Gobierno y ERC tiran de la cuerda sin romperla
Los republicanos presionan para que se cree un fondo público que financie la producción audiovisual en catalán
Es dinero, símbolos e identidad. La ley audiovisual, y el blindaje que en ella se introduzca a la producción en catalán, mantienen entrampada la negociación entre el Gobierno y ERC, y con ese desacuerdo comienza esta semana, a ocho días de la votación final de los Presupuestos para el próximo año. No hay el menor temor de que ...
Es dinero, símbolos e identidad. La ley audiovisual, y el blindaje que en ella se introduzca a la producción en catalán, mantienen entrampada la negociación entre el Gobierno y ERC, y con ese desacuerdo comienza esta semana, a ocho días de la votación final de los Presupuestos para el próximo año. No hay el menor temor de que las cuentas del Estado no queden selladas para ser aplicadas desde enero; tampoco de que, al final, no se ponga el broche a la ley audiovisual. Los interlocutores políticos consultados subrayan que, en realidad, ninguna de las dos partes puede permitirse romper. Los protagonistas, sin embargo —los negociadores de Gobierno y ERC—, aseguran que la discusión es muy real. “Hay ganas reales de acordar, tantas como dificultades reales para acordar”, señalan fuentes republicanas.
Desde ERC critican que los socialistas hayan caído ahora en la cuenta de que existe una directiva europea que dificulta la aplicación de la cuota del 6% de producción en catalán en las plataformas como Netflix, que el Gobierno accedió a introducir en la ley. No es la primera, ni la segunda ni la tercera vez que hay rectificaciones respecto a los acuerdos aparentemente alcanzados. Los republicanos, vigilados estrechamente en Cataluña por sus socios de Gobierno, Junts per Catalunya, así como por la CUP, buena parte del sector audiviosual catalán, más asociaciones y colectivos de defensa de la lengua cooficial, preparados para reprocharles su supuesta condescendencia con el Gobierno de Pedro Sánchez, están dispuestos a reformular la negociación, pero no a renunciar a su objetivo general.
La presión se centra ahora en conseguir que “el Estado se involucre por primera vez económicamente en la difusión de cine en catalán, gallego y euskera”. Esta propuesta ya la tiene el Gobierno sobre la mesa. Se trataría de crear un fondo, de los Presupuestos Generales del Estado, para hacer el doblaje en la lenguas cooficiales en las producciones audiovisuales. Junto a la reivindicación de estos recursos estatales, los republicanos aprietan al Gobierno para que “obligue” a las plataformas extranjeras a agregar en sus catálogos películas que ya están subtituladas en las lenguas cooficiales o incluso dobladas.
¿Obligar a las multinacionales? No es tan fácil, según responden, de momento, en el Gobierno. En principio, no se puede con aquellas plataformas que no están establecidas en España, según las directivas europeas. Si esas plataformas ven negocio y creen en que esas películas tendrán buena acogida, no habrá problema, es la respuesta que se limitan a dar los interlocutores socialistas. Del lado de ERC, cuesta trabajo aceptar que el Gobierno no pueda hacer nada para negociar con estas plataformas. La negociación sigue con aportaciones nuevas.
La discusión empezó con la propuesta de los socialistas de que las plataformas dedicaran un 5% de sus ganancias en España a producción de cine en la Unión Europea y, de esa cuota, un 70% para las lenguas cooficiales. El paso ahora dado es dedicar un 10% a las tres lenguas cooficiales. Eso es poco, ha respondido, por ahora, ERC.
Las percepciones sobre lo que ocurre en la Generalitat y en el Gobierno central difieren ostensiblemente. Los republicanos independentistas de ERC gobiernan en Cataluña en coalición con Junts, aunque el ganador de las elecciones fue el PSC de Salvador Illa. No pueden encontrarse pactos, con algunas excepciones, entre los socialistas y ERC en Cataluña porque su líder, Oriol Junqueras, no está por la labor de acuerdos con quien considera uno de los principales adversarios electorales, si no el mayor. El evidente interés de Illa por acordar los Presupuestos autonómicos con el Gobierno de Pere Aragonès cayó en saco roto. El PSC es adversario de los republicanos en Cataluña, pero estos son aliados en las Cortes Generales, a pesar del dramatismo de la relación.
En pleno jaleo con la ley audiovisual, la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña —ratificada por el Supremo— sobre la obligación de los colegios catalanes de impartir el 25% de las clases en castellano añade pasión a la cuestión lingüística. El hostigamiento a una familia de Canet de Mar, cerca de Barcelona, por pedir que se cumpla la ley con su hija de cinco años ha perturbado el acuerdo. El Gobierno de Sánchez sostiene que defiende el cumplimiento de la ley y las sentencias, pero su premisa es que en Cataluña no hay ningún problema con la lengua. Esta es la consideración cimentada desde hace décadas por independentistas y socialistas de Cataluña y del resto de España. Tampoco todo el PP catalán, de ahora y de antes, se apresura a proclamar que el problema existe. Las lenguas no son tema cómodo para los políticos en Cataluña, País Vasco y Galicia, con las excepciones de Vox y Ciudadanos, aunque con más que matices entre ellos.