Las placas solares para la luz de inmigrantes temporeros que desmanteló la policía local

Omar Faruk se quedó de piedra cuando el pasado 11 de junio varios electricistas y policías locales de Lucena del Puerto (Huelva) se incautaron de las seis placas solares que daban luz a su oscura chabola en mitad de un pinar. “Eran para poder ver por la noche sin velas y para cargar el móvil. Nadie me explicó qué había pasado para retirarlas”, relata este inmigrante maliense de 39 años y con tres hijos en su país. El Ayuntamiento estimó que las placas eran una construcción permanente en un monte público, además de un riesgo potencial de incendio, y las requisó para guardarlas en el depósito mu...

Omar Faruk se quedó de piedra cuando el pasado 11 de junio varios electricistas y policías locales de Lucena del Puerto (Huelva) se incautaron de las seis placas solares que daban luz a su oscura chabola en mitad de un pinar. “Eran para poder ver por la noche sin velas y para cargar el móvil. Nadie me explicó qué había pasado para retirarlas”, relata este inmigrante maliense de 39 años y con tres hijos en su país. El Ayuntamiento estimó que las placas eran una construcción permanente en un monte público, además de un riesgo potencial de incendio, y las requisó para guardarlas en el depósito municipal, donde permanecen cuatro meses después.

La instalación se llevó a cabo tras la donación solidaria de 800 consumidores británicos, que dieron 30.000 euros en una colecta pública realizada a través de la ONG Ethical Consumer, para mejorar las pésimas condiciones de vida de los inmigrantes que recogen los frutos rojos vendidos y muy apreciados en los supermercados del Reino Unido.

Hace un año y medio, el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, Philip Alston, visitó en Lepe un campamento similar al de Faruk y puso el dedo en la llaga de la miseria que empapa estos refugios en Huelva y Almería con miles de braceros que se desloman en los invernaderos por seis euros y medio la hora. “Viven como animales (…) Sus condiciones compiten con las peores que he visto en cualquier parte del mundo”, denunció el relator.

Las seis placas se instalaron en junio de 2020 en el asentamiento chabolista de la Laguna del Rayo, a tres kilómetros de Lucena del Puerto, y dieron luz a los braceros subsaharianos durante un año, hasta que el Ayuntamiento las retiró. Ahora que la campaña de recogida de bayas aún no ha empezado, la mayoría de chozas —hechas con palés de madera y plásticos de los invernaderos— están vacías y dos placas solares sobreviven en mitad del campamento, sin apenas vida.

“Los gobiernos local y regional han fracasado al proporcionar condiciones de vida dignas a estas personas, y en vez de ayudarles de manera activa, el Ayuntamiento no muestra compasión y retira derechos básicos como la electricidad. Es difícil de creer”, comenta por teléfono Jasmine Owens, redactora de la revista de la ONG británica. “Es evidente que las placas son mucho más seguras que las velas como riesgo potencial para incendios”, añade. Esta ONG transfirió el dinero al Colectivo de Trabajadores Africanos y al sindicato andaluz SAT, en contacto con inmigrantes, que pagó 6.185 euros por las placas a la empresa Geesol Renovables, además de comprar comida y productos de higiene.

El alcalde de Lucena del Puerto (3.126 habitantes) desde 2007, Manuel Mora (independiente), defiende que estaba obligado a retirar la instalación eléctrica con seis placas y 12 acumuladores de energía, al estar en un monte público: “Están en terrenos forestales y hay una legislación que nos ampara y nos obliga. ¿Quién es el SAT para disponer de esos bienes públicos o degradar el espacio natural? La labor humanitaria no puede sobrepasar la ley”. Y remacha: “Yo aplico la ley, no me he inventado nada. ¿Es impopular? Claro”.

Antes de la decisión del regidor, el Seprona de la Guardia Civil emitió un atestado en el que denunciaba la construcción de las placas sobre viguetas de hormigón y un cuarto anexo con las baterías. Meses después, los agentes medioambientales de la Junta censuraron tras su visita “el riesgo de incendio provocado por dicha instalación, al igual que existe un mayor riesgo de incendios debido al propio asentamiento de inmigrantes que vive en esa zona de chabolas, en terrenos forestales del monte público Madrona y Valpajoso”, reza su informe. Todos los años hay fuegos en los campamentos de Andalucía, debido principalmente a chispas o descuidos con las hogueras para cocinar y las velas para alumbrar.

