El juez se adentra en la implicación del PP en el espionaje del ‘caso Kitchen’

La investigación judicial sobre Kitchen, la operación parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, se adentra esta semana en una nueva fase con una batería de declaraciones de imputados que incluye a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP; a su marido Ignacio López del Hierro; y a su antiguo asesor José Luis Ortiz. ...

La investigación judicial sobre Kitchen, la operación parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, se adentra esta semana en una nueva fase con una batería de declaraciones de imputados que incluye a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP; a su marido Ignacio López del Hierro; y a su antiguo asesor José Luis Ortiz. Tras escalar hasta la cúpula del Ministerio del Interior, desde donde se dieron presuntamente las órdenes al grupo de comisarios que llevó a la práctica el despliegue irregular, el juez Manuel García-Castellón centra ahora la mirada en el seno de la formación conservadora. La Fiscalía sospecha que el encargo también partió del propio partido con el objetivo de “proteger” a sus dirigentes de las pesquisas sobre la trama Gürtel, que asolan a la fuerza política desde 2009.

—Si es así, [como usted cuenta]. ¿Se monta el asunto desde el partido, no desde el Ministerio del Interior en ese primer momento, aunque hubiera conocimiento? ¿Eso es lo que me quiere usted decir? —llegó a preguntar el magistrado el pasado 25 de noviembre a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, a quien la trama captó como confidente para seguir los pasos del extesorero.

—Señoría, no creo en las casualidades —contestó contundente el conductor.

La instrucción, abierta en la Audiencia Nacional en noviembre de 2018, ha ampliado su diana en las últimas semanas y ya señala de lleno al PP, incapaz de sacudirse de encima los escándalos de corrupción que le persiguen. La Fiscalía hace meses —desde que pidió imputar a Cospedal en septiembre de 2020— que dibuja Kitchen como una trama asentada sobre dos patas: el departamento de Interior, donde sitúa como cabecillas al exministro Jorge Fernández Díaz y a su número dos, Francisco Martínez; y el partido, con el foco apuntando directamente a la ex secretaria general. El ministerio público cree, además, que el despliegue contra Bárcenas fue un capitulo más del continuado intento de boicotear la investigación judicial de Gürtel.

Esta tesis sale reforzada tras la larga declaración como testigo del agente Manuel Morocho, que compareció ante el juez los pasados 15 y 18 de junio. El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), principal investigador de la red de corrupción liderada por Francisco Correa y que implicó a altos cargos del PP, narró durante horas cómo trataron de sabotear las pesquisas de Gürtel desde la cúpula policial y de Interior: cómo le presionaron, cómo modificaron sus informes, cómo intentaron comprarlo y cómo le apartaron de su puesto. También, cómo el magistrado Pablo Ruz, instructor del caso, temía que le estuviesen espiando y le pidió que buscara micrófonos en su despacho. Toda una serie de maniobras que se encuentra también reflejada en las agendas intervenidas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, implicado e imputado en Kitchen.

Los investigadores acumulan otros indicios que también señalan al partido. La Unidad de Asuntos Internos interceptó a Villarejo documentos sobre un supuesto proyecto, bautizado como SMP, que tenía por objetivo “evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del sumario de Gürtel”. Según el ministerio público, este fue un encargo que se llegó a plantear a la trama del comisario por parte de un “abogado encargado de la defensa de miembros del PP”, con un coste medio de 15 millones. En este sentido, el extesorero relató que el letrado Ignacio Peláez le visitó un día en la cárcel: “Y me puso por escrito que existía la posibilidad de desmontar todo el caso [...] En ese tema participaban los comisarios José Antonio González, José Luis Olivera y José Manuel Villarejo. Y para que ese tema prosperase, la cantidad que pedían no sé si eran 10 o 12 millones de euros”.

