Casado quiere recurrir los indultos, pero los juristas creen que carece de legitimación

El anuncio del indulto a los líderes del procés ha abierto un nuevo frente de debate en la comunidad jurídica, en este caso a propósito de quién o quiénes, y en qué circunstancias, podrían interponer un recurso contra dicha decisión ante el Supremo, por tener una clara causa de legitimación y reunir los requisitos exigibles. Es decir, quién puede actuar ante la Sala de lo Contencioso para oponerse a las medidas de gracia, como es...

El anuncio del indulto a los líderes del procés ha abierto un nuevo frente de debate en la comunidad jurídica, en este caso a propósito de quién o quiénes, y en qué circunstancias, podrían interponer un recurso contra dicha decisión ante el Supremo, por tener una clara causa de legitimación y reunir los requisitos exigibles. Es decir, quién puede actuar ante la Sala de lo Contencioso para oponerse a las medidas de gracia, como es la voluntad que ha manifestado este mismo martes el líder del PP, Pablo Casado. La iniciativa del dirigente popular puede tener, a juicio de diversos juristas consultados, serias dificultades para ser admitida, principalmente porque su partido no ha sido parte en el proceso penal seguido contra los dirigentes independentistas.

“Quiero anunciar que voy a solicitar la legitimación para presentar un recurso contra los indultos concedidos a los presos secesionistas. Lo digo porque creo que somos parte afectada”, ha señalado Casado la mañana de este martes en una entrevista en Onda Cero. “Después de conocerse la semana pasada que un juez, tras haber valorado un informe de la Guardia Civil, tomó declaración a unos CDR que reconocieron que investigaban a personas del PP, entre ellos a mí, para atentar contra ellos, creo que podemos decir que si los CDR son la continuación del 1 de octubre, que reportaban sus acciones al presidente de la Generalitat, podemos decir que somos parte perjudicada”, ha argumentado.

Fermín Morales Prats, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autómoma de Barcelona, destaca que la argumentación del líder del PP para comparecer como perjudicado y oponerse a los indultos ante el Supremo puede tener algún fundamento, pero parece “débil”. Al respecto del hecho de que la Guardia Civil haya realizado informes en los que se afirma que los CDR buscaron reunir información sobre el líder del PP, lo que le había colocado en una situación de posible riesgo, Fermín Morales explica que los CDR no son parte en los expedientes de indulto ni tienen en primera instancia un punto de conexión con la tramitación de las solicitudes de las medidas de gracia.

La falta de conexión entre los hechos investigados y juzgados por el Supremo, y los que ha indagado la Guardia Civil en otro proceso penal —explica Fermín Morales— es lo que debilita claramente la pretensión del líder del PP. Es de la misma opinión Marc Molins, penalista, doctor en Derecho y socio fundador de Molins&Parés, para quien Casado estaría confundiendo su “eventual persecución, si fuera cierta, por parte de los CDR, con lo que fue objeto del procedimiento penal”. Sin embargo, añade Molins, “no se trata de las mismas personas, ni de los mismos hechos, y no existe una vinculación esencial con lo que se juzgó en el Supremo”.

Molins añade que el dato clave para entender que Pablo Casado no fue víctima de los hechos que se juzgaron es que “nadie dio trámite para que se manifestara como tal”. Es decir, nadie pidió, por ejemplo, que fuera citado para declarar durante la instrucción del sumario o durante el juicio oral en la Sala Penal del Supremo. Vox, en cambio, sí participó en ambas fases de la causa, y esa es la diferencia sustancial por la que ahora podrá tratar de actuar ante la Sala de lo Contencioso del alto tribunal contra los decretos de indulto, porque puede alegar que tiene la condición de afectado por la medida.

Sin embargo, Molins considera que el recurso no prosperará, porque la jurisprudencia del Supremo ha anulado algún indulto en el que el Gobierno no justificó las razones de la medida de gracia acordada, pero da por supuesto que en este caso las resoluciones del Consejo de Ministros se habrán argumentado con detalle.

El interés público

Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional, introduce a su vez un matiz importante en el debate, al subrayar que los recursos contra el indulto pueden tener interés público, en el sentido de defender la prevalencia de la ley, y también que lo hagan precisamente representantes políticos frente a la conducta ilegal de otros representantes políticos, que fueron condenados precisamente por no respetar el ordenamiento jurídico. En todo caso, Vidal admite que la razón dada por Casado en el sentido de que los CDR lo quisieron controlar y lo vigilaron, es “más forzada” que la pretensión del líder de la oposición de defender “el respeto al Estado de derecho”.

Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y vicepresidente de la Fundación Alternativas, considera a su vez que no existe un “interés legítimo” que pueda alegar el PP para oponerse a los indultos. López Garrido se remite a la ley de lo contencioso administrativo sobre quiénes están legitimados para recurrir contra los actos administrativos. “La ley habla de derecho o interés legítimo, que en su caso sí podría alegar Vox, por haber actuado como acción popular, cosa que no hizo el PP”. En cuanto a la alusión a los CDR, añade que “los que fueron juzgados y estaban en prisión no son los miembros de esos grupos”.

La misma dificultad insalvable describe Emilio Zegrí, penalista, director del despacho Zegrí/De Olivar, para quien es claro que los dirigentes el PP “no pueden ser parte en este asunto, porque no lo han sido en el procedimiento judicial previo, ni como acusación particular ni como acción popular”. Vox, en cambio, “puede pretenderlo, porque sí tomó parte en él”.

Carlos Carrizosa, abogado en ejercicio al tiempo que portavoz de Cs en el Parlamento catalán, considera a su vez que los diputados de su grupo tendrían un motivo de legitimación más claro que Casado y el PP para recurrir los indultos ante el Supremo: que el Constitucional avalara la queja que presentaron frente a la aprobación de las leyes de desconexión en la Cámara catalana, los días 6 y 7 de septiembre de 2017, apenas tres semanas antes del referéndum ilegal del 1-O. Carrizosa afirma que “esos hechos nos convirtieron en víctimas de los planes independentistas, lo cual a su vez nos proporciona claramente la condición de afectados por las acciones de los líderes del procés, por las que estos fueron condenados a penas de las que ahora son indultados”. Por ello, añade, “tenemos una causa de legitimación que vamos a esgrimir”.