La Guardia Civil denunció la instalación eléctrica ante el Juzgado de Instrucción 2 de Moguer por un posible delito contra la ordenación del territorio, pero tanto la Fiscalía como el juez no le vieron entidad. “La obra resulta fácilmente desmontable, en especial la caseta que alberga los acumuladores”, zanjó la magistrada Ángeles Lucena, que archivó la causa. Sin embargo, la juez dejó la puerta abierta al Ayuntamiento y a la Junta andaluza para que “en el ejercicio de sus competencias adopten las medidas para la restauración de la legalidad urbanística-ambiental y la seguridad en la zona”. Y el alcalde considera que al desmantelar las placas se ha limitado a recoger el guante lanzado por la justicia.

Tras la retirada de la instalación, el sindicato SAT se querelló contra el alcalde este verano por prevaricación y daños, al estimar que el regidor adoptó una medida arbitraria sin respetar los plazos y sin incoar el procedimiento administrativo estipulado por ley, pero el juez está pendiente de resolver al respecto. “Tras instalar las placas, les hicimos el cableado y cada chabola tenía luz. Entendemos que es un robo porque no hubo aviso previo a la retirada desde el Ayuntamiento”, critica José Caballero, secretario de organización del SAT.

Mientras, ajenos a la polémica urbanística, la ONG de consumidores británicos y el sindicato de campesinos Landworkers Alliance han pedido al regidor por carta y en Change.org que devuelva las seis placas solares a los inmigrantes, de momento, sin éxito. El pasado 19 de mayo un hombre y una mujer murieron en un incendio en el asentamiento El Bosque, uno de los 13 poblados de Lucena del Puerto, donde además se calcinaron 11 infraviviendas. La cuestión que late de fondo es si el riesgo de incendios aumenta con la instalación de placas solares o con las velas que los temporeros utilizan para alumbrar de noche.

¿Una solución para paliar la miseria?

Miles de inmigrantes temporeros malviven desde hace décadas en más de un centenar de asentamientos chabolistas pegados a los invernaderos, donde recogen frutos rojos y hortalizas como mano de obra barata. ¿Tienen solución estos campamentos perpetuos en Andalucía?

La Junta concedió este verano un millón en ayudas para levantar 16 albergues en pueblos de Huelva, Jaén y Almería, entre ellos uno en Lucena del Puerto, al que destinó 299.464 euros para construir antes de 2023 instalaciones con 60 plazas para temporeros en situación de extrema necesidad. Sobre el terreno, el pasado miércoles la entrada del asentamiento de la Laguna del Rayo estaba dominada por una enorme montaña de desechos. “Con tanta basura acumulada pican mucho los mosquitos y nadie se la lleva”, se lamenta Maru Traore, maliense de 30 años y con dos hijos en su país. Traore pagó 140 euros por dos placas solares de segunda mano que le dan luz cuando se pone el sol.

A pocos kilómetros, el campamento de El Bosque esconde su vertedero al final, alejado unos 50 metros de las chozas, ubicado en una inmensa fosa con toneladas de desechos que los inmigrantes queman una vez al año, antes de Navidad, según explican. El Ayuntamiento de Lucena del Puerto, con 3,5 millones de presupuesto anual, un precario equipo de limpieza y dos guardas rurales, reconoce su impotencia para recoger a tiempo la basura que generan las casi 3.000 personas que conviven en 13 campamentos dentro de su término municipal en plena campaña de recogida de fresa.

El Ayuntamiento suele recoger la basura acumulada en cada asentamiento una vez al año, por lo que el paisaje suele ser desolador. Ante estas montañas de plásticos y residuos, desde 2016 los agentes medioambientales de la Junta han denunciado al Consistorio por vertidos incontrolados en el medio natural y ya han sido cobradas dos multas por 17.000 euros, aunque el total de sanciones impuestas supera los 100.000 euros, según el alcalde, una cifra muy alta para el exiguo presupuesto municipal. Paqui Mena, voluntaria de Cruz Roja, vive en el campamento El Bosque desde hace un año y explica que hay temporeros civilizados y otros que se niegan a recoger las basuras que arrojan. “Les insisto, pero no siempre es fácil. El alcalde me ha dado su palabra de venir a limpiar pronto”, explica esperanzada.