La mayoría del Congreso respalda al Gobierno en la concesión de los indultos del ‘procés’

El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos obtendría un amplio respaldo en el Congreso si finalmente opta por la concesión de los indultos a los 12 líderes del procés condenados, nueve de ellos en prisión. Todos los partidos independentistas catalanes (ERC, Junts y PDeCAT y la CUP), los nacionalistas vascos, como PNV y EH Bildu, y otras formaciones, como Más País y Compromís, mostraron este martes su determinación a apoyar esas medidas de gracia y a su vez el intento de...

El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos obtendría un amplio respaldo en el Congreso si finalmente opta por la concesión de los indultos a los 12 líderes del procés condenados, nueve de ellos en prisión. Todos los partidos independentistas catalanes (ERC, Junts y PDeCAT y la CUP), los nacionalistas vascos, como PNV y EH Bildu, y otras formaciones, como Más País y Compromís, mostraron este martes su determinación a apoyar esas medidas de gracia y a su vez el intento de encauzar una “solución política” al problema político en Cataluña. Desde la derecha, PP, Vox y Ciudadanos rechazaron contundentemente esa posibilidad —que el Ejecutivo todavía no ha confirmado y que está pendiente primero del dictamen del Tribunal Supremo que fijó la sentencia— y anunciaron que utilizarán todos los instrumentos políticos y jurídicos a su alcance para evidenciar su protesta. Vox advirtió que llevará su movilización incluso a la calle.

En el Ejecutivo se mueven en varios frentes ante la determinación de abordar cuanto antes la concesión de los indultos a los dirigentes políticos que siguen en prisión como consecuencia de su condena por su participación en el proceso independentista catalán. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya ha enviado varios mensajes públicos sobre la “normalización” de ese sistema para insistir en la idea de que sería una actuación “natural”. Pero en el Gabinete, tanto en el ala socialista como de Unidas Podemos, y también en el PSOE, son plenamente conscientes de lo “delicado” que es este asunto y de las consecuencias electorales que podría acarrear.

Por todas esas razones, han sido precisamente los portavoces parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, respectivamente, quienes se han mostrado más cautos y cuidadosos al expresarse este martes en el Congreso sobre esa posibilidad que ya baraja el Gobierno y que está pendiente antes del dictamen del Tribunal Supremo. Lastra insistió en que el proceso para otorgar indultos está perfectamente reglado, también avisó de que su resolución aún no está tramitada ni ha llegado aún al Consejo de Ministros y evitó anticipar más comentarios.

Echenique aclaró, de entrada, que quería ser especialmente “cuidadoso” ante un tema tan delicado y se remitió a la solución que encuentre el ministro de Justicia. Eso sí, el dirigente de Podemos reafirmó la conocida posición de su formación “contra que haya líderes políticos y sociales catalanes en la cárcel” y sobre que “se retome el diálogo y se desinflame un conflicto territorial que supone tantas energías que podrían ir a reactivar la economía y al fin de la pandemia”. El portavoz parlamentario de Podemos reiteró además sobre el posicionamiento de fondo de los independentistas que se reafirman en sus tesis que “no se le puede exigir a ninguna fuerza política que renuncie a sus ideas” y enfatizó que “España no es una democracia militante”.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, también se mostró a favor de los indultos. “Si se quiere dar una vía de solución a la cuestión catalana, el primer paso es que las personas y los políticos que están presos salgan de prisión”, dijo. Esteban refrenda que se intente ahora la vía del diálogo político y se reconoció “indignado” con que en el caso de Cataluña y sobre la actuación de esos políticos independentistas se les equipare en ocasiones con un “golpe de Estado”. El PNV abogaría por aplicar más “pedagogía de concordia” a este escenario y menos respuestas a corto plazo como la anunciada por el PP, que también refrendan Vox y Ciudadanos, de presentar si se conceden los indultos un recurso ante el propio Tribunal Supremo. Esteban entiende que esa alternativa no mejorará nada y la tildó de “torpe”.

