La comisión Kitchen señala a Cospedal: “Pudo recibir una copia de lo sustraído a Bárcenas”

El dictamen aprobado este miércoles por la comisión de investigación de la Operación Kitchen critica el silencio y las supuestas falsedades de algunos de los comparecientes, y enumera los indicios sobre otros. Así, sobre Mariano Rajoy, asegura que “no solo se negó a asumir responsabilidad alguna [en la Operación Kitchen], sino que llegó a asegurar estar convenc...

El dictamen aprobado este miércoles por la comisión de investigación de la Operación Kitchen critica el silencio y las supuestas falsedades de algunos de los comparecientes, y enumera los indicios sobre otros. Así, sobre Mariano Rajoy, asegura que “no solo se negó a asumir responsabilidad alguna [en la Operación Kitchen], sino que llegó a asegurar estar convencido de la inexistencia de los hechos y a mentir de manera abierta [al] no reconocer el hecho de la existencia de la caja b con la que se financiaba ilegalmente el PP, así como a la existencia de condena alguna de los tribunales que acreditan la existencia de esa caja b”. El documento recalca que si uno se pregunta a quién beneficiaba el operativo, “la respuesta no puede ser otra que a Mariano Rajoy y a su Gobierno”

De María Dolores de Cospedal, a la que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón levantó la imputación en el caso Kitchen, critica que se escudase en su derecho a no declarar para negarse a contestar a los diputados. “No goza de ese derecho, ni existe justificación legal para ampararse en él”, destaca el texto. El texto la considera también como una de las “beneficiarias” del espionaje ilegal a Bárcenas y añade: “No solo podemos afirmar que era conocedora de la trama y de sus avances, sino que pudo recibir una copia de la información sustraída al extesorero del PP”.

La comisión recalca que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien negó ante los diputados haber tenido conocimiento o haber consentido el espionaje a Luis Bárcenas, “omitió un detalle importante” cuando compareció: que su entonces ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, le señaló “como responsable e inductor de su actuación”. Por ello, acusa a Fernández Díaz —que está procesado en la Audiencia Nacional por estos hechos— de tener “voluntad de ignorar o aparentar ignorar” las actuaciones irregulares de responsables policiales bajo sus órdenes.

Al también encausado Francisco Martínez, el dictamen le afea haber cambiado “el contenido de su declaración en multitud de ocasiones”. “En la comisión de investigación, intenta negar todo lo dicho en otras declaraciones publicadas, incluso judiciales, en las que señaló directamente a Mariano Rajoy, a Jorge Fernández Díaz y a María Dolores de Cospedal”, destaca el documento. Y recuerda que tanto las actas notariales que protocolizó ante notario con los mensajes que intercambió con el exministro del Interior sobre detalles de la Operación Kitchen, así como lo manifestado por los comisarios Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo, “le señalan como la persona a la que [estos mandos policiales] daban cuenta”.

Sobre Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía, asegura que de su declaración insistió que “no conoció la existencia de una policía política” ni de las “actuaciones irregulares” que sus miembros realizó, a pesar de que tanto Villarejo como quién era entonces el jefe de la Policía, el comisario Eugenio Pino, aseguraron que ellos le informaban de los avances del operativo. “Del resto de su declaración se desprende que era como una especie de ‘extraterrestre’ en la Dirección General de la Policía dado el desconocimiento de lo que pasaba y que había mucho descontrol en su gestión como director”, destaca el documento, que considera que no resulta creíble “que no estuviera al tanto de lo que ocurría”. Por ello, concluye que, por su cargo, Cosidó “tenía motivos, medios y oportunidad y, por tanto, los indicios le señalan de manera directa”.

En un informe remitido por los letrados del Congreso a la comisión el lunes se indica a los diputados que, si consideran que algún compareciente ha mentido, deben solicitar a la Mesa de la Cámara que informe a la Fiscalía. El documento añade que faltar a la verdad ante una comisión de investigación parlamentaria está castigado con pena de seis meses a un año de prisión, o multa de 12 a 24 meses.