique el contenido de las supuestas conversaciones que, entre 2019 y 2020, mantuvo el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, con ...

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Los tres partidos de la derecha (PP, Vox y Ciudadanos) han registrado en el Congreso iniciativas para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explique el contenido de las supuestas conversaciones que, entre 2019 y 2020, mantuvo el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, con el portavoz de la organización de apoyo a los reclusos de la banda Sare, el exconsejero vasco Joseba Azkarraga; y el parlamentario de la izquierda abertzale en la Cámara vasca Julen Arzuaga, y si estas desembocaron en un supuesto “trato de favor” a reclusos de la organización terrorista. A pesar de que la mayoría de los presos a los que, según el documento policial, la izquierda abertzale intercedió ante Interior no fueron acercados hasta más de un año después, el presidente de los populares, Pablo Casado, en un mitin de la campaña electoral de Castilla y León, ha reclamado el cese del ministro por estos contactos. “No es digno que un país que ha sufrido 850 asesinatos por parte de los criminales de ETA” vea que el Gobierno “pacta con ellos a cambio de la investidura de Pedro Sánchez”, ha asegurado.

El origen de la polémica es un informe que la Guardia Civil entregó en marzo del año pasado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para su incorporación al sumario de la Operación Kabat, en el que se investiga la organización de los llamados ongi etorri (homenajes públicos) a los presos de ETA cuando son excarcelados, al considerar que estos constituyen un delito de humillación a las víctimas del terrorismo.

La investigación se había iniciado en 2018 y llegó a tener 14 imputados, aunque en la actualidad solo quedan cuatro. En el transcurso de estas pesquisas fueron detenidas, en enero de 2020 cuatro personas, entre ellas el expreso de ETA José Antonio Ruiz, alias Kubati, autor del asesinato de la exdirigente etarra María Dolores Catarain, Yoyes. La Guardia Civil obtuvo de los teléfonos móviles y equipos informáticos que intervino tras aquellos arrestos abundante documentación interna de la denominada “Comisión a favor de los presos”, que presuntamente integraban los detenidos para la organización de los ongi etorri, así como el cruce de mensajes entre ellos y con otras personas. Con todo ello, los agentes elaboraron el informe de 429 páginas que ahora se ha conocido.

Del contenido del mismo, la polémica se centra en el cruce de mensajes de móvil de Kubati con el exconsejero Azkarraga, por un lado, y con el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, por otro, pero sobre todo por un chat de WhatsApp bautizado como GureMarko (nuestro marco, en euskera). En este, además de Kubati y el diputado vasco aparecen el abogado y expreso Txema Matanzas; Jorge García Sertutxa, el etarra que intentó matar al rey Juan Carlos I y actual coordinador de la asociación de familiares de reclusos Etxerat; y Carlos Sáez de Eguilaz, integrante de la comisión a favor de los presos investigada.

Algunos de los mensajes recogidos en el informe de la Guardia Civil, extraídos del móvil de expreso de ETA Kubati.

En este chat se produce un cruce de mensajes el 5 de abril de 2019 en el que Arzuaga reenvía uno que ha recibido del exconsejero Azkarraga que, en su papel de portavoz de la plataforma Sare, les anuncia que “el próximo martes” va a tener “una nueva reunión con Ángel Luis”, supuestamente en referencia al secretario general de Instituciones Penitenciarias. “¿Tenéis alguna cosa concreta que os interese traslade?”, preguntaba el exconsejero a Arzuaga en el mensaje reenviado por este a los integrantes del chat antes de que el parlamentario les proponga: “Hala, a pasar la lista de prioridades”.

Sáez de Eguilaz y García Sertutxa envían media hora después varios mensajes con el nombre de una docena de presos de la organización terrorista para, supuestamente, reclamar a Interior su rápido traslado a cárceles más próximas al País Vasco y Navarra. En aquel momento, los acercamientos se producían con cuentagotas y no superaban la treintena, a pesar de haberse iniciado en el verano de 2018, tras anunciar Pedro Sánchez el cambio de la política penitenciaria.