La portavoz de JuntsxCat, Miriam Nogueras, fue —como sucede últimamente— quien expresó una postura más dura e intransigente a ninguna cesión por parte de los presos independentistas y todo lo relacionado con ellos. No solo comprendió que no hayan pedido perdón y que se hayan reafirmado en que volverían a intentar poner en marcha el proceso separatista en cuanto puedan, sino que ella misma señaló que los políticos de su formación que no están presos o fuera de España lo volverán a hacer. “No hemos llegado aquí para que nadie nos perdone”, remachó Nogueras. La dirigente de Junts apuntó la cifra de 3.000 personas que considera que han sido represaliadas por sus actuaciones en Cataluña, catalogó al Estado español como “no democrático y represor” y demandó salidas políticas y dialogadas, pero para subrayar que solo pueden pasar por una ley general de amnistía, que el Gobierno rechaza, y el derecho de autodeterminación. “No se pide permiso para ejercer los derechos, los derechos se ejercen”, concluyó.

Desde EH Bildu, su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua, insistió en esa misma tesis de que además de los indultos hay que poner en marcha una solución política negociada a un problema político como el hecho de que el 52% de los votantes de las últimas elecciones catalanas se manifiesten a favor de la independencia.

Más País y Compromís

Los diputados de Más País y Compromís, Íñigo Errejón y Joan Baldoví, también valoraron la opción de los indultos como una herramienta para resolver una crisis que es política, no de orden público. Errejón sostuvo que “la solución del problema es más importante que el castigo a personas que han vulnerado el Código Penal español, pero que lo han hecho de manera pacífica”, pidió menos inmovilismo y argumentó que la concesión de indultos es algo que sucede en otros países de nuestro entorno democrático y europeo. Baldoví reclamó incluso valentía al Gobierno.

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, insistió por su parte en que los indultos, a los que no se opondrán, no son en este caso una solución política, porque dejan fuera a otras 3.000 personas que a su juicio han sido “represaliadas” desde 2014. Vehí ha cuestionado al PSOE por frenar el debate sobre la ley de amnistía y ha animado a esa formación a que la promueva porque “va a pagar el mismo precio” que si se limita a indultar a los condenados encarcelados.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, reafirmó que su partido estará en contra de los indultos, que llevarán esa medida de gracia si se da al Supremo porque entienden que persigue sortear la propia sentencia condenatoria de ese tribunal e interpretó que se convertirían “en un cobro revertido de Pedro Sánchez para pagar a los independentistas por mantenerlo en La Moncloa”. A Gamarra y al PP les da igual si esa concesión obtiene al final un amplio respaldo del Congreso porque considera que esos grupos que la puedan apoyar tienen intereses directos. El PP ha cambiado incluso una pregunta programada para este miércoles en la sesión de control sobre otro asunto para que su portavoz de Justicia interrogue directamente al ministro de Justicia sobre esa posible decisión y fije así en público y en el Congreso una posición oficial del Gobierno.

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, fue especialmente contundente al calificar esa hipotética actuación del Ejecutivo como un “desmán” más en pago “al chantaje separatista” que su formación, anunció, “combatirá en todas partes y en todos los juzgados que haga falta”. Luego añadió que también actuarán con protestas y movilizaciones en las calles. Espinosa presumió de que fue Vox con su denuncia la formación que llevó a esos políticos separatistas al banquillo del Supremo.

Edmundo Bal —ahora portavoz adjunto de Ciudadanos y en el pasado el abogado del Estado que denunció presiones del Ejecutivo ante el juicio del procés— se reconoció especialmente “preocupado” por esa posible concesión de indultos del Gobierno en contra de la Fiscalía y, sobre todo, ante la evidencia de que la mayoría de los afectados ni se han retractado y hasta han avisado de que lo volverían a intentar. Bal entiende que los indultos están en la regulación desde 1870 para corregir sentencias condenatorias exageradas o porque el escenario juzgado ha cambiado totalmente. Y no ve ahora que se den ninguna de esas dos condiciones. Cs también comprende así que esos indultos ahora serían solo “una moneda de cambio de Pedro Sánchez a sus socios de ERC” y avanzó que los recurrirían.