Procesado el equipo de Rita Barberá por blanquear dinero para la campaña de 2015
El magistrado aprecia indicios de delito en 49 exconcejales y exasesores del PP en Valencia y en el propio partido de la ciudad
El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Taula, dictó ayer auto de procesamiento contra 49 exconcejales y asesores de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá [fallecida en 2016], del PP, acusados de un delito de blanqueo de capitales en lo que se conoce popularmente como pitufeo. Ediles y asesores del grupo municipal del PP recibieron presuntamente dinero negro del partido (1.000 euros cada u...
El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Taula, dictó ayer auto de procesamiento contra 49 exconcejales y asesores de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá [fallecida en 2016], del PP, acusados de un delito de blanqueo de capitales en lo que se conoce popularmente como pitufeo. Ediles y asesores del grupo municipal del PP recibieron presuntamente dinero negro del partido (1.000 euros cada uno de ellos) y lo blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta del partido para sufragar las elecciones locales de 2015.
Esos 1.000 euros se ingresaban como donativo en la cuenta que gestionaba la secretaria del grupo municipal, María del Carmen García Fuster, que administraba esos recursos, y luego eran devueltos presuntamente en dos billetes de 500, procedentes de dinero negro supuestamente “recaudado” por el que fuera vicealcalde y mano derecha de Barberá, Alfonso Grau (hoy en prisión por el caso Azud que investiga un posible delito de corrupción urbanística en Valencia), según el auto. De esta forma quedaba blanqueado.
El magistrado también aprecia indicios de delito en la actuación del propio PP de la ciudad como persona jurídica en el delito de blanqueo, aunque esa actividad fuera “opaca, aparentemente a la estructura nacional” del partido y la llevaran a cabo “pocas personas en el círculo más estrecho de confianza de la entonces alcaldesa”, tal y como recoge la resolución, que puede ser recurrida, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). También se decretó el archivo de la causa contra dos antiguos ediles —María José Alcón y Emilio del Toro—, porque han fallecido durante la instrucción, y el sobreseimiento provisional a otros cinco investigados. Además reabre la investigación por estos mismos hechos contra el exedil de Valencia Miquel Domínguez, luego diputado autonómico y, por tanto, aforado.
El auto expone además los indicios de delito de malversación apreciados tras la instrucción en la actuación de uno de los investigados, Alfonso Grau, en la campaña municipal de 2007, así como de este y otra concejal, María del Carmen García Fuster, por cohecho pasivo impropio y blanqueo, respectivamente, en relación a la campaña de 2011.
De la investigación realizada, se desprende “de un modo diáfano” que en el periodo analizado el PP de la ciudad de Valencia ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos “muy superior a la establecida legalmente”, y muy especialmente en la de 2007, y lo hizo mediante procedimientos “clandestinos” de financiación que vulneraban los límites de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, así como la Ley de Financiación de Partidos Políticos, según apunta el auto.
La causa ha investigado los comicios municipales de 2007, 2011 y 2015, elecciones estas últimas por las que procesa por blanqueo a 17 ediles de Rita Barberá: Ana María Albert; Vicente Aleixandre; Mayrén Beneyto; Lourdes Bernal; Félix Crespo; Cristóbal Grau; Vicente Igual; Juan Vicente Jurado; Francisco Lledó; Alberto Mendoza; Alfonso Novo; María Jesús Puchalt; Maria Àngels Ramón-Llin; Ramón Isidro Sanchis; Juan Eduardo Santón; Silvestre Senent y Beatriz Simón.
La investigación se inició con la aportación de documentación en Fiscalía por parte de un exasesor de Grau que había trabajado en Laterne, la primera de las empresas implicadas. De estos documentos, se desprenden indicios de que, a través de terceras empresas, todas ellas vinculadas contractual y económicamente con el Ayuntamiento, Grau pudo obtener ingresos y dádivas.
El instructor da 20 días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten el archivo o apertura de juicio y presenten escrito de acusación.
Presunción de inocencia y recurso
El PPCV emitió ayer un comunicado en el que, primero, apela a ”la presunción de inocencia”. Segundo, manifesta “el máximo respeto al auto judicial” y recuerda que el auto “es susceptible de recurso” y, por tanto, la resolución no es firme. Y por último, señala que aplicará sus estatuos, sin concretar nada más. La actual portavoz muncipal y número dos del PP valenciano, María José Catalá, recibió una gran ovación al recordar la figura de Rita Barberá en la plaza de toros de la reciente convención del PP en Valencia.