“Mikel Arrieta, Aitxiber Coello, Txusen [Martín] permiso”, dice uno de ellos. “Carlos Apestegia solo en aislamiento”, añade. “Que Ainhoa García se junte con Oier Urrutia en Villabona. Y Karmelo Lauzirika con Marta Igarriz en Logroño”, añaden poco después. “A Oskarbi Jauregi que la junten con Lierni [Armendariz], que se va a quedar sola y las dos están en Galicia o mover a ambas a Villabona o Logroño que tienen criaturas fuera y el viaje es largo y penoso”; “y el permiso de Sebas Etxaniz”. “Fiti [alias de Joseba Arregi Erostarbe] a Burgos con Tximeno”.

El 11 de abril que aquel año, seis días después del cruce de mensajes, Arzuaga ofrece a los otros integrantes del chat compartir lo que denomina “el acta de la reunión” que Azkarraga ha elaborado tras su supuesto encuentro con Ortiz. “¿A ver, tengo el acta de la reunión que ha tenido Joseba Azkarraga. ¿Lo digo por aquí abiertamente? ¿U os lo hago saber de forma más discreta?”, pregunta el diputado en el grupo de WhatsApp. “De forma más discreta mejor”, responde Kubati. La Guardia Civil no ha encontrado el documento al que ambos hacían referencia entre el material intervenido a este último. La mayoría de los 12 reclusos etarras a los que se citaba en aquella conversación no fueron acercados hasta el último cuatrimestre del año siguiente, año y medio después. Incluso, uno de ellos, Urrutia, lo había sido en marzo, un mes antes de que su nombre fuera incluido en “la lista de prioridades”.

Algo similar ocurrió con Zigor Orbe, otro preso etarra sobre el que los integrantes de chat comentan, en este caso dos meses más tarde, en mayo de 2019, pedir a Interior un acercamiento. En aquel momento Orbe acababa de ser trasladado de Puerto I a Puerto II, dos de los tres centros penitenciarios situados en el Puerto de Santa María (Cádiz), de los más alejados del País Vasco. En esa conversación, Arzuaga envía el mensaje que piensa remitir al máximo responsable de Prisiones para agradecerle tanto ese cambio de penal como el cambio de la situación penitenciaria de Orbe, que hasta ese momento estaba en primer grado, el más duro, para pasar al segundo grado. En el mensaje, pedía además “pueda ser trasladado prontamente a un destino más cercano a su familia y lugar de residencia”. Kubati dio el visto bueno al texto. Sin embargo, el preso etarra siguió en la cárcel gaditana 20 meses más, hasta enero de 2021, cuando fue llevado por Interior a la prisión de Zaballa (Álava), cuya gestión no había sido aún transferida al Gobierno Vasco.

Otro preso del que se habla en las conversaciones del chat es Aitzol Gogorza. El diputado Arzuaga reenvía el 25 de febrero de 2019 a sus compañeros el mensaje que supuestamente le ha enviado Ángel Luis Ortiz en el que este le explica que la prisión de Basauri (Bizkaia) donde estaba recluido Gogorza había acordado enviar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional el programa de tratamiento individualizado del preso por la grave enfermedad mental que entonces sufría. El objetivo era que el magistrado diese el visto bueno al traslado de interno a un hospital de San Sebastián para que fuera tratado.

Un mes después, en abril el juez José Luis Castro autorizaba, con el apoyo de la Fiscalía, la excarcelación por motivos de salud de Gogorza, para que terminara de cumplir el resto de su condena en el hospital y, cuando fuera dado de alta, en su domicilio sin poder salir bajo el estricto control de un dispositivo telemático. En el auto, el juez impuso cinco condiciones al recluso para no volver a prisión, entre ellas que no participe “de forma directa o indirecta” en actos de apoyo a la organización terrorista o sus reclusos, o que puedan suponer “desprecio, agravio o daño a las víctimas del terrorismo”.

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