Javier Iglesias, otro abogado próximo al PP también vio a Bárcenas en prisión el 8 de abril de 2013. Una visita de la que estaba al tanto el Ministerio del Interior, según las agendas de Villarejo. Dos días antes, el comisario apunta un supuesto contacto con Francisco Martínez sobre “varias llamadas sobre cita Igles[ias] con Barc[enas] el lunes en prisión”. De seguido, añade: “Dice que Min [supuestamente, ministro] habló con Raj [Rajoy] y todo es ok”. El exsenador Javier Sánchez Lázaro, amigo del extesorero, también acudió a la cárcel a verlo y, según Bárcenas, le aseguró que había dirigentes del PP dispuestos a pagar para que no tirara de la manta. La Fiscalía ha pedido la declaración como testigo de Lázaro, pero el magistrado la ha denegado.

Desfile de imputados

José Luis Olivera. El calendario fijado por García-Castellón comienza este lunes con el interrogatorio al comisario Olivera, jefe de la UDEF hasta 2012 y posterior responsable del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), que después se renombraría como Citco. Un cargo del que salió en 2018, cesado por el actual Gobierno; y que anticiparía su salto a la Federación Española de Fútbol, donde ejerce actualmente como asesor. El juez lo imputó tras la declaración de Morocho, que lo señaló como la persona que trató de comprarlo en 2013 ofreciéndole un puesto mejor remunerado.

Muy cercano a Villarejo, el sumario acumula más indicios contra Olivera: por ejemplo, varios audios donde se escucha a ambos hablando sobre Kitchen. En ese sentido, según mantiene la Fiscalía, el actual asesor de la Federación estaba al tanto de la operación de espionaje y mantenía una larga alianza con el principal sospechoso de esta macrosumario. Es más, añade el ministerio público, él era la presunta fuente que facilitó datos confidenciales a Villarejo para que este se los suministrase después a Cospedal sobre investigaciones que afectaban al PP y se encontraban bajo secreto de sumario.

Las agendas de Villarejo también rebosan referencias a Olivera. Entre otras, el comisario jubilado apunta un presunto contacto con el exjefe de la UDEF el 22 de abril de 2012, cuando el partido todavía protegía a un Bárcenas que no había tirado aún de la manta: “Le piden ayuda para salvar al tesorero”, anota. “[Eugenio Pino, máximo mando policial del Cuerpo], le pide ayudar a tope a Bárcenas”, apunta también otro día.

María Dolores de Cospedal. Los presuntos vínculos con Kitchen de la ex secretaria general del PP, que declara como imputada el martes, se han multiplicado a medida que han avanzado las pesquisas. La Fiscalía destaca un primer audio donde ella y su marido conversan en 2009 con Villarejo durante una reunión en la sede del parido, y le ofrecen “la ejecución de encargos puntuales que serían sufragados con fondos” de la formación. Una relación que se intensificaría durante los años siguientes y se prolongaría hasta poco antes del arresto del comisario jubilado en noviembre de 2017, según se desprende también de sus agendas, que recoge supuestas conversaciones con López del Hierro y la política.

El 3 de noviembre de 2016, víspera de la toma de posesión de Cospedal como ministra de Defensa, Villarejo escribe en uno de sus cuadernos: “Contesta mi SMS con otro muy afectuoso. Le aviso del café con ILH [iniciales de Ignacio López del Hierro]”. Poco antes de su detención, también anota: “MD: vernos 15h. Vips. Velázquez. Lista. Estuvo muy correcta y nos veremos en directo”. En sus agendas, el comisario se refiere a ella como “Cospe” o “MD”.

Aunque los apuntes más comprometedoras se producen en pleno boicot a las pesquisas de Gürtel: “Charla breve. MD agradeció aviso de Barc.”, anotó en abril de 2012. “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”, escribió el comisario el 6 de diciembre de 2012 sobre los supuestos “pagos pendientes” de Cospedal, solo tres días después de que llegara a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria con la información de las cuentas en Suiza del extesorero.

