La falta de restos de ADN dificulta identificar a los asesinos del concejal asturiano muerto en 2018

La ausencia de restos de ADN en el lugar del crimen dificulta identificar a quien asesinó a Javier Ardines, concejal de Izquierda Unida de Llanes (Asturias), en 2018, cuando contaba 52 años. La Fiscalía tiene más clara la autoría: Pedro Nieva, de 48 años, organizó al milímetro el asesinato de su viejo amigo y ejerció de autor intelectual al contactar con Jesús Muguruza, con quien trapicheaba con drogas, y este, a su vez, con dos sicarios argelinos para asignarles la misión de matar al edil....

La ausencia de restos de ADN en el lugar del crimen dificulta identificar a quien asesinó a Javier Ardines, concejal de Izquierda Unida de Llanes (Asturias), en 2018, cuando contaba 52 años. La Fiscalía tiene más clara la autoría: Pedro Nieva, de 48 años, organizó al milímetro el asesinato de su viejo amigo y ejerció de autor intelectual al contactar con Jesús Muguruza, con quien trapicheaba con drogas, y este, a su vez, con dos sicarios argelinos para asignarles la misión de matar al edil.

Según el relato de la Fiscalía, Nieva estaba cegado por los celos tras descubrir que Ardines mantenía una relación extramatrimonial con su esposa, prima hermana de la pareja del concejal, y preparó una emboscada el 16 de agosto de 2018, el día en que el edil murió golpeado y asfixiado. Al poco, comenzó una investigación que ha desembocado este martes en el juicio del caso en la Audiencia Provincial de Oviedo.

El ministerio público pide 25 años de cárcel para los cuatro implicados mientras los dos supuestos sicarios exigen su absolución porque no se encontró ADN suyo en el lugar del crimen, Belmonte de Pría, cerca de Llanes, donde además ambos niegan que estuvieran. Por su lado, Nieva y Muguruza se desligan por completo de los hechos. La Guardia Civil arrestó a los argelinos, que han comparecido en esta primera cita judicial, por las localizaciones de sus móviles. Uno de ellos, que admitió en un principio que se había orquestado el asesinato, ha achacado ahora ese testimonio a “presiones”.

Ardines y Nieva solían reunirse junto a sus parejas en la vivienda del concejal en Belmonte, sobre todo en verano. Nieva, que temía que su esposa, Katia Blanco, estuviese siéndole infiel con Ardines, grabó a escondidas a finales de 2017 una conversación que confirmó sus malos augurios y descubrió que los encuentros se remontaban tres décadas atrás. Nieva compró luego dispositivos tecnológicos para controlarla, así como test de ADN para sus hijos en común.

La Fiscalía cree que antes del verano de 2018 el hombre decidió la muerte de su amigo y recurrió a Muguruza. Nieva aprovechó su “conocimiento exhaustivo de la zona, los hábitos y los horarios” del concejal y preparó un lugar perfecto para tenderle una emboscada al tiempo que garantizaba una eficaz huida a los autores materiales del crimen.

Los dos compinches, Djillali Benatia y Maamar Kelii, con vínculos pasados con robos, lo intentaron primero el 1 de agosto de 2018, cuando colocaron una valla en un camino rural para interceptar al vehículo de Ardines, que era un experto pescador y se dirigía a practicar su afición, pero este la sorteó. Eso pospuso el plan hasta después de las fiestas de Llanes y evitar la afluencia de gente de fuera de la localidad. Al alba del 16 de agosto, los acusados colocaron más vallas y lograron que Ardines descendiera del coche. Entonces lo atacaron “brutalmente” con un bate de béisbol y un palo, lo rociaron con espray de pimienta y lo asfixiaron mortalmente.

Varios meses de investigación permitieron dar con Nieva como presunto muñidor de los acontecimientos, aliado con Muguruza y sus socios.

La Fiscalía les reclama asimismo una indemnización de 113.000 euros para la viuda, 30.000 para el hijo de Ardines y 25.000 para la hija, una diferencia que basa en que ella era independiente económicamente de sus padres en el momento del asesinato de su progenitor.

Las defensas de los cuatro acusados han reclamado la absolución. Benatia, quien en un principio confesó la estrategia trazada por Nieva, ha negado estas palabras “condicionadas” y ha denunciado que fue “forzado” y que careció de asesoramiento legal. El argelino ha añadido a preguntas de su letrado que los agentes se la “liaron”, le “pegaron” e “insultaron” y le hicieron declarar “lo que ellos querían”, prometiéndole que no entraría en prisión. “No aguanté la presión”, ha afirmado.

El representante de Kelii, quien se ha desmarcado del asesinato, ha sostenido que este, quien “no es un ciudadano ejemplar”, pero no un asesino, que colaboró con la justicia, que no intentó fugarse pese a haberse dirigido a Suiza por “motivos profesionales” y que la señal telefónica no es un argumento solvente. Asimismo, ha recalcado que el difunto se había granjeado odios por sus “fuertes enfrentamientos” con otros concejales, personal del Ayuntamiento y vecinos. Además, ha destacado que los análisis en el coche y en el cadáver revelaron ADN de otra mujer, Alicia Llanes.

El abogado de la familia, personada como acusación particular, ha acusado a los sospechosos de “alevosía” y “ensañamiento” y ha considerado probado que cobraron 25.000 euros por el encargo, cifra que no ha precisado la Fiscalía.

El letrado de Nieva ha defendido la inocencia de su representado y ha recordado las enemistades del edil muerto por sus infidelidades y por su actuación en política, que, entiende el letrado, le procuraron “amenazas”.

El abogado de Muguruza ha emplazado al jurado a valorar la “presunción de inocencia” y a abstraerse de lo que se diga en lugares como “la panadería”, además de considerar la falta de “testigos o cámaras” que prueben el crimen más allá de unos informes de la Guardia Civil “que van contra la física” por no haber restos biológicos incriminatorios. El jurado popular escuchará a unos 40 testigos y peritos durante las 19 sesiones previstas para esclarecer quién mató a aquel concejal que salía a pescar a las seis de la mañana.