El Gobierno reafirma su rechazo a un referéndum en Cataluña como respuesta a la protesta de Colón

La carta donde Oriol Junqueras legitima los indultos y cuestiona la vía unilateral para obtener la independencia ha alterado la estrategia de los grandes partidos en una semana crucial en la que el PP se cita con Vox y Ciudadanos en otra marcha en la plaza de Colón. El partido de Pablo Casado insinúa que el Gob...

La carta donde Oriol Junqueras legitima los indultos y cuestiona la vía unilateral para obtener la independencia ha alterado la estrategia de los grandes partidos en una semana crucial en la que el PP se cita con Vox y Ciudadanos en otra marcha en la plaza de Colón. El partido de Pablo Casado insinúa que el Gobierno sería permisivo con un referéndum de autodeterminación, la solución que los soberanistas proponen para la crisis. Un escenario que el Ejecutivo rechaza sin matices, como siempre ha hecho. “Nuestra posición siempre ha sido muy clara, todos los españoles saben cuáles son los límites sobre los que se mueve el Gobierno y el que mencionan [el referéndum] es uno de ellos. Lo hemos expresado con absoluta claridad y lo conocen todos los interlocutores”, sentenció este martes la ministra portavoz y responsable de Hacienda, María Jesús Montero.

El PP recrudeció las críticas contra los indultos pero fue más lejos, al acusar a Pedro Sánchez de “asumir”, según su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, la amnistía de los líderes independentistas y un referéndum pactado. Y ello por más que el Ejecutivo niegue tajantemente ambas cuestiones. Gamarra trasladó que, si bien no piensa eso del PSOE, sí cree que “Sánchez es capaz de cualquier cosa y lo está demostrando”. “Si es capaz de seguir adelante con unos indultos con los que busca única y exclusivamente su permanencia en La Moncloa, tenemos muchos motivos para creer que es capaz de cualquier cosa”, aseveró.

Las fuentes gubernamentales consultadas creen que las insinuaciones del PP sobre su aceptación de un referéndum responden al giro emprendido por ERC, que según La Moncloa allana su apuesta por la medida de gracia pese al rechazo social que suscitan, y a la incomodidad creciente en Génova conforme se acerca la convocatoria del domingo en la que coincidirá con la ultraderecha.

Las llamadas al diálogo y el reencuentro del Ejecutivo, donde no disimulan el alivio que les produjo el escrito de Junqueras, no desembocarán, insisten media docena de ministros preguntados, en un referéndum. La opción preferente del independentismo tras el desafío secesionista de 2017 no cuenta por lo tanto con ninguna opción de producirse, zanjan en el Ejecutivo. Sobre una vía a la escocesa, José Luis Ábalos ya recalcó el lunes que el Gobierno “no está por ese referéndum, sino por la integridad territorial de España”. “El marco que defienden [los independentistas] debe estar dentro de la legalidad. No pedimos que renuncien a lo que piensan, sino que lo defiendan por la vía de la legalidad”, les emplazó.

Oposición de Sánchez a un referéndum

Desde que llegó a La Moncloa, en junio de 2018, Pedro Sánchez siempre ha dejado clara su oposición a que el encaje de Cataluña, dentro o fuera de España, lo decidieran los catalanes en un referéndum. Para empezar, porque se trataría de una consulta inconstitucional. Y La Moncloa no contempla en ningún caso una reforma de la Carta Magna para permitir una consulta legal.

La alternativa de una consulta legal frente a la que se produjo el 1-O ya se la planteó Quim Torra a Pedro Sánchez en la reunión que mantuvieron a finales de 2018 en el palacio de Pedralbes, en Barcelona. El entonces president entregó un documento con 21 puntos que incluía el derecho a la autodeterminación. El Gobierno dejó clara su negativa a cualquier planteamiento al margen de la Constitución. En el encuentro que ambos mantuvieron en La Moncloa en julio de ese año, un mes después de que prosperase la moción de censura contra Mariano Rajoy, Sánchez ya le recalcó a Torra que el referéndum no era una opción.

En este contexto, los ataques del PP por los indultos arreciaron. El senador Fernando Martínez Maíllo acusó al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de cometer “una profunda traición a España” con los indultos. “Es corrupción institucional”, remachó. Los planes del Gobierno colisionan con los informes desfavorables de la Fiscalía y del Tribunal Supremo. La Abogacía del Estado no se ha pronunciado sobre la conveniencia o no de otorgar una medida de gracia.

Ningún dirigente del PP ha dudado en público en la oposición firme a los indultos, a la que se sumó también el expresidente del Gobierno José María Aznar en términos casi existenciales. Aznar defiende que esta medida “sería una invitación al suicidio” para un Estado que según su criterio se está “desmembrando”, dijo en un foro del diario Expansión. Lo que sí suscita dudas es la manifestación de Colón, a la que no asistirán los tres presidentes autonómicos moderados del PP: Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), que se han escudado en cuestiones de agenda o personales. Pero la división está solo ante una concentración que incomoda al PP por la presencia de Vox, y no por el rechazo a la medida de gracia, que comparte todo el partido. Aunque no con el mismo énfasis. El PP catalán difundió la foto de una discreta mesa petitoria en la calle para recoger firmas contra los indultos, después de que EL PAÍS y otros medios informaran de que el partido en Cataluña se había puesto de perfil y no tenía previsto sacar las mesas a las calles catalanas. “En Cataluña hay casi siete millones de españoles a los que ustedes nada quieren y desprecian”, reprochó la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a los populares en el Senado.

A su vez, consciente de la crispación que los indultos han originado, el Ejecutivo también se mostró comprensivo con el rechazo ciudadano. Montero dedicó varias intervenciones en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros a justificar la medida de gracia haciendo mucha pedagogía y sin descuidar el malestar que provoca su previsible concesión incluso en el electorado progresista. “El Gobierno no es ajeno a esos sentimientos. Ha sido una situación que ha provocado una desazón, un desgarro, y todos tenemos que poner los medios necesarios porque no tiene ningún sentido dejar una herida abierta”.

El Gobierno encontró este martes dos nuevos aliados a la concesión de la medida de gracia. UGT y CC OO apoyaron los indultos para abrir un “nuevo tiempo político”. Los sindicatos consideran, en el comunicado conjunto que lanzaron, que la continuidad de los líderes independentistas en prisión es un “impedimento” para “el escenario de diálogo”.

El Gobierno insiste en que las medidas de gracia, que llegarán antes del parón del verano, serán limitadas y reversibles y que se mantendría la inhabilitación de los condenados para ejercer cargos públicos. En la práctica, esgrimen en el Ejecutivo, se acelerarán unos meses la salida de la cárcel de los beneficiados: tras llevar en algunos casos casi cuatro años en prisión, ya estarían cerca de acceder al tercer grado. “Hay que intentar el diálogo, no hay ninguna otra alternativa”, insistió Montero.