El pleno del Poder Judicial aprueba el informe que cuestiona que el Gobierno pueda ilegalizar fundaciones franquistas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este lunes su informe sobre la Ley de Memoria Democrática, que avala en líneas generales el anteproyecto del Gobierno, aunque cuestiona algunos de sus aspectos clave, como la ilegalización de las fundaciones franquistas. El informe del Poder Judicial ha salido adelante con 15 votos a favor y sei...

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este lunes su informe sobre la Ley de Memoria Democrática, que avala en líneas generales el anteproyecto del Gobierno, aunque cuestiona algunos de sus aspectos clave, como la ilegalización de las fundaciones franquistas. El informe del Poder Judicial ha salido adelante con 15 votos a favor y seis en contra. Aunque el texto ha superado los 11 votos que necesitaba para ser aprobado, seis de los vocales que han respaldado el informe han anunciado que suscribirán un voto particular concurrente en el que expondrán algunas objeciones al texto que han planteado durante el debate. Los seis que han votado en contra también presentarán un voto particular, en este caso, discrepante.

Tras más de dos horas y media de debate durante el que, según fuentes del órgano, se han rechazado cuatro enmiendas a la totalidad y varias propuestas de enmiendas parciales, la mayoría de los vocales ha dado el visto bueno a la ponencia elaborada por los consejeros Roser Bach (propuesta para el Poder Judicial por el PSOE) y Wenceslao Olea (por el PP), que cuestiona que el Gobierno pueda ilegalizar las fundaciones que hagan apología del franquismo o sancionar los actos que ensalcen la figura del dictador.

División

El borrador del informe sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática había dividido en los últimos días a los miembros del órgano de gobierno de los jueces. El texto elaborado por los consejeros Bach y Olea es el segundo intento del Poder Judicial por cumplir con el trámite preceptivo de informar sobre los proyectos de ley del Gobierno. El primero se fue al traste tras la renuncia de los dos vocales a los que se les había encargado la ponencia, el progresista Álvaro Cuesta y el conservador José Antonio Ballestero, que no consiguieron encontrar un punto de encuentro. Al final se ha logrado con un informe muy técnico, que pasa de puntillas por alguno de los aspectos que más discrepancias generan entre los vocales, aunque cuestiona aspectos importantes de la ley.

El texto ha obtenido el respaldo de 15 vocales, tanto del bloque conservador como del progresista, aunque seis de ellos —Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda (propuestos por el PSOE); el vocal Enrique Lucas (propuesto por PNV) y Vicente Guilarte (PP)— suscribirán votos particulares concurrentes. Todos han puesto ya sobre la mesa del pleno las bases de sus votos particulares con la intención de que sus argumentos se incorporaran al informe definitivo, pero la mayoría ha accedido finalmente a votar a favor del texto original, sin hacer ningún cambio, y plasmar sus propuestas en votos particulares.

Los seis que han votado en contra —José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Juan Martínez Moya (propuestos en su día por el PP) y Concepción Sáez (propuesta por IU)— también han anunciado voto particular, pero discrepante en este caso.

Ballestero y Macías han presentado un escrito que, en la práctica, era una enmienda a la totalidad del informe oficial. Estos vocales consideran que el texto del Poder Judicial debía haber sido más crítico con algunos aspectos del anteproyecto de ley, como la retirada de las ayudas públicas a las asociaciones que vayan contra la memoria democrática o la ilegalización de fundaciones franquistas. El escrito aprobado advierte de que esta propuesta pueden chocar con el derecho a la libertad ideológica, pero no la rechaza de plano, algo que sí hacen Macías y Ballestero. “El conflicto entre derechos, el límite de su ejercicio entre particulares, han de venir establecidos por los jueces y no por la Administración, en la medida en que la protección de uno puede implicar la limitación del otro”, sostienen en su voto particular, en el que también se oponen a la nulidad de las condenas franquistas que contempla la ley y reprochan que la norma aboque por investigar los crímenes del franquismo y ayudar a las familias a encontrar los restos de las víctimas.

Para estos vocales, es una “obviedad” que “las desapariciones forzosas no son un problema en España”. “Y no lo son desde hace muchos años, con la penosa excepción de los secuestros llevados a cabo por las bandas terroristas especialmente los perpetrados por ETA. Ominoso silencio que guarda el anteproyecto, por cierto, respecto de quienes se han afanado en destruir nuestra convivencia democrática a lo largo de estos años y respecto de quienes los apoyaron y de quienes los enaltecieron”, sostienen. Esta misma expresión es utilizada por otros tres vocales del bloque conservador (Fernández, Martínez Moya y Abad) en el voto particular que han suscrito de forma conjunta. Estos consejeros se oponen además a que el Valle de los Caídos se convierta en un cementerio civil, como propone el Gobierno. “No se puede declarar que un cementerio en el interior de una basílica, creada con todos los requisitos canónicos, se transforme en cementerio civil. Además, una basílica no puede dejar de serlo sin cumplir los requisitos canónicos, y menos aún por declaración legal y unilateral, pues ello sí constituiría una vulneración de la inviolabilidad de un lugar de culto”, advierten.

Por su parte, la vocal progresista Concepción Sáez ha anunciado un voto discrepante porque considera que el informe del CGPJ cuestiona aspectos de la ley que no se deberían censurarse, como la nulidad de las sentencias franquistas. Sáez defiende también la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, porque, asegura, sigue siendo “el escollo más contundente” para el reconocimiento pleno del derecho a la justicia a las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista. “En tanto estos obstáculos no se superen, es difícil que las víctimas del franquismo no sigan siendo -como afirma el profesor Clavero- víctimas por partida doble, de iniquidad y de impunidad”, apunta.

Esta propuesta fue votada durante el pleno y recibió el apoyo de tres vocales progresistas (Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda), aunque todos menos Sáez terminaron votando a favor del informe original para evitar el riesgo de que este pudiera ser sustituido por alguno de los escritos presentados por vocales conservadores, según los consejeros consultados. En el escrito presentado al pleno, Sáez defiende algunos puntos clave de la ley criticados por el Poder Judicial, como la extinción de las fundaciones que hagan apología del franquismo. “Una cosa es el derecho fundamental a la libertad de expresión (...) y otra, bien distinta, las causas de extinción de las fundaciones y las asociaciones de utilidad pública que disfrutan de un estatuto jurídico singular y privilegiado cuya única justificación es -precisamente- el servicio a un interés general. La autorización de una fundación, o su extinción por incurrir en un ilícito, son ajenas al derecho de sus patronos o sus cargos directivos a la libertad de conciencia y a la libre expresión de sus particulares opiniones”, señala.

Esta vocal tampoco comparte que el texto del Consejo considere que las sanciones a los actos de exaltación de la dictadura choquen con el derecho de reunión. “Causa perplejidad que se afirme que la redacción del precepto puede dar lugar a una tutela asimétrica entre las víctimas y el resto de las personas, porque de eso se trata precisamente, de proteger a las víctimas y sus familiares reforzadamente frente a quienes no requieren de tal amparo sencillamente porque no son víctimas”, advierte.