El Gobierno apuntala la legislatura por 396 millones

Los Presupuestos Generales del Estado, la ley más importante para cualquier Gobierno, pasaron esta semana la prueba del refrendo parlamentario sin demasiados problemas. No supuso un viacrucis, como en otras ocasiones. Las cuentas para 2022, el esperado curso de la recuperación tras lo peor de la pandemia, sumaron 188 votos a favor y 159 en contra en la mayoría de sus capítulos. Concitaron el apoyo de 11 partidos y del 55% de los dip...

Los Presupuestos Generales del Estado, la ley más importante para cualquier Gobierno, pasaron esta semana la prueba del refrendo parlamentario sin demasiados problemas. No supuso un viacrucis, como en otras ocasiones. Las cuentas para 2022, el esperado curso de la recuperación tras lo peor de la pandemia, sumaron 188 votos a favor y 159 en contra en la mayoría de sus capítulos. Concitaron el apoyo de 11 partidos y del 55% de los diputados. El Gobierno, La Moncloa, el Ministerio de Hacienda y los grupos parlamentarios apuraron de nuevo los contactos hasta el límite sobre un proyecto que seguirá ahora su camino en el Senado.

El Ejecutivo concedió al final a los nueve socios parlamentarios que entraron en este sudoku 232 enmiendas que sumarán 396,47 millones de euros sobre un Presupuesto global con el mayor gasto social de la historia (240.375 millones), una partida de 126.500 millones para las autonomías y una previsión de 26.335 millones de inversiones de fondos europeos. Las cesiones económicas a los socios en inversiones y en infraestructuras no han sido, sin embargo, lo más relevante de esas negociaciones.

Un total de 92 altos cargos comparecieron en las Cortes para explicar sobre la base de esos números y partidas sus intenciones políticas. La oposición de derechas, y particularmente el PP, registró hasta 1.070 enmiendas con propuestas de correcciones. No fueron admitidas, porque el Ejecutivo entendía que contenían impactos sobre los gastos que no se preveían en los ingresos. Los negociadores mantuvieron reuniones con portavoces de los nueve grupos aliados, pero también con otras fuerzas con las que no se cerró un acuerdo como el BNG, Junts o Coalición Canaria. Este es un resumen de esos contactos.

La ley audiovisual y ERC. Las transacciones que se alargaron más fueron las que se quisieron amarrar con los republicanos catalanes, que presiden la Generalitat y con quienes se quiere impulsar la mesa de diálogo para buscar soluciones al proceso independentista. ERC obtuvo 51 enmiendas parciales que suman 73,67 millones. En los días previos, el portavoz republicano, Gabriel Rufián, llegó a comparecer para advertir de que habían estado a 15 minutos de tumbar el proyecto con una enmienda a la totalidad porque la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, bloqueaba una solución a otra ley, la audiovisual, al no permitir una cuota mínima para la producción en los idiomas cooficiales en plataformas como Netflix o Amazon. Esa cuota se fijó luego en el 6%, ERC aflojó su presión, concedió los Presupuestos y remarcó así lo troncal que sigue siendo para su formación la protección del catalán. Rufián ha lamentado mucho, sin embargo, que cueste tanto obligar al Gobierno progresista de coalición, y en particular a su sector socialista, a plasmar determinadas políticas de izquierdas.

El PNV vota sí, pero sin acuerdo. El otro gran socio preferente de toda la legislatura sigue siendo el PNV. Los nacionalistas vascos han negociado como siempre en silencio durante semanas, han plasmado sus demandas en 44 enmiendas, que llegan a los 80 millones, pero no han querido que esos logros figurasen como un acuerdo global. Entre sus partidas ya cerradas figuran 50 millones para la ejecución de dos obras hidráulicas (el canal del Añarbe, en Gipuzkoa, y la depuradora de Galindo, en la localidad vizcaína de Sestao) y queda por determinar lo que supondrá ampliar la prestación económica por cuidado de menores enfermos hasta los 23 años. El aspecto más simbólico de sus exigencias ha sido el desbloqueo de la gestión del ingreso mínimo vital, en lo que el Gobierno autónomo se considera pionero. Con Transportes sigue atascada la solución para la entrada del AVE en las tres capitales vascas.

Aspectos sociales con EH Bildu y sin hablar de presos. La negociación del Ejecutivo con EH Bildu ha vuelto a ser discreta, pero efectiva, muy de calado social y nada política en lo relacionado con el nacionalismo vasco y los presos de ETA. Los portavoces abertzales hasta se han permitido apuntarse tantos que no eran suyos en exclusiva, como un fondo de compensación para las víctimas del amianto de 25 millones, que reclamaba todo el Parlamento vasco, y que ahora se ha desbloqueado y que debería activarse con una ley en dos meses. Las 12 enmiendas que han prosperado de EH Bildu supondrán 45,3 millones. La coalición independentista reclamó que ETB-3, el canal infantil de la televisión vasca, se pueda emitir en toda Navarra antes del fin de 2022.

Complicaciones con el PDeCAT. La negociación fue de las más difíciles. Los cuatro diputados escindidos de Junts metieron al final 45 enmiendas que suponen 15 millones. Pero su principal demanda fue que se permita acceder a fondos europeos a las entidades sin ánimo de lucro que prestan en Cataluña servicios sociosanitarios. El interlocutor del PDeCAT, Ferran Bel, llegó a amagar con dejar el pacto, pero el Gobierno insistió no tanto porque esos votos fueran imprescindibles como para ofrecer la imagen de un acuerdo amplio con muchas fuerzas. Bel aceptó a cambio de unas inversiones en varios municipios.

La peculiaridad canaria y con Revilla. Una de las alianzas que se fraguó más rápido fue con Nueva Canarias (NC), porque ya se mantiene un pacto con ese partido en el Gobierno canario, como sucede con el Partido Regionalista de Cantabria de Miguel Ángel Revilla. El portavoz de NC, Pedro Quevedo, plasmó en 41 enmiendas 100,4 millones para las islas y en concreto para arreglos en La Palma, tan castigada por el volcán. El pacto no fue viable con CC y Ana Oramas porque exigía 700 millones. El PRC añadió a lo anteriormente negociado otras cinco enmiendas por tres millones más.

Más País y Compromís. Las 10 enmiendas cerradas por el partido que lidera Íñigo Errejón alcanzan 23,7 millones. La más importante supondrá 10 millones para empresas que accedan a reducir la jornada laboral; cinco millones para la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que vigilará el uso de los algoritmos por parte de las grandes compañías para captar usuarios y otros cinco para prevenir el suicidio entre los adolescentes. Entre las partidas más pequeñas hay consignaciones para la implantación de trenes nocturnos o para un mapa de vías ciclistas. La mayor parte de las siete enmiendas y los 26,8 millones cuadrados con Compromís son para inversiones ferroviarias y el aeropuerto. La más determinante es el compromiso de publicar en unas semanas el nuevo modelo de financiación autonómica.

Teruel sigue existiendo. El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, logró incluir 14 enmiendas con 21,5 millones más para su provincia. La mayoría para mejorar la comunicación con el Corredor Mediterráneo. Empezará a construirse la autovía Alcañiz-Reus y se destinarán 13 millones a modernizar la vía del tren entre Zaragoza y Sagunto (Valencia). Con 2,5 millones se creará el Museo Nacional de Etnografía.