Bruselas desarticula los argumentos del PP en su ofensiva contra la gestión de los fondos europeos

El PP no encuentra ni una rendija en Bruselas para su ofensiva contra la gestión del Gobierno de los fondos europeos. Lo ha intentado con declaraciones, con viajes a la capital comunitaria para reunirse con altos cargos europeos conservadores y también con preguntas a la Comisión Europea, tanto orales como escritas. Pero, ...

El PP no encuentra ni una rendija en Bruselas para su ofensiva contra la gestión del Gobierno de los fondos europeos. Lo ha intentado con declaraciones, con viajes a la capital comunitaria para reunirse con altos cargos europeos conservadores y también con preguntas a la Comisión Europea, tanto orales como escritas. Pero, por ahora, los de Pablo Casado se dan con un muro. En el mejor de los casos, los populares se encuentran con una respuesta muy formal: “La Comisión no puede comentar los procesos de reforma en curso”. En el peor, se topan con el respaldo abierto a las decisiones del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Ni Casado ni los alcaldes populares que han acudido a Bruselas a quejarse de la gestión del Gobierno de su país han conseguido que les reciban los responsables directos del plan de recuperación.

Uno de los ejemplos más recientes del apoyo europeo al Gobierno es la contestación que recibieron las eurodiputadas Dolors Montserrat e Isabel Benjumea el pasado viernes. Ambas habían preguntado en noviembre al Ejecutivo comunitario, que dirige la popular Ursula von der Leyen, si la reforma de “42 sedes sindicales” con “100 millones de los fondos europeos” era un “uso partidista” del dinero. La contestación lo rechaza de plano: “La Comisión entiende que estas inversiones forman parte de la inversión cuatro del componente 11 del plan español de recuperación y resiliencia”.

En esa misma respuesta, que firma el vicepresidente de la Comisión, el letón Valdis Dombrovskis, también de la familia popular, se recuerda que “el patrimonio sindical acumulado es un activo inmobiliario de la Administración central española (es decir, de propiedad pública) el cual se pone a disposición de los sindicatos y las patronales […] según lo previsto en la Ley 4/1986″. Dombrovskis aprecia que la inversión sirve para “aumentar el número instalaciones con alta calificación energética y fomentar la implantación de sistemas solares fotovoltaicos u otras energías renovables en instalaciones de la Administración”.

Esto no desanimó a Casado. La respuesta llegó el viernes pasado y tres días después, este lunes, el líder popular volvió a la carga en su visita a Bruselas: “No estamos de acuerdo en que se dé [dinero] a proyectos que no son imprescindibles, como, por ejemplo, sobre los cetáceos o sobre la digitalización de archivos de hace 70 años […] o renovación de sedes sindicales”. Ese mismo día, parlamentarios del PP presentaron otra pregunta escrita sobre la inversión en el patrimonio sindical para saber si ha habido “concurrencia competitiva” en la asignación. Todavía no hay respuesta.

Tampoco hay contestación a una serie de preguntas formuladas en diciembre, antes incluso de que la Comunidad de Madrid presentara una demanda por el reparto de nueve millones de los fondos entre regiones. En ellas se alude a la falta de transparencia en la adjudicación del dinero europeo o se pregunta “cómo cree la Comisión que puede afectar” a su gestión “la marcha masiva” de altos cargos del Ministerio de Asuntos Económicos, el que dirige Nadia Calviño. Pero ya antes hay preguntas en las que se cuestionan los pasos dados por el Gobierno español.

Desde el año pasado, hay alrededor de una veintena de cuestiones, de las que han sido respondidas en torno a la mitad. La parlamentaria que más ha formulado es Isabel Benjumea, quien en enero interpeló en el Parlamento Europeo al vicepresidente Dombrovskis y al comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y vio como ambos cerraban filas en el respaldo al plan español.

Si algo queda claro en las respuestas de la Comisión es que van a defender su propia gestión, que hasta ahora ha dado el visto bueno al plan presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez y todos los pasos que ha dado. España ha sido, de hecho, el primer país en recibir los fondos correspondientes al primer pago, 10.000 millones, que hay que sumar a los 9.000 millones del adelanto recibido por la prefinanciación. Eso, hasta ahora, une a ambos ejecutivos.

Una de las respuestas más recientes, del 25 de enero, tiene que ver con posibles retrasos en los proyectos estrella del plan español, los Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE). La pregunta se formuló el 8 de noviembre. “El 5 de noviembre de 2021, España notificó a la Comisión una medida de ayuda para apoyar el plan PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Una vez finalizada la notificación (...), la Comisión aprobó la medida el 9 de diciembre, respetando plenamente el plazo establecido”. En esa misma interpelación, también se pregunta sobre si el decreto que eliminaba trabas burocráticas para que llegaran rápido las ayudas a las empresas es suficiente: “El hito se ha cumplido satisfactoriamente”.

La ofensiva popular es especialmente virulenta en la gestión y distribución regional de los fondos. Ahí también han recibido una respuesta muy reciente los conservadores españoles de su correligionario Dombrovskis. Interpelado sobre cómo pensaba garantizar que “las entidades regionales y locales participan en el diseño y desarrollo de reformas e inversiones”, el vicepresidente comunitario contesta que “durante sus contactos con los Estados miembros, la Comisión ha recordado la importancia de entablar un diálogo” con estas administraciones.

Sobre la ejecución del dinero, el vicepresidente zanja: “En sus planes de recuperación y resiliencia, los Estados miembros deben demostrar que han implantado las disposiciones pertinentes para garantizar la complementariedad y evitar la doble financiación. Los Estados miembros tuvieron que describir pormenorizadamente los procesos y estructuras específicos establecidos a nivel nacional, regional y local para garantizar la complementariedad y la coordinación de la gestión de las distintas fuentes de la UE”. Es decir, en lo visto hasta ahora, la Comisión no encuentra problemas o, de lo contrario, no habría permitido que el plan continuara su curso.

Las sospechas sobre la gestión hecha con comunidades, que el año pasado recibieron 11.427 millones del plan y gestionarán el 54% de los fondos, han sido el tema que más protagonismo ha tenido casi desde el principio. Una de ellas fue la planteada en febrero de 2021 a cuenta de críticas hechas en España. La respuesta del Ejecutivo comunitario fue una de esas respuestas formales: “La Comisión anima a las autoridades españolas a intensificar los esfuerzos de cooperación entre los distintos niveles de gobierno”. Y, además, deja claro que el reparto no tiene por qué ser igual para todas porque “la crisis no ha afectado a todas las regiones y localidades de la misma manera”.