Otros perdones polémicos con trasfondo político

Las últimas manifestaciones del presidente del Gobierno y de varios ministros y dirigentes socialistas apuntan a que el Ejecutivo tiene prácticamente decidido indultar a los líderes independentistas condenados por el procés. No será la primera vez que un Gobierno concede una medida de gracia a políticos o a condenados por delitos graves en asuntos de Estado, aunque en pocas ocasiones el Ejecutivo ha tenido que argumentar su decisión ...

Las últimas manifestaciones del presidente del Gobierno y de varios ministros y dirigentes socialistas apuntan a que el Ejecutivo tiene prácticamente decidido indultar a los líderes independentistas condenados por el procés. No será la primera vez que un Gobierno concede una medida de gracia a políticos o a condenados por delitos graves en asuntos de Estado, aunque en pocas ocasiones el Ejecutivo ha tenido que argumentar su decisión sin contar con el apoyo ni del tribunal sentenciador ni de la Fiscalía, como ocurre en este caso. Estos son algunos de los precedentes de indultos más polémicos.

Alfonso Armada. El que fuera uno de los cabecillas del intento de golpe de Estado del 23-F fue indultado la Nochebuena de 1988. Condenado a 26 años, ocho meses y un día de reclusión mayor, había pedido la medida de gracia en cinco ocasiones, y finalmente acabó consiguiéndola por “razones de equidad” cuando llevaba más de un año ingresado en un hospital por las secuelas de una embolia. El Supremo se mostró favorable a extinguir la pena por su estado de salud y porque el exgeneral, que entonces tenía 69 años, había manifestado de forma reiterada “su lealtad a la Corona y al ordenamiento constitucional”. Según el tribunal, esta actitud permitía considerar que la pena impuesta era ya “innecesaria”.

El Gobierno de González tuvo también sobre la mesa peticiones para indultar al jefe de los golpistas, el teniente coronel Antonio Tejero, pero descartó hacerlo. Y lo rechazó en contra del criterio de la Sala de lo Militar del Supremo, que había informado a favor alegando razones de equidad e incluso de “conveniencia pública” porque la medida “contribuiría al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado”.

Barrionuevo y Vera. Como en el caso de Armada, el indulto de 10 de los 12 condenados por el secuestro de Segundo Marey en 1983 por parte de los GAL llegó en un Consejo de Ministros la víspera de Navidad, pero ya bajo el Gobierno de José María Aznar, en 1998. Entre los favorecidos con esta medida estaban el exministro del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. Ambos llevaban apenas tres meses y medio en la cárcel y también fueron indultados con el beneplácito del Supremo, que les había condenado a 10 años de cárcel. Fue el propio tribunal el que propuso que la medida de gracia fuera parcial, de dos tercios de la pena, lo que en la práctica supuso su salida de prisión al concedérseles el tercer grado.

El Consejo de Ministros justificó su decisión en el “respeto” a la opinión del tribunal, que alegó que había transcurrido mucho tiempo, 15 años, desde que se cometieron los delitos, que los autores no actuaron “con fines de carácter personal o egoísta” y que no iban a reincidir.

Gómez de Liaño… y otros 1.400 condenados. El Gobierno de Aznar se amparó en la Santa Sede y el Año Jubilar para conceder en diciembre de 2000 un paquete con 1.443 medidas de gracia entre las que se mezclaban insumisos, tres condenados por el caso Filesa y el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación y apartado de la carrera por prevaricación continuada en el caso Sogecable. La Fiscalía había informado a favor alegando la “notoria trayectoria profesional” de Liaño y un supuesto “clamor popular” que el Supremo consideró “absolutamente minoritario” en el informe que envió a Justicia desaconsejando la medida de gracia. La Sala de lo Penal consideró que no había razones “ni de justicia ni de equidad” y advirtió de que la privación definitiva del cargo del juez, que ya estaba ejecutada, no podía ser objeto de indulto. Pese a ello, el Ejecutivo abrió la puerta al exjuez a que reingresara a la carrera, aunque le prohibió volver a ejercer en la Audiencia durante 25 años.

Un año después, el Supremo anuló esta posibilidad al declarar que vulneraba la ley del indulto, pero el Tribunal de Conflictos le devolvió la condición de juez al reconocer la potestad del Gobierno para definir el alcance de la medida de gracia. No obstante, Liaño pidió una excedencia y ahora ejerce como abogado.

El banquero Alfredo Sáenz. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero indultó al consejero delegado del Banco Santander en noviembre de 2011, a punto de dejar La Moncloa tras perder las elecciones que dieron la mayoría absoluta a Mariano Rajoy. Sáenz había sido condenado a tres meses de arresto e inhabilitación para ejercer su oficio de banquero por un delito de acusación falsa y denuncia falsa cometido en 1994. La medida de gracia contó con el informe favorable de la Fiscalía y desfavorable del Tribunal Supremo, que no vio razones de justicia ni de equidad. El alto tribunal acabó anulando parte del indulto al entender que el Gobierno se “extralimitó” porque al conceder la medida de gracia canceló los antecedentes penales del banquero, una decisión con la que se le permitía seguir ejerciendo su actividad. Sáenz, no obstante, dimitió en abril de 2013, cuando el Banco de España estudiaba su cese.

Un ex alto cargo de Pujol. El Gobierno de Rajoy concedió en 2013 otro indulto con raíz política que levantó gran polvareda: el de un alto cargo de la Generalitat de la época de Jordi Pujol y un empresario, ambos militantes de Unió Democràtica, que habían sido condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos. La Audiencia de Barcelona había impuesto en 2009 cuatro años y medio de cárcel a Josep Maria Servitje, ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat, y dos años y tres meses a Víctor Manuel Lorenzo Acuña. El Ejecutivo eliminó las penas de cárcel y las cambió por una multa de 3.650 euros. Tanto la Audiencia Provincial como la Fiscalía se habían opuesto a la medida, pero el Gobierno no tuvo en cuenta sus informes.