Tres figuras, además, conectan a la también exministra de Defensa con Kitchen: el comisario Andrés Gómez Gordo, su asesor cuando ocupó la presidencia de Castilla-La Mancha y hombre clave en la captación del chófer como confidente; José Luis Ortiz, su jefe de gabinete durante años y, según las agendas, un habitual interlocutor con Villarejo; e Ignacio López del Hierro.

Ignacio López del Hierro. El sumario incluye varias grabaciones entre el marido de Cospedal y Villarejo, donde el comisario se refiere a López del Hierro como intermediario con la política. Citado este miércoles como imputado, la Fiscalía lo considera un transmisor de las órdenes de su mujer. “Él se encarga de hablar con Andrés [Gómez] Gordo”, escribe el comisario en sus agendas, a las que el magistrado y la Fiscalía dan credibilidad.

Según el juez, la importancia de estos cuadernos “radica, especialmente, en su virtualidad para reflejar datos de los que se tiene noticia a través de otras diligencias de investigación”: “Su exposición ordenada de forma sucesiva permite conformar un cronograma temporal de determinados acontecimientos y coadyuvan a situar en una concreta fecha los incidentes más relevantes que tuvieron lugar en el desarrollo de la llamada Operación Kitchen”, dice el instructor.

José Luis Ortiz. Citado también a declarar el miércoles, este jefe de gabinete de Cospedal ha irrumpido en la última fase de la investigación. Aunque su nombre ya aparecía en las primeras agendas incautadas a Villarejo en 2017, donde se le menciona como “JL” u “Orti”, el hallazgo el pasado octubre de otras 13 libretas lo ha colocado en la picota. Estos cuadernos abarcan el periodo de Kitchen y su presencia es constante. Así, por ejemplo, el 8 de enero de 2013, el comisario jubilado escribe junto a las siglas de López del Hierro: “Propone que llame a JL, aunque él recordará a [Cospedal] la conveniencia de vernos lo antes posible”. El 15 de enero añade junto a la palabra Orti: “Aviso de que todo va según lo previsto. Se encarga de transmitirlo a Cospe”.

También se le menciona al tratar el boicot a Morocho: ”Aviso de problemas sobre el último informe de Moroc.”. “Esta dación de cuenta de Villarejo al que fuera jefe de gabinete de la presidenta de una comunidad autónoma carece de toda lógica y sería conveniente que se recabara declaración a Ortiz sobre su participación en la trama”, resume el juez en el auto donde lo imputa.

José Manuel Villarejo. El comisario vuelve a declarar a la Audiencia Nacional. Su interrogatorio estaba fijado para el jueves, pero finalmente se ha retrasado al viernes. “Eso de que voy a huir es mentira”, dijo el pasado 3 de marzo, al salir de la cárcel de Estremera (Madrid), donde permanecía en prisión provisional. Desde entonces ha mantenido un perfil discreto y ha evitado a los periodistas. Su última intervención pública se produjo el pasado 27 de mayo, cuando acudió a la comisión de investigación del Congreso sobre Kitchen.

Francisco Martínez. La declaración del ex secretario de Estado de Seguridad, prevista para el jueves, también se ha pospuesto. En su caso, hasta el 12 de julio, según un escrito dictado por el juez. Tras negarse a responder en dos ocasiones a las preguntas de los investigadores, Martínez admitió a la tercera que conocía la existencia de la operación de espionaje a Bárcenas, aunque afirmó que creía que todo era legal. Además, apuntó al exministro Fernández Díaz, de quien dijo que también estaba al tanto.

El ex número dos de Interior sale muy mal parado de las agendas de Villarejo. Su nombre aparece tanto que hasta el juez muestra su sorpresa en sus resoluciones: “Llama la atención, de la lectura [de las agendas], la fluida relación que se aprecia entre Villarejo y Martínez, aun antes de que este fuese nombrado secretario de Estado de Seguridad el 11 de enero de 2013”.