El uso del bable en el Parlamento de Asturias aviva el debate en el Constitucional

El Constitucional ha registrado en el pleno que celebra esta semana una intensa discusión en torno a la constitucionalidad o no del libre uso del bable en el Parlamento de Asturias. El tribunal de garantías —que ya ha sostenido en el pasado enconados debates sobre cuestiones lingüísticas— ha analizado, muy dividido, la reciente reforma del reglamento de la Cámara del Principado que permite la utilización del asturiano en las intervenciones. Esa reforma fue recurrida por Vox, y si bien el proyec...

El Constitucional ha registrado en el pleno que celebra esta semana una intensa discusión en torno a la constitucionalidad o no del libre uso del bable en el Parlamento de Asturias. El tribunal de garantías —que ya ha sostenido en el pasado enconados debates sobre cuestiones lingüísticas— ha analizado, muy dividido, la reciente reforma del reglamento de la Cámara del Principado que permite la utilización del asturiano en las intervenciones. Esa reforma fue recurrida por Vox, y si bien el proyecto inicial de sentencia llevado al pleno del Constitucional no le cerraba el paso al nuevo reglamento, la fractura interna puesta de manifiesto entre los magistrados no permite vaticinar cuál será el resultado.

La deliberación, que no ha concluido, ha permitido identificar posturas difícilmente conciliables en el pleno del Constitucional. La más favorable a la constitucionalidad del uso del bable en la Junta General o Parlamento del Principado entiende que en el reglamento ya se contemplaba la posibilidad de que los diputados interviniesen en asturiano. Esa facultad se extendería ahora a cualquier interviniente, incluidos los miembros del Gobierno de la comunidad autónoma. Y ahí es donde el recurso en discusión, que fue presentado por Vox, encuentra una grave dificultad, sobre todo para garantizar la eficacia de las labores de control del Ejecutivo, ya que no todos los diputados tienen un amplio conocimiento del bable. Este tipo de objeciones son las que comparte el segundo grupo de magistrados, renuente ante la posibilidad de que el asturiano se utilice en pie de igualdad con el castellano en la Cámara autonómica.

Para este segundo grupo de magistrados es fundamental el dato de que el bable no tiene carácter de lengua cooficial en Asturias. La reforma propuesta, por tanto, equivaldría a juicio de este sector a otorgarle con este cambio el rango de una cooficialidad hasta ahora no establecida.

Esta reserva conecta, a su vez, con algunos de los argumentos del recurso en discusión. El diputado asturiano de Vox en el Congreso, José María Figaredo, explicó al presentar la impugnación que la iniciativa se tomaba contra una disposición que permite intervenir en el Parlamento autonómico indistintamente en bable o en castellano, con lo que se confiere al asturiano “una oficialidad de facto”. Para los impulsores del recurso, por tanto, el centro del debate es que el Ejecutivo presidido por Adrián Barbón “quiere imponer el bable” no por una cuestión cultural, sino “simplemente por la cuota de poder que eso supone”, todo lo cual lleva a una deriva “regionalista y egoísta”.

A su vez, Adrián Barbón (PSOE) ha manifestado en diversas ocasiones que su proyecto pretende que la oficialidad del asturiano sea una realidad “si salen los números” para llevar a cabo la correspondiente reforma del Estatuto de Autonomía. En una entrevista en Canal 10, el presidente de Asturias dijo apostar por un modelo “amable” que sea gradual y que se construya poco a poco, generando consensos. Preguntado entonces si, una vez aprobada la oficialidad, el asturiano sería lengua vehicular en la enseñanza, afirmó que ese era otro debate y que una vez reformado el Estatuto habría que discutir cómo “aterrizar” esa oficialidad. Una primera etapa, la que se registra ahora en el Constitucional, es de incierto pronóstico.